Fiscalía vinculó a la senadora Martha Peralta en escándalo de la Ungrd
La Fiscalía General de la Nación ha revelado nuevos detalles sobre presuntas irregularidades en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), señalando a figuras políticas de alto perfil.
Los exdirectivos de la entidad, Olmedo López y Sneyder Pinilla, enfrentan imputaciones por presunto interés indebido en la celebración de contratos, en un caso que involucra a congresistas y exministros.
De acuerdo con la fiscal de apoyo ante la Corte Suprema de Justicia, Andrea Muñoz, entre los nombres mencionados destaca el de la senadora Martha Peralta, del partido Pacto Histórico, quien habría intervenido en un contrato de proveeduría por 2.170 millones de pesos (aproximadamente 530.000 dólares) destinado a la contratación de maquinaria amarilla y volquetas para la recuperación del municipio de Riohacha, en La Guajira.
Según la Fiscalía, el 19 de septiembre de 2023, Olmedo López sostuvo una reunión en las instalaciones de la Ungrd con la senadora Peralta y los contratistas Isaac Francisco Riscala Lozano y Jorge Riscala Muvdi, representantes de la empresa Inversiones IRL SAS, especializada en maquinaria pesada.
Durante este encuentro, presuntamente se acordó el direccionamiento del contrato para el mantenimiento de jagüelles en La Guajira. Posteriormente, el contrato fue adjudicado a Inversiones IRL SAS y sigue vigente, lo que podría implicar consecuencias legales adicionales, según los informes de El Tiempo.
Además de la senadora Peralta, la Fiscalía también vinculó al exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, en el entramado de presuntas irregularidades.
Según el ente acusador, el 4 de diciembre de 2023, Velasco habría solicitado a Olmedo López favorecer al congresista Julio Elías Chagüi mediante la adjudicación de un contrato por un valor aproximado de 35.000 millones de pesos (unos 8,5 millones de dólares).
La Fiscalía detalló que Velasco proporcionó a López el contacto del congresista Chagüi a través de un mensaje de WhatsApp enviado por Fernando Henao, asesor del entonces ministro. Dos días después, el 6 de diciembre de 2023, López y Chagüi se reunieron en un café del hotel Tequendama, en Bogotá, para concretar los detalles del contrato.
Este acuerdo, que se formalizó en enero de 2024, tenía como objetivo atender las inundaciones en el municipio de Sahagún, en el departamento de Córdoba, por un monto de 28.146 millones de pesos (aproximadamente 6,8 millones de dólares).
Ante las imputaciones, la senadora Peralta negó las acusaciones a través de su cuenta en la red social X. En su publicación, calificó las afirmaciones como “noticias falsas” y aseguró no tener investigaciones ni acusaciones en su contra por parte de la Fiscalía, la Procuraduría, la Corte Suprema de Justicia o la Contraloría.
“Esta es la matriz de desinformación contra los que apoyamos las reformas”, escribió en referencia a un video viral que la señalaba de corrupción.
Por su parte, la Fiscalía ha señalado que los contratos mencionados forman parte de una investigación más amplia sobre el manejo de recursos públicos destinados a la atención de desastres naturales y emergencias en el país.
Aunque hasta el momento no se han presentado cargos formales contra Peralta o Velasco, las declaraciones de la fiscal Muñoz sugieren que podrían enfrentarse a procesos judiciales en el futuro.
El escándalo en la Ungrd sigue creciendo en magnitud y ha puesto en el centro del debate la transparencia en el uso de recursos públicos, además de generar un impacto político significativo en el gobierno y en el Congreso de la República.
Durante la audiencia de imputación celebrada el 18 de marzo, la Fiscalía presentó pruebas que incluyen videollamadas en las que López, en compañía de Bonilla, habría instruido a Pinilla para proceder con la asignación de los contratos.
Según la versión de Pinilla, las órdenes incluían gestionar los convenios con la asesora Benavides, quien se ha convertido en testigo clave en el caso. Benavides entregó documentos que detallaban cómo los contratos estaban destinados a beneficiar a congresistas específicos, entre ellos Wadith Manzur, Liliana Bitar, Julián Peinado, Juan Pablo Gallo, Karen Manrique y Juan Diego Muñoz. Con Infobae