La JEP imputa crímenes de lesa humanidad y de guerra a otros 10 militares por «falsos positivos»
Tres coroneles, tres mayores, tres suboficiales y un soldado son los otros militares a los cuales la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, imputó crímenes de lesa humanidad y de guerra por los asesinatos y las desapariciones forzadas de personas perpetradas en los municipios de Dabeiba e Ituango, en el departamento de Antioquia.
Las imputaciones, conforme al Código Penal colombiano y al Estatuto de Roma, recayeron sobre integrantes del Batallón de Contraguerrillas No. 26 Arhuacos (BCG 26), miembros del Batallón de Contraguerrillas No. 79 Sargento Viceprimero Hernando Cómbita Salazar (BGC 79), así como el Comandante de la Brigada Móvil 11 (BRIM 11), por crímenes perpetrados en los municipios de Dabeiba e Ituango, Antioquia, entre los años 2002-2006.
Se identificaron víctimas exhumadas en diligencias de entrega digna y se recabaron reconocimientos de responsabilidad y patrones criminales asociados a cuatro (4) batallones dentro de un espectro de tiempo entre 1997 y el año 2006, así como declaraciones que se refieren a hechos ocurridos en otros territorios hasta 2010, los cuales comprometen a miembros de la Policía Nacional.
Sin embargo, por estrategia de priorización y cuestiones metodológicas, en este ADHC sólo se resolvió la situación jurídica de integrantes del BCG 79, la BRIM 11 y el BCG 26, absteniéndose de hacerlo en relación con quienes formaron parte del Batallón de Infantería No. 10 Atanasio Girardot (BIGIR), adscrito a la Brigada 4 y de quienes pertenecieron al Batallón de Ingenieros No. 17 General Carlos Bejarano Muñoz, de la Brigada 17 del Ejército Nacional de Colombia. En tal sentido, la investigación, y futuras imputaciones, quedaron a cargo del macrocaso territorial 04.
La Sala encontró bases suficientes para imputar como máximos responsables por jerarquía a tres coroneles en retiro: Jorge Alberto Amor Páez (excomandante de la BRIM 11), David Herley Guzmán Ramírez (excomandante del BCG 79) Efraín Enrique Prada Correa (excomandante del BCG 79), Edie Pinzón Turcios (excomandante del BCG 26 Arhuacos), dos mayores en retiro: Yair Leandro Rodríguez Giraldo (BCG 26), Hermes Mauricio Alvarado Sáchica (BCG 79). De igual manera, se atribuye responsabilidad en calidad de máximos responsables por participación determinante a tres sargentos en retiro del BCG 79: William Andrés Capera Vargas, Fidel Iván Ochoa Blanco y Jaime Coral Trujillo y un soldado profesional en retiro del BCG 79: Levis de Jesús Contreras Salgado.
La JEP estableció que el caso sobre asesinatos y desapariciones forzadas, cuyas víctimas resultaron sepultadas en el cementerio Las Mercedes de Dabeiba, ofrece las siguientes notas características:
-Se trata del primer caso conjunto de la Sala de Reconocimiento, es decir, un escenario de priorización en el cual confluye un macrocaso nacional (03) con uno territorial (04). Se articulan por tanto las lógicas y las metodologías del examen de fenómenos de alcance nacional (ejecuciones extrajudiciales) con las particularidades y la evolución del conflicto armado en los territorios (Urabá).
-Los aportes a verdad de los comparecientes de la fuerza pública, sobre elementos contextuales, dinámicas del conflicto armado en el cañón de La Llorona y Dabeiba, fueron contrastados con los relatos de los comparecientes de las extintas FARC-EP, así como con aquellos de comandantes del Bloque Élmer Cárdenas, entre ellos, David Antonio Úsuga (alias Otoniel), hallando profundas coincidencias entre todos ellos.
-De igual manera, los referidos aportes fueron contrastados con los hallazgos forenses derivados de la intervención científica que desplegó la Sala en el cementerio (vgr. lugares de inhumación, número de víctimas, contextos funerarios atípicos, tipos de heridas que presentan los cuerpos, amarres, bolsas negras, etcétera), habiendo encontrado numerosas concordancias.
-A lo largo de la investigación, la Sala de Reconocimiento se articuló con diversos órganos de la JEP, para distintos fines: (i) la SAR decretó medidas cautelares sobre el cementerio Las Mercedes; (ii) el UIA realizó las exhumaciones y la recuperación de cuerpos en el cementerio de Dabeiba, y asimismo, elaboró un informe de contexto; y (iii) la SDSJ tramitó el sometimiento de los comparecientes de la fuerza pública.
-De igual manera, la Sala de Reconocimiento se articuló con las siguientes entidades: (i) el INMLCF, lo cual permitió la identificación y entrega digna de ocho (8) víctimas; (ii) con la FGN, lo cual condujo a la identificación y entrega digna de tres (3) víctimas adicionales del conflicto armado; (iii) así como con la UBPD, la UARIV, la Gobernación de Antioquia, las Alcaldías de Medellín y Dabeiba, entre otras.
A lo largo de la investigación del caso conjunto se lograron identificar tres patrones macrocriminales. Dado que a cada uno de ellos se asocian diversas conductas delictivas, la Sala de Reconocimiento empleó la técnica de los “hechos ilustrativos», consistente en relatar, con mayor grado de detalle, uno o varios de aquellos sobre los cuales se alcanzó un mayor grado de esclarecimiento y que se encontraban en total impunidad. De allí que no se trate de una investigación del “caso a caso», propia de la justicia ordinaria.
El primer patrón determinado se refiere a un conjunto de homicidios perpetrados contra personas puestas fuera de combate (desmovilizados), así como asesinatos de víctimas señaladas previamente como auxiliadores, informantes o milicianos de la guerrilla, con la finalidad de exterminar al enemigo identificado a partir del prejuicio insurgente sobre los campesinos de la región, entre los años 1997 y 2005. Lo anterior en un contexto de fuertes alianzas entre agentes estatales e integrantes de grupos paramilitares, con un transfondo de presión por resultados operacionales (bajas), así como por el tráfico de armas y drogas por la región de Urabá.
Dos hechos ilustran este primer patrón macrocriminal:
-El asesinato y la desaparición forzada, perpetrados el 14 de noviembre de 1997, contra el joven Eliécer de Jesús Úsuga Manco (menor de 12 años), el señor Félix Antonio Manco (75 años), el joven Wilson Manco Úsuga (26 años) y el joven Alveiro Úsuga Uribe (22 años), acusados por los paramilitares de auxiliadores de la guerrilla y ladrones de ganado, sacados de sus casas con tropas conjuntas de militares y paramilitares, asesinados por soldados de La compañía Delhuyer y dos de ellos presentados como muertos en combate e inhumados en el Cementerio Las Mercedes. Las víctimas fueron inhumadas, identificadas y entregadas dignamente por la JEP, salvo el cuerpo del señor Félix Antonio Manco, desaparecido en condiciones que hacen imposible su rescate. Con RSF