HRW denuncia abusos contra los civiles de las Farc y el Eln en la frontera con venezuela

Los grupos armados disidentes de las Farc y del Eln están cometiendo abusos brutales contra civiles en la frontera entre Colombia y Venezuela, en algunos casos con la complicidad de miembros de las fuerzas de seguridad venezolanas, y la respuesta de las autoridades colombianas ha sido inadecuada e insuficiente, asegura la organización Human Rights Watch en un informe que divulgó este lunes en Washinton, EE.UU.

Según el documento, estos grupos se disputan el control del territorio y de actividades ilícitas en el departamento colombiano de Arauca y el estado venezolano de Apure y añade:

«Los guerrilleros de ambos bandos, que anteriormente habían operado como aliados, han cometido múltiples abusos, incluyendo asesinatos, reclutamiento forzado, incluso de niños y niñas, y desplazamiento forzado».

Tambien afirma que «miembros de las fuerzas de seguridad venezolanas, que han estado implicadas en violaciones de derechos humanos que han dado lugar a investigaciones internacionales sobre presuntos crímenes de lesa humanidad, han realizado operaciones conjuntas con miembros del ELN y han sido cómplices de sus abusos».

Human Rights Watch comienza señalando que los enfrentamientos entre grupos armados que se disputan el negocio del narcotráfico en la frontera entre Colombia y Venezuela han provocado un aumento dramático de la violencia en los primeros meses de 2022, forzando a miles a huir de sus hogares.

La ONG indica que el 1 de enero de 2022 comenzaron los enfrentamientos entre el Comando Conjunto de Oriente –una coalición de grupos disidentes que surgieron tras la desmovilización de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)– y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Estos grupos se disputan el control del territorio y de actividades ilícitas en el departamento colombiano de Arauca y el estado venezolano de Apure.

“Los grupos armados están cometiendo abusos brutales contra civiles en la frontera entre Colombia y Venezuela, en algunos casos con la complicidad de miembros de las fuerzas de seguridad venezolanas, y la respuesta de las autoridades colombianas ha sido inadecuada e insuficiente”, advirtió Tamara Taraciuk Broner, directora en funciones para las Américas de Human Rights Watch.

“Las autoridades colombianas deben redoblar urgentemente sus esfuerzos para proteger a la población y asistir a las personas desplazadas, y la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU debe investigar la responsabilidad de las fuerzas de seguridad venezolanas en los abusos de las guerrillas”, puntualizó.

El informe hace las siguientes precisiones sobre la investigación realizada en la frontera colombo-venezolana:

Human Rights Watch visitó los departamentos colombianos de Vichada y Arauca en febrero de 2022 y entrevistó a más de 100 personas, incluyendo algunas por teléfono antes y después de las misiones. Los entrevistados incluyeron 43 personas que habían huido de Apure, así como líderes comunitarios e indígenas, funcionarios judiciales, autoridades locales colombianas y representantes de organizaciones humanitarias y de derechos humanos. La mayoría de las personas que sufrieron o presenciaron abusos temían represalias y hablaron bajo condiciones de anonimato. Human Rights Watch también revisó otras fuentes, incluyendo publicaciones de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA) y reportajes en medios de comunicación. El Ministerio de Defensa de Venezuela no respondió a una solicitud de información de Human Rights Watch.

Desde que iniciaron los enfrentamientos entre el ELN y el Comando Conjunto de Oriente el 1 de enero, al menos 3,860 personas se han desplazado internamente en Arauca y más de 3,300 personas han huido de Venezuela a los departamentos colombianos de Arauca y Vichada.

Ambos grupos armados han matado a decenas de personas. Muchos entrevistados dijeron que miembros del ELN buscaron a personas a las que acusaban de colaborar con grupos disidentes de las FARC. Los miembros del ELN mataron a algunas de estas personas, dijeron testigos, y se llevaron a otras. Algunas fueron asesinadas días después; las familias de muchas otras no saben qué ocurrió con ellas.

El 19 de enero, un carro bomba explotó cerca de un edificio en el centro de Saravena, Arauca, donde tienen su sede varias organizaciones comunitarias y de derechos humanos. Al menos 50 líderes comunitarios locales y defensores de derechos humanos estaban refugiados allí. El Frente 28 de las disidencias, parte del Comando Conjunto de Oriente, reconoció su responsabilidad en el ataque y señaló que el edificio era el “centro de mando urbano” del ELN.

