Los planes de Petro para despenalizar la cocaína en la región preocupan a EE.UU.
Dos semanas después de asumir, el primer gobierno de Gustavo Petro propone terminar con la “prohibición” y lanzar un mercado de cocaína regulado por el Estado. Y a través de nuevas leyes y de alianzas con otros gobiernos sudamericanos de izquierda, los funcionarios colombianos anhelan convertir su país en un laboratorio para la despenalización de la droga.
“Es hora de una nueva convención internacional que acepte que la guerra contra las drogas ha fracasado”, dijo este mes el presidente de Colombia, Gustavo Petro, en su discurso de investidura.
Se trata de un giro radical en un país históricamente conservador que podría trastocar su duradera –y lucrativa– relación antidrogas con Estados Unidos. Funcionarios y exfuncionarios estadounidenses expresaron su preocupación. El año pasado, la droga causó unas 25.000 muertes por sobredosis en Estados Unidos.
“Estados Unidos y la administración Biden no apoyan la despenalización”, dice Jonathan Finer, asesor adjunto de seguridad nacional de la Casa Blanca, quien se reunió con Petro en Colombia antes de su investidura.
Un exfuncionario de la DEA que se expresó bajo condición de anonimato porque su actual empleador no lo autorizó a hablar del asunto teme que la decisión limite la capacidad del organismo para colaborar con Colombia en investigaciones de narcotráfico. “Destruiría poco a poco la cooperación. Sería devastador, no solo a nivel regional, sino también global”, señaló.
Hasta ahora se han gastado miles de millones de dólares en financiar una estrategia basada principalmente en la destrucción del comercio de cocaína en su punto de origen: los sembradíos de las regiones rurales de Colombia. La inteligencia y el entrenamiento de Estados Unidos fomentaron durante décadas las actividades militares de Colombia para erradicar la coca, la materia prima para la cocaína, y desmantelar los grupos de tráfico de drogas. Y sin embargo, más de medio siglo después de que el presidente norteamericano Richard M. Nixon declarara que las drogas eran “el enemigo público número uno de Estados Unidos”, la producción colombiana ha alcanzado niveles récord. Según estadísticas de Estados Unidos, el cultivo de la coca se ha triplicado en la última década.
Felipe Tascón, el gurú antidrogas de Petro, dice que los colombianos quieren aprovechar este momento inusual en el que la mayoría de los gobiernos de la región –incluidos países productores de cocaína como Colombia, Perú y Bolivia– están gobernados por líderes de izquierda.
En su primera entrevista luego de su nombramiento, el economista dijo que quiere reunirse con sus pares de esos países para dialogar sobre la despenalización a nivel regional. Tascón espera que la conformación de un bloque regional unificado permita renegociar convenciones internacionales de drogas en las Naciones Unidas.
A escala nacional, el gobierno de Petro planifica apoyar leyes de despenalización de la cocaína y la marihuana y terminar con las pulverizaciones aéreas y la erradicación manual de la coca, que según los críticos afecta injustamente a los agricultores rurales más pobres. Tascón argumenta que la regulación de la venta de cocaína le arrebataría el negocio a los grupos armados y los cárteles.
“Los narcotraficantes saben que su negocio depende de la prohibición”, dice Tascón. “Si lo regulamos como un mercado público, las grandes ganancias desaparecen, al igual que los narcotraficantes.”
En lugar de describir su trabajo como “antinarcóticos”, Tascón prefiere hablar de “política de drogas”. “El programa del gobierno no habla del problema de las drogas”, dice. “Habla de los problemas generados por la prohibición de las drogas.”
Tascón compartió detalles de sus planes con sus pares de Perú. Ricardo Soberón, presidente ejecutivo del organismo antidrogas peruano DEVIDA, dice que es demasiado pronto para determinar si su país apoyará la despenalización, pero recibiría con satisfacción un debate regional acerca de enfoques nuevos en torno a las drogas. Petro también podría encontrar un aliado en Bolivia, donde a principios de la década de 2000 el gobierno de Evo Morales permitió que los agricultores cultivaran coca legalmente en cantidades limitadas.
Colombia, el aliado más importante de Estados Unidos contra la cocaína, pasó a ser el pionero menos pensado de la despenalización. Pero también es el país que más sufre la guerra contra las drogas. Tascón dice que Colombia es el país donde la necesidad de una nueva estrategia es más urgente.
