El virtual hundimiento de la reforma laboral abrió la caja de pandora
No fue una buena semana para el presidente. Las constantes peleas innecesarias con los alcaldes de Medellín y Bogotá, y el orden público que no da tregua, han complicado la situación. A la crisis humanitaria del Catatumbo se le suma la del cañón del Micay, donde la disidencia de Iván Mordisco hace de las suyas libremente ante la falta de presencia institucional. No es nuevo que existan zonas de nuestro territorio que estén vetadas para las autoridades o que sean un fortín para los delincuentes, pero por el rotundo fracaso de la paz total, esta problemática genera un costo político mucho mayor para este gobierno.
También se abrió un nuevo frente de disputa con Claudia López, con quien el primer mandatario parece tener una relación tóxica. Aunque los que saben del tema, opinan que esta es una estrategia de distracción, ya que la exalcaldesa podría ser la candidata de Petro para las próximas elecciones presidenciales. Indiscutiblemente, el ambiente es propicio para que Colombia, así como sucedió en México, tenga por primera vez una mujer que dirija las riendas de la nación.
Como si fuera poco, sorpresivamente, 8 de los 14 congresistas que integran la comisión séptima del Senado firmaron una ponencia de archivo que le da la estocada final a la reforma laboral que fue aprobada por la Cámara de Representantes. Este modus operandi no es nuevo, fue el mismo aplicado para hundir el año pasado la reforma a la salud. De nada sirvió que el ejecutivo se mostrara conciliador y cediera en varias de sus propuestas, logrando importantes acuerdos. Por lo visto, la relación entre el gobierno y el legislativo llegó a un punto de no retorno. Mientras que de un lado se hunden las iniciativas, la contraparte está dejando sin participación política, para decirlo de una forma sutil, a los partidos que se oponen a sus propósitos.
Pues bien, archivar la reforma laboral sería una decisión apresurada, ya que se optaría por dejar los argumentos a un lado, a nuestro pesar, la discusión, como casi siempre en nuestro país, se pasó al terreno del fanatismo político, de los intereses personales y de la lucha de clases.
Los empresarios, que con mucho esfuerzo crean puestos de trabajo, tienen serias dudas respecto a la conveniencia de una reforma de este tipo, justo cuando el mundo atraviesa una etapa de incertidumbre económica, de la cual nuestra región obviamente no escapa. Argumentan que con los cambios que se pensaban implementar, no se incentivaba la creación de nuevas vacantes, sino que, por el contrario, se ponía en riesgo una cantidad considerable de empleos formales existentes.
Es importante resaltar que el gobierno fue enfático y aclaró desde que presentó el proyecto de ley que la iniciativa no tenía como objetivo crear nuevos puestos de trabajo ni atacar la informalidad laboral, ya que estos aspectos debían ser abordados con otro tipo de medidas transversales, centrándose así exclusivamente en procurar dignificar la labor de los trabajadores que cuentan actualmente con un empleo formal.
Atendiendo el modelo económico en el que nos encontramos, no es un secreto que el objetivo primordial de la empresa privada es generar la mayor cantidad posible de rendimientos económicos, aun cuando esto implique soslayar los derechos de los trabajadores. Por lo tanto, la mayoría de los líderes de este gremio siempre tendrán recelos con las iniciativas que puedan afectar su bolsillo en pro del bien de los empleados.
En la otra cara de la moneda se encuentran los trabajadores, que día a día le dan la vida a la industria que mueve este país. En su mayoría devengan un salario mínimo y difícilmente llegan a fin de mes, por lo que, veían en la reforma una posibilidad de mejorar sus condiciones laborales y, de esta forma, contar con recursos adicionales que les permitieran aliviar un poco la pesada carga que la creciente inflación ha puesto sobre sus hombros en los últimos años.
Definitivamente hay que ser muy mezquino para no reconocer que un proyecto que pretende reivindicar los recargos nocturnos, dominicales y festivos, mejorar las condiciones de los trabajadores de las plataformas digitales, de los que suscriben interminables contratos por término definido o de las personas que se forman en el SENA, por lo menos merecía ser debatido a conciencia, desde el punto de vista técnico y de conveniencia económica. Así, serían los conceptos de expertos y no el capricho de políticos, los que tuvieran la última palabra en esta discusión. Ya no se puede seguir ocultando que como sociedad estamos en deuda con la clase trabajadora que clama por mayores ingresos para tener una mejor calidad de vida.