La Policía Nacional de Colombia informó que hubo 103 homicidios en Arauca en enero y febrero. Esa es, por lejos, la cifra de homicidios más alta reportada en los primeros dos meses del año en Arauca al menos desde el 2010. Varias fuentes creíbles indicaron que algunas de las personas asesinadas pueden haber sido miembros de grupos armados, pero otras eran civiles. El dramático aumento de homicidios en Arauca este año refleja un preocupante deterioro de las condiciones de seguridad para civiles, señaló Human Rights Watch.

A ambos lados de la frontera, el ELN y el Comando Conjunto de Oriente también han forzado a numerosas personas a incorporarse a sus filas, incluyendo menores.

El 20 de enero, miembros del ELN irrumpieron en una casa en la zona rural de Puerto Páez, Apure, y se llevaron a la fuerza a una niña de 14 años y a su hermano de 18, dijo un familiar. El 28 de enero, una vecina le dijo a su madre que sus hijos habían sido asesinados durante enfrentamientos con una disidencia de las FARC y le indicó dónde encontrar sus cuerpos. La madre fue a la zona y encontró los cuerpos de sus hijos. Dijo que había muchos más cadáveres allí.

Miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) han participado en operaciones conjuntas con guerrilleros del ELN y han sido cómplices de sus abusos, dijeron numerosos testigos.

La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU sobre Venezuela, creada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 2019 con el mandato de investigar graves violaciones de derechos humanos, debe evaluar la responsabilidad de las fuerzas de seguridad venezolanas en los abusos cometidos por grupos armados en Apure e identificar la responsabilidad individual de funcionarios de alto nivel, señaló Human Rights Watch.

Miembros de las fuerzas de seguridad venezolanas han sido implicados en violaciones sistemáticas de derechos humanos que han llevado a la apertura de una investigación por parte de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional por presuntos crímenes de lesa humanidad.

Las autoridades colombianas han intentado disminuir el poder de los grupos armados en Arauca, principalmente enviando más militares a la zona. El ejército colombiano arrestó a miembros del ELN y del Comando Conjunto de Oriente e informó haber dado de baja a un importante líder disidente de la zona. Pero las operaciones militares no han protegido suficientemente a la población de Arauca, concluyó Human Rights Watch, y los esfuerzos para asistir a las personas desplazadas en Arauca y Vichada han sido insuficientes.

A pesar de los esfuerzos de las agencias humanitarias internacionales, cientos de desplazados no tienen suficiente acceso a alimentos, agua potable y servicios de salud, especialmente en Vichada. Muchos indígenas desplazados a Vichada desde Venezuela viven a orillas del río Meta en albergues improvisados. En Arauca y Vichada, los grupos armados han amenazado a algunas personas desplazadas, y las agencias humanitarias dicen que los niños desplazados están en riesgo de ser reclutados por grupos armados.

Las autoridades colombianas deben evaluar urgentemente las necesidades humanitarias de quienes huyeron de Apure, así como crear e implementar un plan de respuesta humanitaria para asistir a esa población. En Vichada, deberían considerar decretar un “estado de calamidad pública”, que con arreglo a la legislación colombiana permitiría la asignación de mayores recursos por parte del gobierno nacional para brindar asistencia humanitaria a las personas desplazadas. Las autoridades colombianas también deberían garantizar el acceso a un estatus legal en Colombia para los venezolanos obligados a huir de Apure.

Para conocer detalles adicionales sobre los hallazgos de Human Rights Watch, consulte la información a continuación.

Asesinatos

Human Rights Watch ha recibido denuncias creíbles sobre múltiples asesinatos de civiles cometidos por grupos armados en Arauca y Apure. En la mayoría de los casos, los grupos armados acusaron a las víctimas de ser cómplices de otros grupos armados, una práctica que ha sido común entre los actores armados en Colombia durante décadas.