Documentos clasificados
El tema ya había sido señalado en junio por la Comisión de la Verdad de Colombia. El panel, designado como parte del acuerdo de paz de 2016 entre el gobierno y las FARC, le recomendó al gobierno tomar acciones orientadas hacia “la estricta regulación legal de las drogas”.
En un informe, la Comisión señaló que, en medio siglo de conflicto, el enfoque militarizado contra el narcotráfico intensificó el enfrentamiento armado, que se ha cobrado la vida de cientos de miles de colombianos.
El Archivo de Seguridad Nacional, con sede en Washington, una organización independiente sin ánimo de lucro, le entregó a la Comisión documentos desclasificados que demuestran que el gobierno estadounidense sabía que su estrategia produciría un derramamiento de sangre durante muchos años en Colombia.
“Es imposible que el cultivo y el tráfico de narcóticos en Colombia sean eliminados sin acciones coercitivas sangrientas, onerosas y prolongadas”, decía un cable de 1983 de la CIA que la organización compartió con el diario The Washington Post.
“Una manera de evitar que esta guerra se repita es volver a plantearnos la forma en que nos relacionamos con la coca y la cocaína”, dice Estefanía Ciro, que dirigió a los investigadores de políticas de drogas de la Comisión de la Verdad. “Lo importante no es que existan los mercados o que haya coca, sino la violencia que produce el mercado de la cocaína.”
La postura de la Casa Blanca
Finer, el asesor adjunto de seguridad nacional de Biden, dice que el punto de vista de la administración de Petro respecto a la política de drogas coincide con la estrategia integral de la administración Biden anunciada el año pasado para Colombia, pero no en lo relativo a la despenalización.
“Colombia es un país soberano. Tomará sus propias decisiones”, dice Finer. “Nuestra relación va mucho más allá de la cooperación y la colaboración en antinarcóticos”.
La semana que viene se celebrará en Colombia un encuentro entre funcionarios de la administración Petro y una delegación de funcionarios estadounidenses, incluido el director de la Oficina de la Política Nacional de Control de Drogas de la Casa Blanca y el asistente del secretario de Estado en la Oficina de Asuntos Internacionales contra el Narcotráfico y Aplicación de la Ley.
La directora de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, Samantha Power, quien asistió a la investidura de Petro, dijo que los funcionarios estadounidenses “escucharon claramente su mensaje”.
Jim Crotty, ex vicejefe de gabinete de la DEA, sostiene que el comercio legal de la cocaína no va a terminar con el mercado ilegal. “Como hemos visto anteriormente en Colombia y en otros lugares, siempre va a haber alguien que llene ese vacío”, dice Crotty.
Actualmente, los colombianos tienen derecho a portar pequeñas cantidades de marihuana y cocaína. Pero la legislación propuesta va mucho más lejos y apunta a despenalizar y regularizar su consumo.
Camino cuesta arriba
La despenalización de la cocaína tendrá que recorrer un camino cuesta arriba en el dividido congreso de Colombia. Y llevar la discusión a la escena internacional será aún más difícil.
Pero es un debate que América Latina ya ha mantenido en relación a la marihuana. En 2013, Uruguay se convirtió en el primer país del mundo en legalizar la producción y la venta de cannabis recreativo.
“Tenemos que abrir el debate y quebrar el tabú”, dice Milton Romani, ex secretario general de la Junta Nacional de Drogas de Uruguay. “Tal vez haya un camino largo por recorrer, pero no creo que sea imposible.”
Colombia tendría la “autoridad moral” para liderar ese esfuerzo, dice Romani, “porque ha muerto demasiada gente”.
Mellington Cortés padeció el derramamiento de sangre en carne propia. Era uno de los centenares de cultivadores de coca que estaban protestando en el departamento de Nariño en 2017 contra la erradicación forzosa de la coca decretada por las fuerzas de seguridad cuando la policía empezó a disparar contra la multitud. Cortés recibió un disparo. Otro balazo mató a su hermano, uno de los siete manifestantes que murieron ese día. La matanza todavía sigue bajo investigación.
A los 45 años, Cortés sigue cultivando coca, que le reditúa más del doble de los 130 dólares mensuales que ganaba como chofer.
“Todo el mundo sabe que cultivamos coca para sobrevivir y mantener a nuestras familias. No tenemos otros recursos a disposición. Nos han olvidado.”
Por Samantha Schmidt y Diana Durán
Traducción de Ignacio Mackinze