Encontrón entre Gobierno y Partido Comunes por incumplimiento del acuerdo de paz

El miércoles 15 de septiembre se llevó a cabo en la Cámara de Representantes un debate de control político citado por los congresistas del Partido Comunes para reclamar al Gobierno nacional por los incumplimientos en la implementación del acuerdo de paz que ellos han detectado. En medio de la plenaria, ambas partes expusieron sus argumentos y, mientras los exguerrilleros señalaron al gobierno Duque de omitir los compromisos pactados, los funcionarios del Gobierno recalcaron el compromiso de este con la paz.

Uno de los primeros en intervenir fue el representante Luis Alberto Albán, quien en medio del conflicto armado fue conocido como Marcos Calarcá, quien abordó la financiación de la paz y las muertes de excombatientes luego de la firma de los acuerdos en La Habana.

Según Albán hay “una ausencia de garantías para los que dejamos las armas”, pero no solo para ellos, sino en general para la paz del país, pues aseguró que esta “está desfinanciada”. El exguerrillero detalló que “en el Presupuesto de este año que acaban de aprobar las comisiones económicas del Congreso solo se destina el 3,1 por ciento” al acuerdo, “es decir que la desfinanciación sigue acumulándose”.

Agregó que, según las cuentas de Partidos Comunes, 285 excombatientes han sido asesinados desde la firma del acuerdo. Albán resaltó que los firmantes que han sido víctimas de desaparición forzada serían 21, “podrían haber sido 22 si los campesinos en el municipio de Convención, Norte de Santander, no hubieran llegado oportunamente para evitar el entierro total de Dimar Torres, asesinado por el Ejército Nacional”.

“El Ministerio de la Defensa calificó en 2018 que las elecciones de ese año eran las más pacíficas. Ese mismo año el hospital militar dijo que era el año con menos heridos. Son hechos concretos que reportan las ventajas del acuerdo. Sin embargo, esa tranquilidad, se empezó a ir como se escapa el agua de los dedos. Poco a poco empezaron las masacres, las desapariciones forzadas, los secuestros”, expresó Albán.

Por su parte, su copartidario Sergio Marín hizo un comparativo para reforzar la denuncia de que el gobierno del presidente Duque ha estado incumpliendo con los acuerdos. El representate señaló que durante 2017 y 2018, cuando el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos tramitó el presupuesto, este fue de 41,03 y 51,16 por ciento respectivamente; mientras que para 2019 y 2020 fue de 26,20 y 22,08, respectivamente.

Las respuestas del Gobierno Duque

El consejero presidencial para la Estabilización, Emilio Archila, durante su intervención para responder a los integrantes del Partido Comunes señaló que espera que “a diciembre 31 de este año este proceso será, como nos lo están exigiendo las siguientes generaciones de colombianos, un proceso irreversible”.

Archila resaltó que “hay un señalamiento político”, por parte del Ejecutivo, “de que se va a cumplir, más allá de cualquier discusión”. Además, dejó claro que para la implementación del proceso está previsto que haya “tres administraciones” y que, para esto, también es muy importante que desde el congreso se siga teniendo la implementación como algo relevante para cumplir con lo acordado con los exintegrantes de los guerrilleros de las Farc.

Además, el funcionario del Gobierno señaló que es falso la supuesta falta de garantías señalada por los representantes del Partido Comunes, pues, según él, una de las mayores muestras de garantías es que los exguerrilleros puedan ocupar curules en el Congreso de la República, haciendo parte de un movimiento político que se creó tras la firma final del acuerdo.

“Ninguna de las cámaras de comercio del país ha sido tan eficiente como lo ha sido el gobierno de Colombia”, dijo Archila en la plenaria, señalando que más de 3.100 proyectos productivos de los excombatientes han sido apoyados en los tres años del gobierno Duque. Y agregó que han cumplido con la financiación de los programas de estos, incluso “algunos los rescatamos, como el de sustitución de cultivos que no tenía ni recursos ni planificación, y ya hemos invertido más de $1.3 billones para no dejar hundir en el retorno a la coca a más de 100 mil familias”. Con Infobae