En este contexto, el presidente informó que retirará la reforma a la salud que tendría que ser estudiada en la ahora temida comisión séptima y, adicionalmente, amenazó con realizar la movilización popular más grande de la historia de este país. Con esto, prepararía el terreno para llevar a cabo una consulta popular para que sea el pueblo el que decida si deben implementarse cambios en los sistemas laborales y de salud.
Muchos creen que la consulta popular no tiene ninguna posibilidad de llegar a buen fin, en primera medida por la baja favorabilidad con la que cuenta el primer mandatario, sumado a los escasos 18 meses que le restan al gobierno y a que, en todo caso, esta iniciativa tendría que ser avalada por el legislativo, rama del poder público con la que el ejecutivo ha decidido, como era de esperarse, romper relaciones.
No es necesario ser adivino para anticipar que la consulta popular no prosperará (se necesitaría que más de 13 millones de ciudadanos respaldaran la iniciativa). Sin embargo, lo que no se puede pasar por alto es que el presidente ya tiene su «caballito de batalla» para las próximas elecciones. La consulta popular iniciará una campaña política en la que se invertirá una considerable suma de dinero de los contribuyentes. El derroche de recursos que nos pertenecen a todos no es una cuestión menor (la consulta costará aproximadamente 600 mil millones de pesos), especialmente cuando el ministro de Hacienda ha anunciado más recortes al presupuesto y las necesidades básicas de los más necesitados siguen sin ser atendidas cabalmente.
Vale aclarar que esta no sería la primera vez que se convoca al pueblo para participar directamente en decisiones trascendentales. El expresidente Álvaro Uribe lo intentó en 2003 a través de un referendo, y a pesar de su envidiable favorabilidad en ese entonces, solo una de las 15 preguntas sometidas a escrutinio obtuvo el porcentaje de votos requerido para su aprobación. Similar suerte corrió el plebiscito por la paz en 2016, cuyo resultado fue adverso a los intereses del gobierno de turno. Aunque logró captar la atención y el interés de la ciudadanía, la consulta popular anticorrupción de 2018 tampoco obtuvo los votos suficientes para su aprobación (en esa ocasión se invirtieron más de 300 mil millones de pesos).
Así las cosas, el presidente Petro ha decidido poner toda la carne en el asador, arriesgando la poca credibilidad que le queda. Medirá su caudal político cuando la mayoría de la población no está conforme con su gestión. Aunque el gobierno haga cuentas optimistas (aseguran que cuentan con una base de 8 millones de ciudadanos), si no se alcanza una cifra que se aproxime al umbral requerido, se materializará la derrota más grande de este proyecto progresista, la cual, tristemente, sería autoinfligida, como se ha acostumbrado en este mandato.
Es muy loable que el ejecutivo presente reformas que busquen mejorar las condiciones de la clase trabajadora. En todo caso, nada le impide al presidente desarrollar e implementar medidas que combatan la precariedad laboral que existe en las entidades públicas, en las que abundan los contratos de prestación de servicios que terminan siendo utilizados con fines burocráticos o clientelistas y como herramientas para desconocer los derechos de los trabajadores; o crear políticas de Estado que combatan de frente la informalidad en la que se encuentran atrapados una gran cantidad de personas que se encuentran en etapa productiva. En esta materia se ha fallado y no se ha asumido la responsabilidad política respectiva.
A simple vista se nota que el gobierno nacional ha encontrado una barrera inquebrantable en el Congreso de la República, lo que ha impedido la implementación de las reformas que fueron anunciadas en campaña. Sin embargo, esta circunstancia no puede ser utilizada como excusa para esquivar la responsabilidad por la falta de ejecución del presupuesto, el deficiente liderazgo y las limitaciones en lo que respecta a la administración eficiente de lo público. De nada nos sirve un presidente que sea buen orador cuando no entiende como gerenciar un país.
Por: Luís Alfredo Velásquez Maestre
Abogado Especialista en Derecho Administrativo
@abogluisvelasquez