Santiago Urrutia (seudónimo) dijo que el 1 de enero miembros del ELN fueron a buscar a su hermano Javier (seudónimo), de 26 años, a su casa en una zona rural de Tame, Arauca. Los miembros del ELN acusaban a Javier, un campesino, de colaborar con el Comando Conjunto de Oriente. Lanzaron a Javier al suelo, le ataron las manos y lo subieron a una moto.
Horas después, Santiago recibió un mensaje de un amigo con una foto del cuerpo de su hermano. La foto, a la que tuvo acceso Human Rights Watch, muestra que tenía una herida de bala en el cuello. “[Mi amigo] me dijo que era mejor que fuera y lo recogiera rápido antes de que lo lanzaran al río”, dijo Santiago, quien recogió el cuerpo de su hermano y lo enterró. “En ese lugar había más cuerpos”, dijo. Santiago huyo del municipio esa noche y no denunció el homicidio.

Dos miembros del ELN y un soldado de la FANB llegaron a la casa de Darío Salcedo (seudónimo) en El Ripial, Venezuela, la madrugada del 2 de enero, preguntándole dónde podían encontrar a su vecino Fernando Murillo (seudónimo), contó Salcedo a Human Rights Watch. Salcedo dijo que no sabía. El soldado de la FANB acusó a ambos de ser “informantes” del Comando Conjunto de Oriente. Salcedo lo negó y los miembros del ELN lo amenazaron de muerte, dijo. Otro miembro del ELN llegó a la casa y dijo que habían encontrado a Murillo.

Salcedo dijo que, cuando los guerrilleros se fueron, vio a través de una rendija en su puerta cómo dos miembros del ELN empujaban a Murillo, quien estaba atado de pies y manos, al suelo en el patio trasero de Salcedo. Otro testigo confirmó estos hechos a Human Rights Watch. Salcedo dijo que un miembro del ELN le disparó dos veces a Murillo y los guerrilleros arrastraron su cuerpo a una camioneta.

El 2 de enero, miembros del ELN se llevaron a Pedro Benítez (seudónimo), un campesino de 42 años, de su casa en una zona rural de El Ripial, Venezuela. Los guerrilleros ataron a Benítez de pies y manos y lo subieron a la fuerza a una camioneta, dijo un familiar que presenció los hechos. Un miembro del ELN acusó a Benítez de ser informante del Comando Conjunto de Oriente y le dijo a la familia que abandonara la comunidad de inmediato, dijo el familiar.

Algunos huyeron al departamento de Arauca, pero dos de sus hijos, que estaban trabajando en una finca cercana ese día, no aparecían, dijo el familiar. Días después, una vecina le dijo al familiar de Benítez que guerrilleros del ELN habían matado a Benítez y a sus hijos, según contó. La vecina le mostró dos fotos de los cuerpos. La vecina, que también fue entrevistada por Human Rights Watch, confirmó que quienes aparecían en las fotos eran los familiares de Benítez.

El 17 de enero, dos hombres armados dispararon contra el activista comunitario Miguel Alexis Amado Carrillo cuando salía de su casa en Arauquita, Arauca. Carrillo murió en un hospital horas después. Al parecer, fue asesinado por miembros del Comando Conjunto de Oriente, quienes lo acusaron de simpatizar con el ELN, según funcionarios locales que investigaron el caso.
El 25 de enero, dos hombres armados mataron a balazos a Álvaro Peña Barragán mientras trabajaba en una finca en Tame, Arauca. Al día siguiente, otros dos hombres asesinaron a su esposa, Rosalba Carmenza Tarazona Ortega, durante su funeral, dijo un testigo. La evidencia inicial indica que miembros del Comando Conjunto de Oriente asesinaron a ambos, alegando que habían cooperado con el ELN, según dijeron funcionarios locales a Human Rights Watch.
Desapariciones, secuestros y reclutamiento forzado, incluyendo de niños y niñas

Human Rights Watch recibió denuncias creíbles sobre varios casos de desapariciones, secuestros y reclutamiento forzado, incluyendo de niños y niñas, por parte de grupos armados. Por ejemplo:

En la madrugada del 2 de enero, guerrilleros del ELN ingresaron a la finca donde vivían Celina Franco (seudónimo) y su familia en una zona rural de El Amparo, Apure. Franco dijo que los miembros del ELN la acusaron a ella y a su esposo, Pedro Ramírez (seudónimo), de dar alimentos a miembros del Comando Conjunto de Oriente y ser sus informantes. Ellos negaron las acusaciones, dijo, pero los guerrilleros amenazaron con reclutar a sus hijos, de 8 y 15 años, si la familia no abandonaba la zona de inmediato.

