El Poder del Crimen

Una no tan nueva expresión gramatical enriquece el vocabulario jurídico-político contemporáneo: criminocracia, construida a partir de clásicas raices etimológicas del griego y del latín, su uso está extendido en la literatura especializada pero ausente de diccionarios autorizados, sólo la registra el Novísimo Aulete Dicionário Contemporâneo de língua portuguesa con el significado de poder do crime: el poder del crímen. Sin embargo, en un trabajo de rastreo bibliométrico sobre el poder del crimen a nivel mundial, César Niño, et alt., dan cuenta de que se encontraron 1.255 documentos, distribuidos en diferentes tipos, a lo largo de los últimos 32 años, con un crecimiento exponencial en el número de artículos durante las últimas tres décadas[1].

La tipología del fenómeno ha sido descrita de diferentes maneras, el mismo César Niño la caracteriza así:

“… la criminocracia aparece cuando un grupo criminal desmonta el orden gubernamental y suplanta a la autoridad oficial. Lo criminal se torna oficial y son delincuentes quienes, por ejemplo, están al mando de la administración pública, de las fuerzas del orden y hasta de las relaciones exteriores. En diferentes lugares de Latinoamérica, grupos criminales se apostan en las principales vías que conectan las zonas urbanas con las rurales para controlar el paso de personas, mercancías, medicinas y alimentos. Las estructuras criminales diseñan el mapa de la geopolítica latinoamericana y redefinen el espacio y el poder; no se enfrentan al Estado directamente, pero lo imitan, lo emulan y le restan soberanía.”

 Markus Schultze-Kraf, por su parte, se refiere a este tipo de interacción entre política y crimen como el establecimiento de órdenes crimilegales:

“…percibo a la crimilegalidad como un conjunto de patrones regulares de intercambio e interacción social entre el Estado y actores no estatales, públicos y privados que se sitúan en los márgenes de, o están flagrantemente en contravención a la ley establecida en un lugar y momento dado. Estos intercambios e interacciones sociales están situados en las zonas grises que se encuentran en algún lugar del continuo que se extiende desde el ámbito de la legalidad hasta el de la criminalidad. Si bien estos intercambios e interacciones pueden estar –y en realidad lo están a menudo– orientados a generar ganancias económicas privadas, individuales o colectivas, también producen legitimidad, exoneración judicial y, en última instancia, orden político y social. “[2]

Esta especie de simbiosis entre política y crimen se extiende con velocidad de pandemia por toda Amética Latina. Los estudiosos del tema registran la sustitución o el compartimiento de soberanía entre el Estado y la criminalidad en muchos de nuestros países, desde México hasta Uruguay.

El peruano Rudecindo Vega C. en una publicación del 13 de junio de 2023 escribía:

“El copamiento criminal de la política y sus organizaciones dejo de ser una simple fuente de financiamiento, se convirtió en auspiciadora de candidaturas y hoy es proveedora de candidatos de organizaciones políticas por ellas creadas, controladas o contratadas para una campaña. Los “líderes políticos” pueden confundirse con “capos” y las elecciones como espacio de lucha por el control gubernamental y territorial para sus negocios y negociados. El gobierno, no es su enemigo, puede ser “empleado” para realizar sus crímenes, destruir rivales y, protegerse de ellos y la justicia; antes que luchar contra el gobierno o huir de él es mejor ganarlo y coparlo “democráticamente”. Están en todos los niveles de gobierno: local, regional y nacional, en unas zonas más presentes que otras y desde los gobiernos buscan dirigir, controlar y copar todo. La criminocracia gobierna para sí, no para el país, es problema nacional.”[3]

César Niño[4], quizá el colombiano mejor informado sobre la criminocracia y las soberanías compartidas, anota que “El crimen organizado y las estructuras al margen de la ley han hecho de Latinoamérica un espacio para los reacomodos geopolíticos y un escenario de proyección criminal”,  y agrega:

“¿Cómo entienden los criminales el espacio, el poder y las fronteras? Al menos, no igual que los gobiernos. En Colombia, por ejemplo, estructuras como el Clan del Golfo ofrecen servicios públicos a las comunidades. El grupo criminal construye carreteras y escuelas, suministra agua potable y revisa contenidos académicos de algunos centros de educación. Además coexiste con el Estado colombiano. La población siente cierta protección por parte de los criminales  y rehúye la presencia de las instituciones estatales. Entonces, los criminales  entienden por poder las capacidades  que les permiten operar y extenderse, siempre y cuando tengan la fuerza para repeler competidores o la astucia para convencerlos de colaborar.”[5]

 La situación socio-política actual de Colombia muestra la proclividad del sistema a la institucionalización de una estructura de soberanía compartida entre el Estado y la criminalidad: El M-19 en el poder ejecutivo, las FARC en el Congreso Nacional y su hermana siamensa dominando geográfica, militar y económicamente casi todo el sur del país, Mancuso devenido “gestor de paz” compartiendo tarima con el presidente de la república, los altos tribunales de justicia asediados y amedrentados por esta coyunda delicuencial mientras el país se ahoga en un mar de coca, cuya producción será adquirida por el gobierno nacional no se sabe con qué destinación. No es difícil encasillar nuestro país en esta nueva forma de poder político.

[1] Revista Científica General José María Córdova Bogotá D.C., Colombia Volumen 21, número 43, julio-septiembre 2023, p. 580

[2] SCHULTZE-KRAF, Markus. Órdenes crimilegales: repensando el poder político del crimen organizado.

Disponible en: https://www.redalyc.org/journal/509/50945652002/html/

[3] En Otra Mirada. Disponible en:https://otramirada.pe/gobierno-y-criminocracia-otro-gran-problema-nacional

[4] César Niño es profesor asociado e investigador en relaciones internacionales de la Universidad de la Salle (Colombia). Sus áreas de investigación incluyen seguridad internacional, conflictos, terrorismo, violencia, paz y cri anota men organizado. Es doctor en Derecho Internacional por la Universidad Alfonso X el Sabio (España) y actualmente es estudiante de doctorado en Estudios Internacionales de Paz, Conflictos y Desarrollo en la Universitat Jaume I (España).

[5] NIÑO, César. El orden criminal en Latinoamérica. Foreign Affairs Latinoamérica, Vol. 24 Núm. 3, pág. 2-6.

Disponible en: www.fal.itam.mx

Por: LUÍS OROZCO CÓRDOBA