Duro golpe a economía ilícita de las disidencias de Farc
En un operativo realizado por la Fuerza de Tarea Conjunta Omega, en coordinación con la Policía Nacional, se logró la destrucción de un laboratorio clandestino en el que se estimaba la producción de dos toneladas de clorhidrato de cocaína por mes.
La acción contra este cristalizadero se produjo en la región de Puerto Concordia, en el departamento del Meta, Colombia, afectando de manera significativa la estructura financiera del Estado Mayor Central de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc).
Este complejo, ubicado en la zona ribereña del río Ariari, contaba con abundantes insumos sólidos y líquidos requeridos para el procesamiento del clorhidrato de cocaína, lo cual apunta a un elaborado sistema de producción de drogas sintéticas.
La operación no solo permitió la incautación de estos elementos, sino también de más de 700 kilogramos de clorhidrato de cocaína y 400 kilogramos de insumos sólidos en la vereda Charco Danto.
El teniente coronel Rolando Erazo Ortega, comandante del Batallón de Operaciones Terrestres (Batot), explicó que la destrucción del laboratorio constituye un golpe financiero crítico a las redes del Estado Mayor Central de las Farc, cuyas finanzas reciben un impacto directo ante la pérdida de una producción valorada en cerca de 18 millones de dólares mensuales.
El laboratorio, presuntamente, sería parte de la Comisión de Finanzas Jhon Linares de la disidencia armada conocida como estructura Jorge Briceño Suárez.
Esta intervención se inscribe dentro del Plan Estratégico de Campaña Conjunto Ayacucho, cuyo objetivo es debilitar las economías ilegales de los grupos delictivos que operan en el suroriente de Colombia. Además, responde a una política más amplia de lucha contra el narcotráfico que busca desarticular las redes criminales en todos los eslabones de la cadena, desde la producción hasta la distribución de estupefacientes.
La importancia de esta operación también se refleja en el impacto ambiental positivo que conlleva. Las prácticas inherentes a la fabricación de drogas ilícitas suelen provocar daños severos a los ecosistemas, afectando la biodiversidad y la disponibilidad de recursos naturales.
Por lo tanto, al desmantelar estos centros de producción, no solo se combate el crimen organizado, sino que se contribuye a la protección y recuperación del medio ambiente.
En un contexto más amplio, este tipo de acciones evidencian la persistencia del problema del narcotráfico en Colombia. Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), el país sigue siendo uno de los principales productores mundiales de cocaína, y los grupos disidentes de las Farc continúan siendo uno de los actores principales del tráfico de drogas, a pesar del acuerdo de paz firmado en 2016.
El Gobierno colombiano, con el apoyo de agencias internacionales, ha aumentado sus esfuerzos en la interdicción de drogas y el procesamiento de los delitos relacionados con estas, señalando los retos persistentes en términos de seguridad y control territorial en zonas rurales afectadas por este flagelo.
En un operativo conjunto entre el Ejército Nacional y la Policía de Colombia, fue capturado en Villavicencio, Meta, un hombre conocido como Maraña, presunto integrante del Clan del Golfo y acusado de homicidio y extorsión.
Su detención representa un importante avance en la lucha contra la criminalidad organizada en el suroriente colombiano, afectando directamente las estructuras financieras de uno de los grupos armados ilegales más prominentes en el país.
En acciones paralelas, la Policía Nacional consiguió un significativo golpe contra este mismo clan con la captura de Carlos Alberto Molina y Jhon Eduar Restrepo Chiusuque, en La Unión, Valle del Cauca. Estos dos individuos son considerados figuras claves dentro de la organización criminal, lo que subraya el compromiso continuo de las autoridades por combatir los factores de inseguridad y estabilizar las regiones afectadas por la violencia y la delincuencia organizada. Con Infobae