Néstor Osuna es el nuevo asesor de la Unidad de Víctimas
Néstor Osuna, el exministro de justicia, fue designado asesor de la Unidad de Víctimas en Colombia. Este nombramiento tiene como propósito principal dar cumplimiento a una serie de órdenes emitidas por la Corte Constitucional hace ya dos décadas, centradas en superar el estado de cosas inconstitucional que ha dejado a millones de víctimas del desplazamiento forzado sin una atención adecuada por parte del Gobierno.
Néstor Osuna contará con la responsabilidad de liderar el esfuerzo para atender a las víctimas de desplazamiento forzado en Colombia. Esta tarea será ejecutada en conjunto con Lilia Solano, directora de la Unidad para las Víctimas.
En declaraciones recogidas por Caracol Radio, Osuna expresó su compromiso con la causa: “La idea es poderle dar a Colombia y a la Corte Constitucional la noticia de que estamos haciendo todos los esfuerzos. Colaborar con la doctora Lilia y con la Unidad para las Víctimas en ese propósito me enorgullece profundamente”.
El conflicto armado en Colombia ha dejado al rededor de ocho millones de víctimas, según cifras del Registro Único de Víctimas (RUV). Este dato muestra la magnitud del reto que enfrentan las instituciones encargadas de garantizar los derechos de estas personas y de proveerles una reparación integral.
Corte Constitucional ha promulgado varias medidas destinadas a asistir a estas víctimas y asegurarles una indemnización, medidas que aún presentan un significativo déficit de implementación.
La Unidad de Víctimas está enfocada en cumplir con estas directrices constitucionales, así como con los llamados de Naciones Unidas para brindar atención a la población desplazada.
Uno de los ejes principales de la estrategia será la implementación de la Estrategia de Soluciones Duraderas, la cual se desarrollará principalmente en 33 ciudades y municipios de Colombia. Esta propuesta busca brindar soluciones sostenibles a los afectados, lo que incluye no solo la indemnización económica, sino también el acceso a servicios básicos y la reintegración socioeconómica de las víctimas.
En un contexto donde el estado de cosas inconstitucional refleja el incumplimiento sistemático de las obligaciones del Gobierno, el rol de Néstor Osuna cobra una relevancia aún mayor. Las víctimas del conflicto armado han sufrido desplazamiento forzado, violencia y vulneraciones de sus derechos fundamentales, y la tarea de proporcionarles reparación y dignidad es titánica.
El nombramiento de Osuna ha generado expectativas sobre cómo la entidad enfrentará los desafíos históricos que el país aún arrastra.
Si bien Colombia ha avanzado en muchos aspectos de la normativa y la estructura institucional para atender a las víctimas, el camino para cumplir con todas las órdenes de la Corte Constitucional representa un desafío operativo y logístico significativo.
La Confederación Suiza ha sido mencionada en diversas ocasiones por haber financiado proyectos en la región enfocados en la recuperación de territorio y la integración de las víctimas. Sin embargo, el secular problema al que se enfrenta Colombia va más allá de la falta de recursos, siendo fundamental una coordinación efectiva y un compromiso genuino por parte de todas las autoridades implicadas.
Lilia Solano ha enfatizado en la importancia de la cooperación internacional y la participación de entidades locales en la estrategia de implementación de la política de víctimas. Ella señaló que es crucial mantener un enfoque humanitario y respetuoso hacia quienes han sufrido el conflicto, asegurando una rehabilitación integral que favorezca la paz y la reconciliación en el país.
Las víctimas no solo demandan una compensación monetaria, sino también respeto, dignidad y la reintegración a una vida normal, luego de haber sido arrancadas de sus hogares y haber perdido sus medios de vida. En este sentido, la Estrategia de Soluciones Duraderas busca consolidar estos derechos y necesidades, brindando un marco operativo que permita la gestión efectiva de las reparaciones.
Recientemente, la Fiscalía General de la Nación reportó importantes avances en la identificación de fosas comunes y en los procesos de exhumación, como parte de los esfuerzos para esclarecer las atrocidades cometidas durante el conflicto. Las labores en este sentido son vitales para la verdad y la reparación, permitiendo a las familias cerrar episodios dolorosos de sus vidas.
En paralelo, se destaca el rol fundamental de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la cual trabaja en procedimientos judiciales que esclarezcan los hechos y responsabilicen a los perpetradores de crímenes durante la guerra. Este esfuerzo jurídico es parte integral de la reconciliación nacional y de la validación del sufrimiento de millones de colombianos.
El reto que Néstor Osuna enfrenta es monumental, y la expectativa del país es ver avances palpables en los próximos meses. Su experiencia como exministro de justicia podría ser determinante para navegar la complejidad burocrática y política que supone cumplir las órdenes de la Corte Constitucional, tomando en cuenta la histórica desatención que han sufrido las víctimas. Con Infobae