El dolor de cabeza de las fotomultas en Valledupar

«Quien maneja en Valledupar, puede hacerlo en cualquier parte del mundo», me decía con entusiasmo mi instructor de conducción hace más de una década. En aquella época, me animaba a lanzarme a la fuerza a la glorieta de la María Mulata a las 6:00 p.m., asegurándome que, de lo contrario, podríamos quedarnos atrapados allí todo el día. Debo admitir que al principio sentía temor, pero con el tiempo me acostumbré y terminé convirtiéndome en parte del problema de movilidad de esta ciudad.

Más allá de culpar a una administración específica, la falta de inteligencia vial y de cultura ciudadana es un problema estructural que nos afecta desde hace años. Con el auge del mototaxismo y el aumento del parque automotor en una ciudad con vías insuficientes, las dificultades en movilidad y accidentalidad se han agravado, convirtiéndose en una calamidad social que ha desbordado la capacidad de respuesta de las administraciones municipales recientes.

Entre las infracciones más comunes que se cometen a diario en Valledupar están: estacionar en zonas prohibidas, transitar en contravía, circular sin la documentación exigida, realizar maniobras peligrosas, exceder los límites de velocidad, prestar servicios públicos en vehículos particulares y no respetar semáforos ni pasos peatonales.

Para contrarrestar estas prácticas, la autoridad de tránsito municipal implementó una estrategia novedosa: una serie de patrullas conocidas por la comunidad como vehículos cazainfractores, cuya función principal es imponer comparendos a quienes incumplan la norma de estacionamiento. En la práctica, estos vehículos recorren las calles de la ciudad, fotografiando autos estacionados en zonas prohibidas y registrando las infracciones en la plataforma del SIMIT.

Esta práctica, sin embargo, ha generado controversia. Si bien los agentes de tránsito han demostrado gran eficiencia al capturar imágenes de placas, no han seguido el procedimiento adecuado para imponer fotomultas, vulnerando derechos fundamentales de los conductores. A la fecha, Valledupar no cuenta con dispositivos tecnológicos aprobados por la Agencia Nacional de Seguridad Vial para la imposición de sanciones de este tipo.

Según el artículo 76 del Código Nacional de Tránsito, está prohibido detenerse, estacionarse o parar en zonas expresamente señalizadas, lo que constituye la infracción C.2 y conlleva una multa de 15 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Así, aunque un vehículo se detenga por un solo minuto en una zona con señal de Prohibido Parar, o junto a una línea amarilla continua en el andén, es susceptible de sanción. Por el contrario, ante una señal de Prohibido Estacionar, sí se permite una detención momentánea sin apagar el motor ni descender del vehículo, lo que no constituye estacionamiento.

La autoridad de tránsito, entonces, está aplicando una interpretación errónea de la norma, mezclando procedimientos legales de manera arbitraria. Aunque los agentes pueden emplear cámaras fotográficas para registrar infracciones, deben seguir un proceso reglado: confrontar al infractor, informarle de la contravención, imponerle la orden de comparendo y entregarle una copia del documento para garantizar su derecho a la defensa.

El problema radica en que los comparendos se están imponiendo desde un vehículo en marcha, sin que el agente descienda para notificarlos. Estas sanciones aparecen registradas como Control en vía apoyado en dispositivo electrónico, a pesar de que Valledupar carece de autorización para el uso de Sistemas Automáticos, Semiautomáticos y otros medios Tecnológicos (SAST), según lo exige la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

En consecuencia, el hecho de que el agente no descienda del cazainfractores para entregar una copia del comparendo a los conductores significa que el procedimiento es contrario a derecho.

Es fundamental que estas irregularidades sean tratadas primero en el proceso administrativo sancionatorio, antes de acudir a una instancia judicial para exigir el respeto de los derechos ciudadanos.

Por último, quienes somos conscientes de los problemas de movilidad en nuestra ciudad, debemos adoptar buenas prácticas que impacten positivamente el tránsito y apoyar a las autoridades en el ejercicio de controles, siempre y cuando estos sean legítimos y garanticen los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Por: Luis Alfredo Velásquez Maestre
Abogado Especialista en Derecho Administrativo
@abogluisvelasquez