Mi Propuesta al Congreso: Límite al Poder
Por: Rafael Porto C.
“El poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente”.
Lord Acton. (1887).
Restringir a tres periodos –doce años– la labor de congresistas, diputados y concejales es otra de las propuestas que llevo al Congreso de la república, la cual requiere de una reforma constitucional, pues los artículos 132, 299, y 312 de la Constitución Política de 1991 establecen un periodo de cuatro años para los miembros de cada corporación pero no señala límites, es decir, que se pueden reelegir indefinidamente.
Existen algunos actores políticos que se atornillan al poder como si su vida dependiera de aquel. En el Congreso, por ejemplo, el fallecido líder conservador costeño, Roberto Gerlein legisló 49 años, en Santa Marta, otro miembro del partido conservador, Juan Carlos Palacio lleva más de 22 años en el Concejo distrital de la ciudad. Se puede decir, entonces que el poder es la ficción más grande que jamás se haya inventado y quien lo detenta tiene miedo de perderlo.
Pues bien, ¿Qué se logra con esto?, a mi modo de ver combatir el fenómeno de la corrupción. En una Investigación de Transparencia por Colombia entre 2016 y 2020 se analizaron 967 casos de corrupción reportados en más de 2.000 notas de prensa publicadas por 25 medios escritos.
El 44 % de los casos analizados corresponden a corrupción administrativa, es decir, aquella que afecta la ejecución de recursos públicos y la provisión de bienes y servicios por parte del Estado. Dentro de este tipo de corrupción se destacan: contratación pública, la prestación de servicios de seguridad, como la venta de armas o de información y otros trámites administrativos, como otorgamiento de permisos de construcción o licencias ambientales, expedición de cédulas y cobro de impuestos.
El 27 % de los reportes estuvieron relacionados con corrupción política, es decir, casos en los que funcionarios manipularon procedimientos, reglas y trámites institucionales a su favor, con el fin de mantener o aumentar su poder.
Preocupa el desvío de recursos públicos y el uso de recursos de origen ilícito para financiar campañas políticas, y el pago de favores políticos mediante la asignación irregular de contratos y cargos públicos.
¿Quienes son los más afectados por la corrupción?
La corrupción nos afecta a todos, pero particularmente a niños, niñas y adolescentes, estudiantes y población en condición de vulnerabilidad socioeconómica.
El resultado es que la corrupción acentúa las desigualdades y es un obstáculo para que poblaciones vulnerables mejoren su calidad de vida. Se necesitan políticas integrales, coherentes y sanciones fuertes que aborden la corrupción en los ámbitos más afectados como los son: salud, educación, vivienda, y defensa.
Se requiere atacar seriamente la corrupción política que distorsiona el acceso y el ejercicio del poder y la corrupción judicial que impide alcanzar sanciones justas y efectivas.
La Corrupción en Colombia está soportada en redes de clientelismo y criminalidad. Es urgente adoptar medidas que se dirijan a recuperar los recursos públicos que se roban los corruptos mediante extinción de dominio a sus bienes, muerte política, y la pérdida del beneficio de la detención domiciliaria.
Ahora bien, los congresistas trabajan ocho meses y reciben doce meses de sueldo, no es justo con los demás trabajadores, es preciso que ganen por sesión, o en su defecto que se les pague el tiempo laborado, esto es, ocho meses, y si quieren recibir doce meses de sueldo, pues que trabajen como todos los colombianos y reciban 15 días de vacaciones.
Por otra parte, propongo que se elijan dos senadores por departamento sin importar el número de habitantes donde solo puedan hacer proselitismo político, esto es “buscar votos” en sus respectivas regiones, por ejemplo si yo fuera candidato al Senado solo tendría derecho a “buscar votos” en la región Caribe, con esto se evitaría la fuga de votos en las regiones, se contribuiría a la reducción de costos en las distintas campañas políticas y con ello la reducción de la corrupción electoral.
Finalmente, es necesario transformar la cultura de la trampa en la política. Esto exige un esfuerzo más allá de lo estatal e involucra a la ciudadanía, al sector privado y a la sociedad en su conjunto, en ese sentido, debemos empezar por implementar la sanción social al corrupto, pues las instituciones no funcionan o funcionan a medias y existe una rampante impunidad.
Aquí pensando en voz alta: La función primordial del Congreso es hacer las leyes, pero adicionalmente desarrolla las siguientes funciones: función legislativa, función constituyente, función de control político, función de control público, función judicial, función administrativa, función electoral y función de protocolo.
La duda que me embarga es ¿por qué algunos candidatos al Congreso en su discurso exponen “jalonar o gestionar recursos” para sus departamentos?, eso no lo establece la Constitución Política, pues prometen vías, escuelas, canchas de fútbol, etc. ¡Señores candidatos no engañen a la gente!, lo que prometen son asuntos que corresponden a alcaldes y gobernadores.