JEP ordenó arresto para director de derechos humanos del Ministerio del Interior

En un fallo de la Jurisdicción Especial para la Paz, fue ordenado el arresto del director de derechos humanos del Ministerio del Interior, Franklin Castañeda Villacob, por haber incumplido la entrega de información referente a una medida cautelar que fue impuesta en 2020 al cementerio San Martín de Aguachica, en el departamento de Cesar.

En noviembre de 2023 ya se había establecido que la JEP iba a sancionar al funcionario por esta falta, puesto que omitió informar sobre el cronograma y la política pública necesaria para intervenir el cementerio, en el que, al parecer, hay restos de víctimas del conflicto armado, que podrían estar registradas como desaparecidas.

Castañeda Villacob acatará la decisión tomada por el Tribunal para la Paz, pero estaría pensando en solicitar una evaluación de la decisión. Así lo confirmó la cartera en un comunicado divulgado por el medio: “Se ratifica el respeto y cabal acatamiento de las órdenes emitidas por la Jurisdicción Especial para la Paz, reservándose el derecho de interponer las acciones de ley para la reconsideración de la decisión por parte de los honorables Magistrados de la Sala de Ausencia de Reconocimiento de Responsabilidad de la JEP”.

¿Qué pasó en el cementerio San Martín?
La situación que hoy tiene en problemas al director de derechos humanos de la cartera inició con el Auto MC – 049 de 2020, mediante el cual se suspendieron las exhumaciones y el traslado de cuerpos en el camposanto San Martín, también conocido como el cementerio “de los pobres”. En una audiencia de seguimiento a la medida cautelar, llevada a cabo por la Sección de Primera Instancia para Casos de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad, Castañeda Villacob dio a conocer la situación actual de los cementerios en Colombia.

Debido a su intervención, la Sección ordenó al director que formulara una política pública al respecto. Para ello, debía adelantar una mesa interinstitucional, con la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (Ubpd), el Ministerio de Hacienda, Salud, Justicia y Defensa, el Departamento Nacional de Planeación (DNP), la Fiscalía General de la Nación (FGN), el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Inmlcf) y la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP.

Todo esto, teniendo en cuenta que, para la Sección, la falta de políticas públicas implica “una situación grave que afecta el proceso de búsqueda, identificación y, en caso de ser posible, la entrega digna de los cuerpos de las víctimas de desaparición forzada”, se lee en un documento publicado por la JEP, referente al estado del caso de Castañeda Villacob.

El problema radica entonces que, según la JEP, hasta el momento, el funcionario no ha cumplido con lo ordenado, a pesar de que en repetidas oportunidades fue requerido para allegar información actualizada al respecto. Según la JEP, el director no respondió a algunas de ellas, y en otros casos, respondió tarde.

En respuesta a la decisión del tribunal, el Ministerio del Interior aseguró en el comunicado que respeta los fallos judiciales, pero que, en realidad, la cartera sí ha cumplido con las disposiciones de la Sección.

“Estamos comprometidos con el acceso real y efectivo de las víctimas a la administración de justicia, de tal forma que como ministerio hemos dado respuesta a todas y cada una de las órdenes impartidas por la Sala de Ausencia de Reconocimiento de Responsabilidad de la JEP, proponiendo diversas acciones afirmativas para este caso puntual”, se lee en el texto.
Además, se ha socializado con mandatarios locales una circular que contiene las medidas que se espera implementar con gobernadores y alcaldes electos.