Franco, su esposo e hijos comenzaron a caminar hacia el río Arauca para huir a Colombia. Pero los guerrilleros del ELN detuvieron a Ramírez, lo golpearon con la culata de un rifle en las costillas y le amarraron las manos. Franco huyó a Colombia. Tres días después, un hombre que no conocía se le acercó y le dijo que no debería preguntar por su marido.

Elvia Rodríguez (seudónimo), una mujer indígena sáliba de 34 años que vivía en una zona rural de Puerto Páez, Apure, dijo que el 26 de enero guerrilleros del ELN irrumpieron en su casa, donde ella y su esposo, Ramiro Meneses (seudónimo), dormían con sus cuatro hijos. Los hombres dijeron a su esposo que “él ya estaba advertido; o se iba con ellos o se llevaban a sus hijos”. “No tenía opción, le tocaba irse con el grupo”, dijo Rodríguez. El 29 de enero, su suegro le dijo que Meneses había muerto en un enfrentamiento con disidentes de las FARC.

El 2 de enero, guerrilleros del ELN llegaron a una zona rural de Arauquita, Arauca, y sacaron de sus casas a por lo menos 20 jóvenes, dijo una mujer que presenció los hechos. La testigo no pudo determinar si alguno de ellos era menor de edad. Los guerrilleros les ataron las manos y los obligaron a subir a camionetas y motocicletas, dijo. Cuatro miembros del ELN irrumpieron en la casa de la mujer y se llevaron a su hijo de 18 años, diciendo que debía unirse a la guerrilla, dijo. Los guerrilleros le apuntaron a ella con un arma y la amenazaron de muerte si no se iba de la comunidad. La mujer se fue y no ha sabido nada de su hijo desde entonces. “Todas las familias del pueblo huimos asustadas”, dijo.

Complicidad de las fuerzas de seguridad de Venezuela

Múltiples testigos, personas desplazadas y funcionarios humanitarios dijeron a Human Rights Watch que miembros de las fuerzas de seguridad venezolanas, en particular de la FANB y la GNB, han realizado operaciones conjuntas con guerrilleros del ELN y habrían sido cómplices de sus abusos.

“Esa mañana llegaron más de 10 hombres armados en motos y camionetas, unos se identificaron como el ELN y otros eran de la fuerza militar venezolana”, dijo una testigo. “Vi sus insignias de la FANB en sus uniformes”.

Otro testigo dijo que miembros de las FANB llegaron a su comunidad en Apure con guerrilleros del ELN, quienes se llevaron por la fuerza a varias personas a las que acusaban de colaborar con el Comando Conjunto de Oriente. “Los militares llegaron junto con los del ELN, pensé ‘nos van a matar a todos’”, dijo. “[Los militares y miembros del ELN] empezaron a gritar unos nombres, entraron a las casas de esas personas y se los llevaban amarrados”.

En 2020, Human Rights Watch concluyó que las fuerzas de seguridad venezolanas y otras autoridades eran tolerantes y a veces actuaban con connivencia con los grupos armados en Apure. Si bien la evidencia sugiere que tanto el ELN como las disidencias de las FARC generalmente han operado de manera más abierta en zonas de Venezuela que en Colombia en los últimos años, a partir de enero de 2021 las fuerzas de seguridad venezolanas comenzaron a enfrentarse al Frente 10 “Martín Villa”, uno de los miembros del Comando Conjunto de Oriente. Human Rights Watch documentó múltiples violaciones de derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad venezolanas en esos enfrentamientos, incluyendo torturas, detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales.

Desde enero de 2022, las autoridades venezolanas han dicho que las fuerzas venezolanas han destruido campamentos guerrilleros y laboratorios de drogas y han arrestado a 35 miembros de grupos armados a los que llaman “Terroristas, Armados, Narcotraficantes de Colombia” (TANCOL). Sin embargo, todas esas operaciones parecen haber tenido como objetivo al Frente 10 y otros elementos del Comando Conjunto de Oriente, no a otros grupos.

