EE.UU., la UE y 38 países emiten una declaración sobre la situación poselectoral en Venezuela
El Gobierno estadounidense, junto con representantes de 38 países pertenecientes a Europa y América Latina más la Unión Europea (UE), emitió este jueves una declaración conjunta sobre la situación poselectoral en Venezuela, acordada tras una reunión al margen del 79.º período ordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, informó el Departamento de Estado de los EE.UU.
En el documento, los firmantes –entre los que no se encuentran actores como Brasil, Colombia o México– alertan sobre lo que califican de «graves preocupaciones sobre la urgente situación en Venezuela» relativas al contexto poselectoral, con énfasis en la ausencia de publicación de resultados electorales detallados por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE).
«Han transcurrido casi dos meses desde las elecciones y los reclamos de transparencia electoral, tanto de los venezolanos como de la comunidad internacional, siguen sin recibir respuesta», alega el texto, en el que también se alude a supuestas irregularidades relativas a «la transparencia e integridad del proceso» que habrían sido detectadas por «observadores electorales internacionales», sin precisar cuáles.
Derechos humanos
Del mismo modo, se acusa a Caracas, sin ofrecer datos verificables o pruebas, de haber cometido «abusos y violaciones a los derechos humanos» tras los comicios, que incluirían «arrestos y detenciones arbitrarias», «muertes», menoscabo de los procesos judiciales y «tácticas de intimidación contra la oposición democrática y otros miembros de la sociedad civil».
«Exigimos la liberación inmediata de las personas detenidas arbitrariamente sin respetar las garantías de un juicio justo. Es fundamental que se permita a los venezolanos expresar sus opiniones políticas de manera pacífica, incluso mediante el ejercicio de la libertad de reunión y expresión pacíficas, sin temor a represalias», demandaron.
A contrapelo de estas aseveraciones, el Ministerio Público venezolano contabilizó 27 asesinatos en el marco de protestas violentas poselectorales y numerosos daños materiales. De acuerdo a las pesquisas, los hechos se atribuyeron a grupos de choque vinculados con el ala extremista de la oposición que lideran María Corina Machado y Edmundo González Urrutia.
Adicionalmente, el Ejecutivo comunicó la detención de mercenarios de nacionalidades estadounidense, española y checa, quienes habrían ingresado al país con el objetivo de perpetrar sabotajes y atentar contra las altas autoridades nacionales, procurando concretar una estrategia de ‘cambio de régimen’ por medios violentos.
González Urrutia
El pronunciamiento asegura que se emitió una orden de captura contra el excandidato Edmundo González Urrutia «en el contexto de la violenta represión contra miembros de la oposición», que, de acuerdo con esta versión, habría sido obligado «a abandonar el país».
Esto contradice lo afirmado por el propio González Urrutia en una carta que suscribiera conjuntamente con el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, en la que manifiestaba su deseo de marcharse en aras de la concordia nacional y ponía de manifiesto sus condiciones para hacerlo.
Asimismo, las representaciones diplomáticas de España y Países Bajos en Venezuela aseveraron que el político venezolano expresó su voluntad de marcharse y el canciller español, José Manuel Albares, dijo a la prensa que la solicitud de asilo se estaba tramitando a pedido de González Urrutia. Además, desde Ámsterdam precisaron que González Urrutia se encontraba alojado en su legación desde el 29 de julio, cuando no pesaba ninguna orden de captura en su contra.
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Por otro lado, Washington y la treintena de países que lo acompañaron en la declaración proclaman al exabanderado opositor como eventual ganador de la contienda «según los registros electorales disponibles públicamente».
El reconocimiento se produjo a pesar de que la veracidad de ese material ha sido cuestionada por diversos actores, su publicación en un portal web extraoficial carece de validez legal y los promotores de su supuesto triunfo no lo consignaron ante los órganos competentes.
Otros actores como el Europarlamento y el Congreso español han imitado este proceder y han solicitado el reconocimiento de González Urrutia como «presidente electo» de Venezuela, lo que ha generado reclamos de Venezuela, al considerar que, amén de desconocer la institucionalidad local, estos actos constituyen injerencias inaceptables en sus asuntos internos.
Al margen de las alegaciones venezolanas, EE.UU., la UE y 38 países instaron a «los líderes políticos venezolanos» a iniciar «debates constructivos e inclusivos sobre una transición con garantías para ambas partes para resolver el ‘impasse’ político del país».
Golpe y terrorismo
Desde finales del pasado julio, el Gobierno venezolano ha acusado a EE.UU. de orquestar planes conspirativos para deponer al presidente Nicolás Maduro por medio de señalamientos infundados sobre las elecciones y denuncias falsas de violaciones a los derechos humanos.
En este marco, la oposición encabezada por Machado y González Urrutia habría ejecutado un «un formato de la CIA diseñado en EE.UU» que contempla una alianza con «elementos de la delincuencia organizada» para desatar protestas violentas con fines sediciosos, sostuvo el canciller Yván Gil.
En medio de la crispación, Washington impuso sanciones contra 16 funcionarios venezolanos, lo que fue calificado como un «crimen de agresión» y, más recientemente, el mandatario venezolano exhibió ante las cámaras un fusil de asalto de factura estadounidense que aparentemente sería utilizado para «ataques terroristas», que estarían siendo organizados por la Agencia Central de Inteligencia de ese país (CIA) y el Centro Nacional de Inteligencia de España.
El pasado 22 de agosto, el Tribunal Supremo de Justicia ratificó la victoria de Maduro en las elecciones presidenciales del pasado julio, al constatar en un peritaje solicitado por el mandatario, que los resultados empleados por el CNE para anunciar el ganador de la contienda carecían de vicios. En esa ocasión, González Urrutia desatendió las citaciones del máximo tribunal y los partidos que lo respaldaban no entregaron las actas recabadas por sus testigos electorales.
La declaración de este 28 de septiembre la suscribieron los Gobiernos de Alemania, Argentina, Australia, Austria, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Canadá, Costa Rica, Chile, Croacia, Dinamarca, Ecuador, El Salvador, Eslovenia, España, EE.UU., Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Guatemala, Guyana, Hungría, Irlanda, Italia, Kosovo, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Países Bajos, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, República Dominicana, Reino Unido, Suecia, Unión Europea, Ucrania y Uruguay. Con RT