Procuraduría imputó cargos a exgobernadora de Putumayo, Sorrel Aroca
Por irregularidades en contratación durante su mandato, la exgobernadora del Putumayo Sorrel Arroca, Partido Alianza Verde, deberá responder en juicio disciplinario ante la Procuraduría General de la Nación.
El ente disciplinario le imputó cargos por presuntas irregularidades en la contratación del servicio de vigilancia para las instituciones educativas del departamento, por el equivalente a $5.453 millones de pesos durante los años de 2016 a 2019.
De igual forma, el exsecretario de Educación de Putumayo, Jorge Enrique Ferrín Dorado, fue cobijado en el pliego de cargos en materia disciplinaria para el periodo 2016 – 2017.
En el material dado a conocer por la Procuraduría advierte que al parecer los exfuncionarios habrían omitido la licitación pública en ese contrato para impedir que se escogiera “la oferta más favorable para el departamento”, luego de lo cual, de acuerdo con el ente disciplinario, se habría asignado a dedo el contrato.
Este cambio habría permitido exigencias a los posibles oferentes para que desarrollaran “un contrato de similares características en Putumayo, requisito que posiblemente limitó la participación de empresas legalmente reconocidas y con experiencia en el área de la vigilancia”.
Para la Procuraduría , éstas “exigencias restrictivas de la libertad de concurrencia que finalmente limitaron una participación más amplia de oferentes, allanando el camino para que una sola firma o proponente fuera habilitada para ofertar y finalmente seleccionada”, motivo por el cual se abrió el juicio disciplinario contra ambos funcionarios.
Los resultados de esta investigación fueron presentados en medio del Congreso Mundial de Juristas que se desarrolla en Barranquilla.
Aroca, primera gobernadora del departamento de Putumayo, ubicado al sur de Colombia, fue elegida con poco más de 53.000 votos para ocupar el cargo en los años de 2016 a 2020. Derrotó al candidato Jorge Eliécer Coral, del partido Conservador con el equivalente al 45,32% de la votación total.
La funcionaria contó con el apoyo de una alianza suprapartidista en la que figuraron los apoyos de sectores alternativos y de izquierda como el partido Social de Unidad Nacional, el partido Cambio Radical, Marcha Patriótica, Unión Patriótica, el partido Polo Democrático y un sector del Partido Liberal.
Pese a las promesas de cambio esbozadas en campaña, Aroca fue involucrada en una investigación de la Procuraduría a diez meses de iniciado su mandato por un contrato de 20 millones de pesos siendo presidenta de la Asamblea Departamental, cargo que desempeñó antes de su elección como gobernadora del departamento del Putumayo.
En ese momento, el ente disciplinario le impuso a Aroca una sanción de 11 años que le impedía ejercer cargos públicos; sin embargo, acciones legales por parte de Aroca le permitieron concluir su periodo.
A pesar de lo anterior, la funcionaria enfrentó la avalancha de Mocoa, una tragedia humanitaria que cobró la vida de más de 300 personas, por la cual fue imputada por la Fiscalía General de la Nación de homicidio culposo bajo la premisa de que ella conocía el “riesgo de amenaza, vulnerabilidad y riesgo inminente en el que se encontraba la población cercana a las cuencas hídricas y en consecuencia las altas probabilidades que existían de que una tragedia de esta magnitud se presentara en el municipio”.
La avalancha de Mocoa ocurrió entre la noche del 31 de marzo y la madrugada del 1 de abril de 2017 a causa de la temporada invernal en el sur de colombia. El balance oficial fue de 1.400 personas fallecidas y más de 400 heridas además de 200 desaparecidos y más de 15.500 damnificados. Con Infobae