Respuesta Humanitaria en Colombia

Personas desplazadas internamente y “confinadas”

Entre el 1 de enero y el 11 de marzo, más de 3,800 personas se desplazaron internamente en Arauca, según estadísticas del gobierno colombiano. Además, nueve comunidades indígenas y un grupo de desmovilizados de las FARC han denunciado que sus miembros no salen de sus comunidades por temor a sufrir abusos por parte de grupos armados, una situación conocida en Colombia como “confinamiento”.

Con arreglo a la Ley de Víctimas de Colombia, los gobiernos municipales deben proporcionar asistencia humanitaria a las víctimas de abusos relacionados con el conflicto armado, incluyendo un albergue digno y alimentos. Ello debe ocurrir tan pronto como estas personas soliciten ser registradas como víctimas. La ley establece que, si un gobierno municipal no puede ofrecer dicha asistencia, el gobierno departamental o una agencia nacional, conocida como Unidad de Víctimas, debe intervenir.

Organizaciones humanitarias internacionales y la Unidad de Víctimas han entregado alimentos y suministros de salud a desplazados internos en Arauca. Pero estos han sido insuficientes para atender sus necesidades, dijeron víctimas y organizaciones humanitarias. Debido a las deficientes condiciones en que se encontraban, algunas personas han decidido regresar a sus comunidades a pesar de los graves riesgos de seguridad, dijeron los trabajadores humanitarios.

Varias alcaldías, que dicen carecer de recursos para asistir a las víctimas, se ofrecieron a albergar a los desplazados en estadios de fútbol y escuelas. Pero nadie aceptó por temor a que los grupos armados pudieran atacarlos allí. La mayoría de los desplazados viven con conocidos en los municipios de Arauca y Arauquita, a menudo en condiciones de hacinamiento.

Las autoridades no han evaluado el número de personas “confinadas” y sus necesidades, según señalaron organizaciones humanitarias. Estas restricciones al movimiento a menudo significan que los pueblos indígenas, que dependen más que muchos otros de la caza y la pesca para su sustento, no pueden trabajar ni alimentar a sus familias.

Una deficiencia clave es que el gobierno del departamento de Arauca no ha coordinado los esfuerzos humanitarios de las alcaldías y las organizaciones humanitarias, dijeron trabajadores humanitarios y autoridades gubernamentales.

Personas que huyen de Venezuela

Hasta el 11 de marzo, más de 3,300 personas, incluyendo colombianos y venezolanos, habían huido de Apure hacia los departamentos colombianos de Arauca y Vichada, según organizaciones humanitarias. Esto se suma a las personas que se encuentran desplazadas internamente en Arauca.

Las autoridades colombianas interpretan que las personas que sufrieron abusos en Venezuela no están cobijadas por la Ley de Víctimas, cuyo ámbito de aplicación abarca los delitos cometidos “en el contexto del conflicto armado interno”.

En Arauca, la Defensoría del Pueblo realizó un censo sobre la cantidad de personas que llegaron de Apure, pero las autoridades aún no han evaluado sus necesidades humanitarias, dijeron trabajadores humanitarios y autoridades locales a Human Rights Watch. Las organizaciones humanitarias han proporcionado alimentos y medicamentos y servicios de salud, pero estos han sido insuficientes, señalaron los funcionarios humanitarios.

La alcaldía de Puerto Carreño, Vichada, dice no tener fondos suficientes para brindar ayuda a las personas que llegan de Apure. La asistencia humanitaria del gobierno está a cargo de la oficina local de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres (UNGDR), una entidad que responde ante desastres naturales y de otro tipo, y que tiene un solo funcionario municipal en Puerto Carreño.

La asistencia humanitaria ha sido muy limitada en Vichada. Cientos de indígenas viven en “auto-albergues”, en su mayoría chozas construidas con palos de madera y techos de plástico, en Puerto Carreño, a orillas del río Meta. Estos albergues no tienen divisiones internas; allí están hacinados y expuestos a peligros naturales, incluyendo inundaciones por el aumento estacional del caudal del río. Otras personas viven con familiares o amigos, a menudo en condiciones de hacinamiento. El acceso a agua potable, productos de higiene y alimentos ha sido insuficiente, y algunos menores indígenas corren el riesgo de desnutrición, dijeron trabajadores humanitarios.

