Familias wiwa conocieron decisión de la JEP sobre falsos positivos en el Cesar y La Guajira
Sobre la determinación, por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), de 127 hechos de asesinatos y desapariciones forzadas en los departamentos del Cesar y La Guajira, presuntamente atribuibles a integrantes del Batallón N°. 2 de Artillería La Popa, entre los años 2002 y 2005, la Procuraduría General de la Nación, socializó con 20 familias de víctimas del pueblo Wiwa, los aspectos más relevantes de la decisión de este Tribunal.
El objetivo es garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, justicia, reparación y no repetición, y en aras de que todos los procedimientos que adelanta la JEP, contribuyan de manera efectiva a la materialización de aquellos que se vieron vulnerados durante el conflicto armado.
Según un comunicado emitido por la PGN, la intervención del Ministerio Público se llevó a cabo en la audiencia de notificación con pertinencia étnica desarrollada en San Juan del Cesar, La Guajira, dentro del Macrocaso “Asesinatos y Desapariciones Forzadas Ilegítimamente presentados como bajas en combate por Agentes del Estado”.
Según lo ordenado por la Sala de Reconocimiento, los familiares de las víctimas tendrán un plazo máximo de 30 días hábiles para presentar observaciones al Auto 128 de 2021.
Entre el 9 de enero de 2002 y el 9 de julio de 2005, integrantes del Batallón de Artillería No. 2 “La Popa, presentaron ilegítimamente a estas 127 personas asesinadas como bajas en combate, en 71 hechos ocurridos en ocho municipios del norte de Cesar, y dos municipios al sur de La Guajira.
La JEP les imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a 15 miembros del Ejército, entre ellos dos tenientes coroneles, tres mayores, un teniente, dos subtenientes, dos sargentos primero, un sargento viceprimero, un cabo tercero y tres soldados profesionales.