Propuesta de Petro a EE.UU de «cero sanciones» a Venezuela genera reacciones de la oposición
La fórmula del presidente colombiano Petro para destrabar el diálogo en Venezuela de «más democracia, cero sanciones» toca diferente al chavismo y la oposición, que asegura que las sanciones son el resultado de años de violaciones a los derechos humanos y la ruptura del orden constitucional.
El presidente colombiano Gustavo Petro será el anfitrión de una cumbre la próxima semana que busca impulsar las negociaciones entre el gobierno y la oposición de Venezuela. El jefe de Estado ha propuesto una fórmula: “más democracia, menos sanciones”, dijo esta semana en Washington durante una visita a Estados Unidos.
En el encuentro en Bogotá, que empieza el martes 25 de abril, en vez de delegados del gobierno de Nicolás Maduro y la Plataforma Unitaria que se le opone, participarán representantes de 15 países, entre ellos EEUU, que ha impuesto la mayoría de las más de 900 sanciones que pesan sobre las instituciones y funcionarios de Venezuela.
Este jueves, en la Casa Blanca en Washington, Petro explicó al presidente Joe Biden su plan de tres puntos: “impulsar el cronograma electoral venezolano, la entrada de Venezuela al Sistema Interamericano de Derechos Humanos y desactivar progresivamente las sanciones”.
Pero la fórmula de Petro de más democracia y cero sanciones toca de manera diferente a ambas partes del conflicto en Venezuela.
Maduro dejó clara su postura tras una reunión con Petro en marzo: la cumbre debe serle útil “para pasar la página de este período tortuoso de sanciones”. Su cancillería reaccionó positivamente a la receta de Petro para destrabar el diálogo, pero condicionó su éxito a que primero se hayan anulado todas las sanciones, a las que llamó «medidas coercitivas unilaterales».
Algunos en la oposición difieren, y dicen que las sanciones son el resultado de años de violaciones a los derechos humanos y la ruptura del orden constitucional en Venezuela por parte del chavismo. Primero debe haber democracia para levantar las sanciones, dijo el líder opositor Juan Guaidó, a quien 50 gobiernos reconocieron hasta enero como presidente interino de Venezuela y ahora candidato presidencial de uno de los cuatro principales partidos.
La pregunta de qué fue primero, si el huevo o la gallina, no aplica en la crisis de Venezuela, dijo Roberto Enríquez, dirigente del partido socialcristiano Copei y uno de los nueve delegados de la oposición para las negociaciones que llevan a cabo el gobierno y la oposición en Ciudad de México, un proceso facilitado por el Reino de Noruega.
“Las señales que Maduro debe mandar es que todo aquello que apartó a Venezuela de la Constitución y del orden democrático, debe irse revirtiendo», dijo Enríquez a la Voz de América. «No es a la inversa».
Progresar hacia un «reencausamiento democrático» es lo que debe llevar al fin de las sanciones económicas, agregó.
La oposición denuncia una erosión progresiva de la democracia, el irrespeto a la Constitución y la violación de derechos fundamentales por parte del gobierno desde los tiempos del expresidente Hugo Chávez.
Maduro anuló el Parlamento en 2015 luego que los opositores ganaron las elecciones, y convocó una Asamblea Nacional Constituyente sin someter la idea a referendo en 2017.
La oposición denunció que el 10 de enero de 2019 Maduro usurpó el poder al juramentarse para un segundo período después de haber ganado una elección “fraudulenta” e “inconstitucional”, convocada por la Asamblea Constituyente oficialista.
La persecución política y la violación de derechos humanos en Venezuela también ha quedado plasmada con decenas de casos en informes de las Naciones Unidas. Esos testimonios permitieron abrir una investigación de la Corte Penal Internacional sobre crímenes de lesa humanidad en noviembre de 2021.
La oposición señala entre las violaciones la represión a las protestas contra el gobierno en 2014; la elección de otro Parlamento sin que el anterior pudiera ejercer su poder real en 2020; la selección de una mayoría oficialista entre los rectores del Consejo Electoral en 2021, y el nombramiento de políticos y militares chavistas como magistrados en 2022.