Los organismos humanitarios trabajaron con la alcaldía de Puerto Carreño para diseñar un “plan integral de asistencia humanitaria” destinado a coordinar los esfuerzos para ayudar a las personas que huyen de Apure. El plan está listo desde el 4 de febrero, pero al 23 de marzo el alcalde aún no lo había aprobado oficialmente.

Los trabajadores humanitarios y las personas desplazadas dijeron que la discriminación contra los pueblos indígenas también ha debilitado la respuesta humanitaria. Algunos funcionarios del gobierno local expresaron sentimientos discriminatorios en sus reuniones con Human Rights Watch; algunos dijeron que los indígenas que habían llegado “arruinaron el paisaje” y los describieron como “las peores personas” entre los que llegaron a Colombia.

Algunas personas entrevistadas, incluyendo los trabajadores humanitarios, dijeron que las personas de Apure desplazadas a Arauca y Vichada temen regresar a sus hogares y probablemente solicitarán refugio para poder quedarse en Colombia.

En marzo de 2021, las autoridades colombianas adoptaron un régimen de protección temporal para los aproximadamente 1.8 millones de venezolanos que viven en Colombia. Este mecanismo permite a los venezolanos que estaban en Colombia al 31 de enero de 2021 obtener estatus legal por 10 años, y permanece abierto a los venezolanos que ingresen legalmente a Colombia hasta marzo de 2023. Pero la mayoría de los venezolanos que huyen de los abusos recientes de Apure parecen haber ingresado a través de cruces informales y por ello no estarían cobijados bajo este régimen legal.

Enfrentamientos entre grupos armados

Los grupos armados que operan en el departamento de Arauca, al este de Colombia, y en el estado vecino de Apure, en Venezuela, utilizan la violencia para controlar la vida cotidiana de las personas. Imponen sus propias reglas, incluyendo toques de queda, la regulación de la pesca, el pago de deudas y el horario de cierre de los bares; y establecen sus propias sanciones para casos de violaciones, robos y asesinatos.

Varios grupos armados operan en los departamentos colombianos de Arauca y Vichada, y en el vecino estado venezolano de Apure, incluyendo el ELN, un grupo guerrillero formado en Colombia en la década de 1960; el Comando Conjunto de Oriente; y, en Apure, la Segunda Marquetalia y las Fuerzas Patrióticas de Liberación Nacional (FPLN), un grupo armado venezolano formado en la década de 1990.

El Comando Conjunto de Oriente y la Segunda Marquetalia surgieron de la guerrilla desmovilizada de las FARC luego del acuerdo de paz de 2016. La Segunda Marquetalia fue formada en agosto de 2019 por Luciano Marín Arango, alias “Iván Márquez”, ex-segundo al mando y máximo negociador de paz de las FARC. La Segunda Marquetalia parece tener vínculos con el ELN.

El Comando Conjunto de Oriente es una coalición de grupos disidentes de las FARC que incluye a los grupos conocidos como Frentes 28 y 45 y al Frente 10, que es el más importante en la zona. El Comando Conjunto de Oriente opera bajo el liderazgo de alias “Gentil Duarte”, un excomandante de las FARC que no aceptó el acuerdo de paz y quien coordina múltiples disidencias en Colombia.

Entre 2006 y 2010, las FARC y el ELN se enfrentaron en Arauca y Apure. El conflicto, desencadenado en gran parte por la oposición del ELN a los cultivos de coca en Arauca, condujo a abusos brutales, incluyendo la muerte de más de 800 civiles.

En 2010, los dos grupos armados acordaron poner fin al conflicto y desde entonces cooperaron entre sí. Cuando las FARC se desmovilizaron en 2017, un grupo de unos 15 guerrilleros abandonaron el proceso de desmovilización y crearon el Frente 10, que en buena medida continuó la cooperación de las FARC con el ELN, hasta que estallaron los enfrentamientos entre los grupos armados en enero de 2022. Ese mes, el Frente 10 se unió a otros grupos disidentes, incluyendo el Frente 28, que se había trasladado desde el departamento de Casanare, y el Frente 45, que había estado principalmente en el norte de Arauca y en el departamento de Norte de Santander, para crear el Comando Conjunto de Oriente.

