Realizan extinción de dominio por actividades agrícolas en zona deforestadas

Un hito histórico acaba de cumplir el Gobierno nacional al iniciar procesos de extinción de dominio a personas naturales que se dedican a deforestar reservas naturales para utilizarlas para prácticas agrícolas o ganaderas. Esta facultad legal que el Gobierno de Gustavo Petro desempolvó, existía hace más 30 años; sin embargo, nunca se había usado.

Según conoció El Tiempo, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) inició con la primera fase en dos predios: Hato Piedad, ubicado en La Macarena (Meta); y La Maporita 1, en San Vicente del Caguán (Caquetá), conformados con una extensión de 1.342 y 2.862 hectáreas, respectivamente.

Karen Salazar, la abogada que lidera el equipo de extinción de dominio de la ANT, dijo al medio citado que este logro se basó en la revisión de un estudio revelado en septiembre de 2023 por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) en Colombia.

Dicho estudio identificó 17 propiedades que tienen algunas particularidades, por ejemplo, que los propietarios no son “campesinos de a pie”, sino personas naturales que ostentan amplias extensiones de tierras. Además, dichas propiedades habrían causado serias afectaciones ambientales, lo que subraya la importancia de las medidas de extinción de dominio que se están adelantando.

Asimismo, Salazar mencionó que se desarrolló un minucioso análisis de títulos de propiedad con relación a los 17 predios identificados. En octubre, después de un proceso de priorización, la ANT tomó la decisión de comenzar un proyecto piloto en cuatro de estos terrenos. En los denominados Hato Piedad y La Maporita 1, el proceso formal ya está en marcha, mientras que para los otros dos se espera que la resolución correspondiente sea expedida en el transcurso de 2023.

Los predios en mención, investigados y documentados por un informe de la Unodc, muestran una preocupante pérdida de cobertura boscosa, cicatrices de quema, puntos de calor y un alto índice de deforestación, lo que llevó a ser firmadas las resoluciones que iniciaban el proceso administrativo de extinción de dominio.

Se lee en la resolución de Hato Piedad, conocida por El Tiempo, que en el inmueble objeto de estudio se presentan graves indicios de deforestación y presiones sobre el ambiente asociadas a la misma.

“Se identificaron señales de praderización, cambios en la cobertura boscosa, cicatrices de quema y la identificación de ciento sesenta (160) puntos de calor, lo que podría indicar que se están adelantando actividades incompatibles con las permitidas, de acuerdo con las limitaciones ambientales y la vocación del suelo para esa zona, incumpliendo las disposiciones sobre conservación, mejoramiento y utilización racional de los recursos naturales renovables y las de preservación y restauración del ambiente”, dice la misma.

Una situación similar se evidenció en La Maporita 1, donde se registraron, según la resolución de este predio, 157 focos de calor desde noviembre de 2002 hasta julio de 2023, evidenciando incendios forestales desde marzo de 2017 hasta julio de 2023, y señales de impacto ambiental vinculadas a la pérdida de bosques.

Las dos resoluciones, próximamente, serán notificadas a los dueños de los terrenos, así como a la Procuraduría y cualquier interesado en el asunto. Además, se dispone que se registren en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, lo que garantizará que la comunidad esté al tanto de que estas propiedades se encuentran sujetas a un proceso de extinción de dominio.

Según lo que indicó Ricardo Romero y Karen Salazar, durante IV Foro Internacional ‘Intercambio de buenas prácticas en la aplicación de la ley para el abordaje de la Criminalidad Ambiental’, evento organizado por Unodc y la Embajada de Reino Unido, los cuatro predios que integran el proyecto piloto abarcan un total de 7.273 hectáreas. Con Infobae