Congresistas quieren restringir los viajes internacionales al Presidente sin la aprobación del Senado
Un proyecto de ley radicado en la Cámara de Representantes busca establecer un nuevo requisito para los viajes internacionales del presidente de la República: obtener la aprobación previa del Senado.
Esta iniciativa plantea modificar el artículo 196 de la Constitución Política, con el objetivo de regular las salidas del mandatario al exterior y garantizar un mayor control sobre los recursos públicos destinados a estas actividades.
La propuesta surgió en un entorno de cuestionamientos por los gastos asociados a los viajes internacionales del presidente Gustavo Petro, que desde su llegada al poder en agosto de 2022 hasta octubre de 2024, superaron los $7.870 millones.
“El Presidente de la República, o quien haga sus veces, no podrá trasladarse a territorio extranjero durante el ejercicio de su cargo sin previo aviso al Senado de la República o, en su receso, a la Corte Suprema de Justicia. La infracción de esta disposición implicará el abandono del cargo”, dice el texto del proyecto.
En caso de que el Congreso esté en receso, la notificación deberá hacerse a la Corte Suprema de Justicia. Además, cualquier incumplimiento de esta norma será considerado como abandono del cargo. La propuesta también establece que, durante la ausencia del mandatario, las funciones presidenciales deberán ser delegadas al ministro correspondiente, según lo estipulado por la ley.
El proyecto de ley no solo exige la autorización previa del Senado, sino que también introduce un procedimiento específico para la aprobación de los viajes. Según el documento, la autorización podrá ser votada en una sesión conjunta del Congreso o en las plenarias de cada cámara.
Sin embargo, si una de las cámaras aprueba el permiso y la otra lo rechaza, este se considera automáticamente negado. Además, al regresar al país, el presidente deberá presentar un informe detallado ante el Congreso, explicando los logros alcanzados durante su viaje.
Esta iniciativa busca reforzar la transparencia y el control sobre las actividades internacionales del jefe de Estado, especialmente en lo que respecta al uso de recursos públicos. Los gastos registrados durante los viajes del presidente Gustavo Petro han generado controversia, no solo por el monto total, sino también por la distribución de los costos.
Entre agosto de 2022 y octubre de 2024, el presidente Gustavo Petro realizó un total de 40 viajes internacionales, con un costo promedio de $196 millones por cada desplazamiento. La mayor parte de estos gastos se concentró en los primeros diez meses de 2024, período en el que el mandatario estuvo fuera del país durante 37 días.
En este lapso, los costos relacionados con transporte ascendieron a $3.105 millones, mientras que los gastos en alimentación y alojamiento alcanzaron los $24 millones (2022) y $55 millones (2024), respectivamente.
El viaje más costoso de 2024 tuvo lugar en septiembre, cuando el presidente asistió a la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York y realizó una visita a Chicago. Este desplazamiento, que se extendió por seis días, implicó un gasto total de $682 millones, lo que representó el 21% del presupuesto destinado a viajes internacionales durante ese año. Este viaje incluyó costos significativos en transporte y logística, lo que lo convirtió en el más oneroso del período analizado.
La iniciativa legislativa surgió en un momento en el que los gastos asociados a los viajes presidenciales han sido objeto de escrutinio público. Según los datos reportados, el monto total invertido en estas actividades ha generado cuestionamientos sobre la eficiencia y la necesidad de algunos desplazamientos. La propuesta de ley busca no solo regular estas salidas, sino también garantizar que los recursos públicos se utilicen de manera adecuada y que los viajes respondan a objetivos claros y medibles.
De ser aprobada, esta reforma constitucional podría establecer un precedente en la regulación de las actividades internacionales del presidente de Colombia, limitando su capacidad de decisión autónoma en este ámbito. Además, la obligación de presentar un informe detallado ante el Congreso podría aumentar la rendición de cuentas y la transparencia en la gestión de los recursos públicos.
El debate sobre esta propuesta se desarrolla en la Cámara de Representantes, donde se analizarán sus posibles implicaciones políticas y administrativas. Mientras tanto, los datos sobre los gastos presidenciales continúan alimentando la discusión pública sobre la necesidad de establecer controles más estrictos en este ámbito. Con Infobae