Las disputas entre los grupos armados parecen haber surgido por varias cuestiones. El ELN acusó al Frente 10 de cometer abusos contra la población –lo que también hace el ELN–, de dedicarse al narcotráfico y de expandir su presencia a zonas controladas por el ELN. La falta de apoyo del ELN al Frente 10 en sus enfrentamientos desde 2021 con las fuerzas de seguridad venezolanas también debilitó la alianza entre los dos grupos.

Finalmente Human Rights Watch formula las siguientes recomendaciones:

A la Misión de Investigación de la ONU sobre Venezuela:

Investigar las denuncias de complicidad por parte de las fuerzas de seguridad venezolanas en los abusos cometidos por grupos armados en Apure, incluyendo el ELN y los grupos disidentes de las FARC, como parte del mandato de la misión de investigar graves violaciones de derechos humanos cometidas en el país desde 2014.

Al gobierno del presidente de Colombia Iván Duque:

-Realizar un diagnóstico integral de las necesidades de todas las personas obligadas a huir de Apure que se encuentran en Arauca y Vichada, así como de los desplazados internos.

-Garantizar el acceso a un estatus legal en Colombia para los venezolanos forzados a huir de Apure, incluyendo los indígenas que necesiten protección internacional.

-Adoptar e implementar un plan integral de respuesta humanitaria que asegure que los venezolanos que lleguen a Arauca y Vichada tengan acceso a asistencia humanitaria básica, incluyendo alimentos, albergue, equipos de protección personal y artículos de higiene necesarios para evitar la propagación del Covid-19; atención médica, incluyendo acceso a servicios de salud sexual y reproductiva; y acceso a agua potable y saneamiento básico.

-Tomar medidas para garantizar que toda la ayuda humanitaria que se brinde a la población indígena desplazada tenga en cuenta su cultura, usos y costumbres y sus necesidades.

-Trabajar con el gobierno municipal de Puerto Carreño para decretar e implementar un “estado de calamidad pública”, lo que permitiría asignar mayores recursos del gobierno nacional para apoyar los esfuerzos humanitarios para brindar ayuda a las personas desplazadas.

-Garantizar que las fuerzas de seguridad en Arauca y Vichada prioricen la protección de la población, en particular de los desplazados y de los líderes indígenas y comunitarios en riesgo.

-Garantizar que los menores de edad, incluyendo los desplazados, estén protegidos contra su reclutamiento y uso por grupos armados en el conflicto, y que se garantice su acceso a la educación.

-Llevar a cabo campañas contra la xenofobia y la discriminación en Arauca y Vichada, trabajando con las autoridades locales, grupos de la sociedad civil y la población local.

-Asegurar que la Unidad Nacional de Protección, organismo gubernamental encargado de proteger a las personas en situación de riesgo, fortalezca los esquemas de protección para defensores de derechos humanos, líderes comunitarios, comunidades indígenas y excombatientes de las FARC en Arauca y Vichada, tomando en cuenta el aumento de la violencia en la región.

-Velar por que la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad se convoque de forma periódica y desarrolle una política de desmantelamiento de grupos armados, según dispone el punto 3.4 del acuerdo de paz.

A la Fiscalía General de la Nación de Colombia:

-Priorizar las investigaciones sobre abusos cometidos por grupos armados en Arauca, aumentar el número de fiscales e investigadores en la zona, garantizando su protección, e incrementar su capacidad técnica para investigar estos delitos.

A los gobiernos donantes y las agencias humanitarias internacionales:

-Apoyar a las agencias humanitarias que trabajan en Apure, Arauca y Vichada para brindar asistencia adicional a colombianos y venezolanos en riesgo.

-Aumentar la presencia de trabajadores humanitarios en Apure y Vichada y asegurar que las agencias humanitarias a ambos lados de la frontera coordinen su respuesta para atender las necesidades de colombianos y venezolanos.

-Coordinar esfuerzos para garantizar que haya suficiente ayuda humanitaria disponible, incluyendo mediante la creación y administración de albergues para las miles de personas desplazadas que huyeron recientemente de Apure. (Información directa de Human Rights Watch).