Estados Unidos aplicó por primera vez sanciones contra funcionarios venezolanos en septiembre de 2008, durante el segundo mandato de Chávez, cuando congeló los bienes y cuentas bancarias del ex ministro del Interior, Ramón Rodríguez Chacín; del director de la Dirección de Inteligencia Militar, Hugo Carvajal, y del exjefe de inteligencia, Henry Rangel Silva, por su supuesto apoyo a la guerrilla de las FARC.
En 2015, durante el gobierno del presidente Barack Obama, llegaron nuevas sanciones individuales, pocos meses después de la represión violenta a las protestas de 2014.
Si bien hubo entonces algunas restricciones a exportaciones de productos con fines militares a Venezuela, fue en agosto de 2017 cuando las sanciones norteamericanas se aplicaron contra instituciones, operaciones financieras y empresas del Estado, incluyendo PDVSA.
En los años siguientes, el expresidente Donald Trump aplicó limitaciones y prohibiciones a las actividades económicas referidas a las deudas, oro, monedas, participación accionaria, la banca, la minería, las aerolíneas y las operaciones de petróleo del Estado venezolano.
Según el chavismo, esas sanciones constituyen un “bloqueo” culpable de la crisis económica, a pesar de que economistas señalan que la caída del producto interno bruto comenzó desde la asunción de Maduro, en 2013, antes de las sanciones.
EEUU ha indicado que la flexibilización de esas sanciones está atada al fruto de las negociaciones políticas entre el gobierno y la oposición.
En noviembre pasado, la administración del presidente Joe Biden alivió las restricciones a las operaciones de la empresa petrolera Chevron en Venezuela, horas luego de que se reanudaran las conversaciones en Ciudad de México.
Desde entonces, no ha habido un nuevo encuentro de ambas partes ni avances.
El Departamento de Estado de EEUU dijo a la Voz de América que ha dejado claro que revisaría las políticas de sanciones a Venezuela «en respuesta a los pasos constructivos del régimen de Maduro y si las partes venezolanas logran un progreso significativo en las negociaciones lideradas por Venezuela en México. Pero no tenemos miedo de tomar medidas en caso de que el régimen de Maduro no negocie de buena fe o no cumpla con sus compromisos».
«Las sanciones estadounidenses no tienen que ser permanentes. Las sanciones pretenden provocar un cambio positivo de comportamiento. Hemos señalado regularmente que estamos abiertos a reconsiderar nuestra postura de sanciones en respuesta a los pasos concertados tomados por el régimen de Maduro para restaurar elecciones libres y justas en Venezuela», agregó un portavoz del Departamento de Estado que señaló las negociaciones en México como «el mejor camino para restaurar la democracia que los venezolanos merecen».
La cumbre de Bogotá se antoja como un intento de descongelar la negociación, mientras el tiempo apremia de cara a las elecciones presidenciales del próximo año y las primarias opositoras de octubre de este año, dijo a la Voz de América el ex embajador de Venezuela en Guyana y analista político Sadio Garavini.
Los esfuerzos por reactivar el diálogo también pasaron en una reunión en Francia con el presidente Emmanuel Macron como anfitrión, durante la gira del asesor de seguridad nacional estadounidense Jake Sullivan a Brasil y Colombia y las visitas a la Casa Blanca de los mandatarios Luiz Inácio Lula da Silva y Gustavo Petro, subrayó Garavini.
Según Enríquez, el delegado negociador de la oposición del partido Copei, fantasear con un acuerdo exprés y el fin de las sanciones y la redemocratización de Venezuela sería “una irresponsabilidad”, y prefiere hablar de “gradualidad” y de “cambios por etapas”.
Guaidó dijo el jueves en Twitter que Petro debía ayudar a concretar una fecha para las elecciones presidenciales, la libertad de los presos políticos y la libertad de prensa. (Información Gustavo Ocando Alex, Voz de América).