28 de noviembre
Nacional

Incautaron más de 800 kilos de carne de tortuga carey en La Guajira

A pesar de la insistencia de las autoridades en el cuidado y conservación de las tortuga carey, así como de la sanción por el tráfico de su carne para consumo humano, en las últimas horas la Policía Nacional incautó 855 kilos de carne de tortuga en La Guajira.

Las autoridades colombianas realizaron dos operativos en contra del comercio de al carne de tortuga e hicieron este hallazgo en los sectores de Riohacha y Uribia. Según un comunicado oficial de la Corporación Autónoma Regional de La Guajira (Corpoguajira), los uniformados llegaron hasta dos establecimientos en los que se señalaba que mantenían ilegalmente y sin los requerimientos necesarios este tipo de producto.

“Los controles se efectuaron en diferentes establecimientos que fueron sellados, debido a que no contaban con autorizaciones o permisos ambientales para la comercialización de este producto”, indicaron desde Corpoguajira.

En los operativos, además, fueron capturadas cinco personas dedicadas al comercio de este tipo de carne. En las próximas horas las autoridades presentarán a estas personas ante la justicia y las acusarán formalmente de cometer infracciones contra un recurso de la diversidad biológica. Destaca la impuitación por delitos de aprovechamiento ilícito de los recursos naturales renovables en concurso con daño en los recursos naturales y ecocidio

Las autoridades también detallaron que le producto decomisado, que fue de casi una tonelada correspondía a carne de tortugas verde y carey, las cuales están catalogadas como especies en peligro y en peligro crítico, respectivamente, por el Ministerio de Ambiente. “El material confiscado se trasladó hasta el relleno sanitario de Maicao, en donde fue dispuesto conforme a los procedimientos establecidos para este tipo de casos”, detalló la Policía.

Según el coronel William Castaño, director (e) de la Dirección de Carabineros, el comercio de la carne se hacía a través de redes sociales de manera clandestina y, en lo que va del año, 32 personas han sido capturadas por este tipo de delitos.

Cabe resaltar que las tortugas carey están protegidas a través de varios acuerdos internacionales debido a que están en peligro crítico de extinción principalmente debido al impacto humano. Según cifras de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN) en 2020, millones de este tipo de tortugas han muerto alrededor del mundo por el comercio de su carne, huevos y caparazón; esto a pesar de que el mercado internacional legal de caparazones de tortugas carey finalizó en 1993.

A nivel internacional están protegidas por los acuerdos de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres y la Convención de Especies Migratorias; sin embargo, en Colombia se siiguen capturando personas por el comercio de estas tortugas.

Por su parte, Samuel Lanao Robles, el director general de Corpoguajira, insistió en que este tipo de actividad ilegal en el país no solo condena a las personas a perder su libertad, sino que genera un impacto negativo para la preservación de esta especie. “Rechazamos contundentemente estas acciones que atentan contra la conservación de nuestras tortugas marinas. Resaltamos y agradecemos el trabajo realizado por la Policía Nacional, el cual se seguirá llevando a cabo para controlar esta clase de infracciones ambientales”, expresó.

Además, las autoridades hicieron un llamado a la comunidad para que denuncien este tipo de casos como tenencia, caza y comercialización de estas especies de tortuga que están en peligro. Y de la misma forma a que informen sobre otro tipo de actividades delictivas que atentan contra la biodiversidad de La Guajira y todo el territorio nacional.

Cabe resaltar que, en la ley colombiana se establece que quien se apropie, acceda, capture, mantenga, introduzca, extraiga, explote, aproveche, exporte, transporte, comercie o trafique productos o partes de los recursos fáunicos, forestales y florísticos, de la biodiversidad colombiana, incurrirá en prisión de 60 a 135 meses y en multas de 134 a 43.750 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Con Infobae

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