Los testimonios contra Leyva que lo tienen fuera de la Cancillería
La Procuraduría colombiana ha desatado una tormenta en el gobierno de Gustavo Petro al suspender por tres meses a Álvaro Leyva Durán, ministro de Relaciones Exteriores, en medio de investigaciones sobre irregularidades en una licitación de suministro de visas y pasaportes valorada en 599.000 millones de pesos.
La medida, calificada por la entidad como necesaria para prevenir la obstaculización de la investigación y la repetición de la falta disciplinaria presuntamente cometida por Leyva con dolo, ha resonado en los círculos políticos y mediáticos del país.
Ahora, el proceso que atraviesa el canciller debe sortear con la acusación que se basa en el testimonio de varios subordinados de Leyva, quienes expresaron sorpresa y desconcierto ante las decisiones tomadas por el ministro respecto a la licitación, según un escrito revelado recientemente por El Tiempo.
Uno de ellos es Juan Carlos Losada, director de Asuntos Jurídicos Internacionales de la Cancillería, quien aseguró no haber hecho recomendaciones sobre declarar desierta la licitación, culpando exclusivamente a Leyva por la decisión que generó polémica en el país.
“Toda vez que había un único un oferente, y que no se respetaban los principios de igualdad; y respetando la política del Gobierno Nacional adoptó la decisión en ese sentido”, señaló el funcionario en su testimonio.
Por otro lado, Martha Lucía Zamora, exjefa de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado y quien se ha visto involucrada en el caso después de haber presidido una supuesta reunión en París para beneficiar la contratación, también tiene en problemas al canciller al comentar al ente de control la preocupación expresada por el secretario general de la Cancillería, José Antonio Salazar, sobre la orden de Leyva para no continuar con la adjudicación del contrato.
“Estaba muy angustiado con lo que estaban viviendo con la licitación para los pasaportes, por cuanto había orden de paralizar la licitación y de no adjudicar el contrato”, reveló el medio citado.
Como los testimonios anteriores, el canciller también deberá defenderse de las palabras entregadas por otros miembros cercanos a su Ministerio y que hoy lo tienen fuera del cargo, como miembros del comité escrutador y evaluador de la Cancillería, los mismos que le dieron el máximo puntaje calificable a Thomas Greg & Sons para quedarse con la licitación.
Por su parte, desde el Gobierno nacional ya se estaría organizando una estrategia para defender a Leyva. De hecho, el presidente Gustavo Petro defendió las acciones ejecutadas por el canciller en una declaración entregada en Guapi, Cauca, asegurando que todo se trata de artimañas para desestabilizar su Gobierno.
“Nos van a suspender ministros aquí y ministras allá… No nos van a dejar gobernar”, criticó. En el mismo tono, señaló la ausencia crítica de su canciller en momentos clave, como la llegada del Consejo de Seguridad de la ONU al país y la actual crisis de incendios promovidos por la crisis climática, situaciones que exigen una dirección competente y la posibilidad de solicitar ayuda internacional.
El presidente también abordó el tema en X, anteriormente conocido como Twitter, donde afirmó: “El ministro de Relaciones Exteriores ha seguido mis instrucciones. No son caprichosas. No acepto pliegos de licitación sastre”. Dicha declaración apunta a una estrategia de defensa que sugiere el respaldo continuo a Leyva por parte de Petro incluso después de la suspensión.
A pesar de la controversia, Leyva ha publicado recientemente un mensaje de agradecimiento al primer mandatario por apoyar sus decisiones que, según comentó, corresponden al proyecto de Gobierno planteado por Gustavo Petro.
“Gracias presidente Gustavo Petro por su respaldo total a la lucha que vengo adelantando contra los carteles y la corrupción pública y privada. Se trata de uno de sus compromisos como Jefe de Estado. Una de sus batallas para alcanzar la Colombia nueva. En ellas estaré a su lado”, escribió.
Entretanto, el caso ha sido interpretado por algunas voces dentro del Pacto Histórico como un “golpe blando” contra el Gobierno, una narrativa que se espera continúe resonando en ámbitos nacionales e internacionales.
La Procuraduría, por su parte, sostiene su decisión en la necesidad de garantizar la legalidad y transparencia en los procesos de contratación, calificando de “graves” y realizadas “a título de dolo”, las acciones de Leyva Durán. Con Infobae