Colombia empeora en la capacidad de lucha contra la corrupción, según índice internacional
Americas Society / Council of Americas y Control Risk presentaron su tercera edición del análisis de Capacidad para Combatir la Corrupción 2021.
La pandemia de covid-19 cambió los planes de todos los gobiernos del mundo y la lucha contra la corrupción también tuvo un rezago que afectó a la mayoría de países, entre ellos a Colombia que bajó su índice de respuesta al robo de recursos públicos según el CCC 2021.
Este lunes, el Grupo Anticorrupción presentó el índice de Capacidad para Combatir la Corrupción 2021 en Londres para América Latina, haciendo la claridad de que la pandemia afectó los programas en ese sentido, así como redujo la vigilancia en el gasto de emergencia y se presentó deterioro institucional en algunos países.
El informe detalló que los países con mejores índices fueron la excepción como Uruguay, Chile y Costa Rica, que han logrado mantener la fortaleza de sus instituciones; mientras que las leyes anticorrupción en Chile y Colombia avanzan lentamente.
Colombia, según el ranking, continuó en su carrera descendente mostrando un deterioro en su capacidad de lucha contra la corrupción del 10% en comparación con 2019. Mientras en ese año, el país tenía 5.36 puntos, en 2020 bajó a 5.18 y este año, 2021, llegó a 4.81, ubicándose séptimo en el ranking de los 15 países de América Latina.
El Grupo Anticorrupción cuestionó que el presidente Iván Duque logró ubicar a amigos cercanos en los órganos de control, como el fiscal general Francisco Barbosa que se describió como su amigo de la universidad o Margarita Cabello que llegó a la Procuraduría después de ser ministra de Justicia.
“Casi todos los indicadores dentro de la categoría de capacidad legal disminuyeron, incluyendo una caída del 20% en la variable que mide la independencia del fiscal general y una caída del 17% en la independencia de los organismos anticorrupción. Estos retrocesos reflejan la percepción de que el Presidente Iván Duque ha colocado a figuras menos independientes en puestos clave como el de Defensor del Pueblo, el de Fiscal General y el de Procurador General, misma que fue nombrada en enero de 2021”, dice el informe.
El índice señala que los gastos de emergencia para la atención de la pandemia de covid-19 han presentado irregularidades en las contrataciones públicas y denuncias de otros casos de corrupción, por lo que calificaron esa variable como insuficiente en términos de transparencia y marcó un descenso del 21% en cuanto a medición del acceso a la información pública.
Esa situación había sido alertada por el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana que señaló que los gastos de emergencia no han sido administrados únicamente por el Fondo para Mitigación de Emergencias FOME, sino que otras entidades también han administrado gastos en el mismo sentido que no son claros para hacer seguimiento.
“Tras un año de la declaración del Estado de Emergencia, no es posible conocer el destino específico de los recursos empleados – peso por peso – y que persiste la ausencia de un plan de gasto detallado de los billonarios recursos presupuestados que aún no se han empleado”, sentenció el informe de la Javeriana.
Para el índice CCC 2021, el Paro Nacional sí han generado un incremento en el interés público de lucha contra la corrupción. “Colombia experimentó un aumento del 12% en la categoría de sociedad civil y medios de comunicación, en el contexto de las actuales manifestaciones en las calles en las cuales la corrupción es una de las muchas preocupaciones de los manifestantes”, señaló.
El índice monitorea como temas críticos la posible interferencia política del presidente Duque en la Procuraduría; la falta de interés político de los partidos para la aprobación de proyectos contra la corrupción debido al inicio de la campaña electoral de 2022; así como el posible avance de investigaciones en los aportes de Odebrecht a la campaña de reelección de Juan Manuel Santos en 2014.
El ranking de lucha contra la corrupción lo continúa encabezando Uruguay con 7.8 puntos de 10, seguido de Chile (6.51), Costa Rica (6.45), Perú (5.66), Argentina (5.16), Brasil (5.07), Colombia (4.81), Ecuador (4.77), Panamá (4.55), República Dominicana (4.38), México (4.25), Paraguay (4.08), Guatemala (3.84), Bolivia (2.43) y en último lugar Venezuela (1.40).
Cinco de los 15 países evaluados mostraron retrocesos significativos en el índice, siete presentaron prácticamente las mismas evaluaciones y tres mejoraron considerablemente. El país que más avanzó fue República Dominicana, mientras que México y Brasil fueron las economía que más descendieron, siendo las más importantes del continente.
“El objetivo del Índice CCC no es avergonzar o discriminar a los países, sino fomentar un debate basado en políticas públicas, ayudando a los gobiernos, la sociedad civil y el sector privado a identificar—mediante datos y una metodología sólida—las áreas de éxito y las deficiencias que deben abordarse”, señala el informe. Con Infobae