De acuerdo con la Fiscalía, no serían 200 asesinatos investigados en el Magdalena sino 20 casos

La disputa entre el presidente de la República, Gustavo Petro, y la Fiscalía General de la Nación no da tregua. La polémica que se dio tras unas acusaciones que manchan a los funcionarios del órgano judicial han abierto, incluso, la discusión de la independencia de las ramas del poder en Colombia.

Pasado unos días, la Fiscalía sacó a la luz algunos documentos que muestran que, si bien el caso por el que el presidente insiste se encuentran en investigación, no son 200 los asesinatos que presuntamente se habrían podido evitar, sino solo el 10% de esta cifra, es decir, 20 casos, y aún no se ha comprobado que desde la oficina del fiscal se haya omitido información. Además, que no se puede afirmar que hayan sido ejecutados por el Clan del Golfo, pues la afirmación carece de pruebas y, finalmente, los casos datan desde el 2008 hasta el 2010.

Por eso, el mismo Hernández, que está siendo investigado por omisión de pruebas y amenaza a testigos en el caso Odebrecht, señaló que en ese momento la única información que le habría llegado serían artículos de prensa, pero que estos no eran suficientes para comprobar la información de los presuntos asesinatos.

“El cuento de los 200 homicidios, y esto con el mayor respeto de todas las víctimas en Colombia, porque también soy víctima de las mismas Autodefensas, nace de unos chats que publicó el mismo señor investigador, y me enviaba a mi whatsapp personal. Estos son los informes que él me enviaba, son noticias de prensa en las cuales manifestaba, por ejemplo; panfletos amenazantes en municipios del sur de Magdalena. Son docenas de links de noticias y eso asegura el periodista Guillén que la Fiscalía no actuó ante esa información que suministró de manera inmediata el investigador”, puntualizó el fiscal acusado, como citó Caracol Radio.

Además, como muestran unos documentos publicados por el medio anteriormente mencionado, el caso se abrió desde el 2021 y el listado es de 20 personas, pero no están incluidos los casos de los chats que saco a la luz el periodista Gonzalo Guillén: “Los homicidios reportados por el investigador al chat del fiscal Daniel Hernández, parte de las investigaciones que ese servidor adelanta”, se lee en un comunicado de la institución.

Las acusaciones que salieron a la luz en un artículo publicado por La Nueva Prensa señalan que en varios ocasiones, durante los últimos tres años, al funcionario se le advirtió de amenazas que estaban recibiendo personas por parte del grupo narcoparamilitar, pero este no hizo nada, incluso, se acusa de estar encubriendo presuntamente a 14 jefes del grupo armado.

“El perfil del Clan del Golfo en la costa norte y de sus 14 principales cabecillas también fue elaborado por investigadores del CTI con el apoyo de fuentes humanas reconocidas judicialmente. Avanzaban a pesar del sabotaje de la propia Fiscalía General y del fiscal Daniel Ricardo Hernández Martínez, quien terminó por amenazar él mismo a uno de los funcionarios que le anticipaba los homicidios que se iban a cometer y que luego se los reportaba como hechos cumplidos para dejar constancia de la desidia institucional”, se lee en la denuncia.

Además, el funcionario del ente judicial no solo le habría incumplido a la justicia colombiana, sino que habría ocultado las denuncias de la justicia de Estados Unidos. Además, se señala que todo habría sido presuntamente escondido del fiscal general, Francisco Barbosa, y la fiscal, Martha Mancera.

“El traslado del expediente a Bogotá fue ordenado por el fiscal general, Francisco Barbosa, y por la vice fiscal, Martha Mancera, para que Daniel Ricardo Hernández Martínez lo congelara ante el temor de que los desmanes y crímenes de lesa humanidad del Clan del Golfo pudieran estar asociados al expresidente Iván Duque a través del narcotraficante y asesino José Guillermo Hernández Aponte, alias “Ñeñe”, que le financió la campaña electoral y le compró votos en siete departamentos del norte del país”, anotó Guillén. Con Infobae