Procuraduría solicitó al Consejo de Estado no anular la elección del registrador Vega
Al registrador nacional Alexander Vega lo quieren sacar de su cargo desde enero del 2020 y no solo por las recientes irregularidades en las pasadas elecciones legislativas del 13 de marzo. En esa línea, la Procuraduría General de la Nación le solicitó al Consejo de Estado desestimar la demanda contra el funcionario que buscaba apartarlo de la jefatura de la Registraduría Nacional del Estado Civil.
El proceso que enfrenta Vega se debe a que el Frente de Respuesta Social Anticorrupción denuncia que Vega no habría cumplido con los requisitos establecidos para ser registrador nacional que, de acuerdo con la Constitución Política, es por méritos. Por esa razón, el Ministerio Público le dio un espaldarazo al hoy controvertido servidor público y aseguró que sí tiene todo lo necesario para estar en el cargo.
“El demandado -Alexander Vega- cumplió con los requisitos para ser registrador Nacional del Estado Civil, bajo los parámetros claros que fueron dispuestos tanto en el reglamento como en la convocatoria del concurso. Por cuanto los argumentos y los documentos allegados al proceso no tienen la identidad suficiente para acreditar que se produjo una vulneración del ordenamiento jurídico”, señaló la Procuraduría en una carta enviada al alto tribunal.
No obstante, los denunciantes aseguran que tanto la Corte Constitucional, el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia habrían realizado “violaciones” en la elección de Vega como director de la Registraduría “durante la fase de entrevista del proceso de elección”.
La defensa de la entidad dirigida por la procuradora Margarita Cabella fue en un documento de más de 50 páginas donde se asegura que Alexander Vega sí cumplió con los parámetros para llegar a esa designación. Es más, señalaron que el registrador acreditó los requisitos ante un grupo de juristas mediante “dos declaraciones juramentadas expedidas el 18 de julio de 2019 por los abogados Virgilio Almanza Ocampo y Luis Alfredo Macías Mesa, en las que se declaró bajo la gravedad que había ejercido profesionalmente como abogado por más de 15 años, con buen crédito y dedicación ante a Jurisdicción Contenciosa Administrativa y la Corte Constitucional”, agregó la Procuraduría.
Además, desestimaron las pruebas que los denunciantes presentaron contra el registrador e hicieron claridad sobre cómo se elige al dirigente de la Registraduría, que, entre otras cosas, se encarga de los procesos electorales del país, como la elección de los congresistas, los alcaldes y del presidente de la República.
“Las certificaciones ante notario no resultan ser los documentos más idóneos para certificar experiencia como abogado, sobre todo, para la elección de una dignidad como la del registrador nacional del Estado Civil, dignidad que tiene como tarea velar y garantizar el ejercicio democrático de la nación; no es menos cierto que tanto el reglamento como la convocatoria así lo establecieron, sin mayor condición sobre los términos en que debían rendidas”, agregó el Ministerio Público.
En apartes finales, la Procuraduría General exhortó a las autoridades competentes para que la elección del registrador nacional sea bajo un “objeto de una revisión para ajustar, de ser posible, los aspectos que fueron objeto de cuestionamiento, en beneficio de la institucionalidad”, señalaron.
Este respaldo se da en medio de la polémica que enfrenta Vega por las anomalías en los comicios de marzo, situación que, incluso, causó que la Fiscalía General de la Nación abriera una investigación preliminar en su contra debido a los contratos que celebró la entidad que dirige con Indra, la empresa española que dotó de software a la Registraduría.
De acuerdo con el ente acusador, Vega tendría presuntos nexos con la organización de informática, por lo que se investigarán esos nexos junto con los polémicos resultados de los comicios que definieron a los nuevos senadores y representantes a la Cámara, así como a tres de los candidatos a la Presidencia. Con Infobae