Las razones por las que Colombia no ratificó el Acuerdo de Escazú
El tratado alcanzó a ser ratificado por once congresos en toda la región. A pesar de que el Gobierno asegura estar a favor, se ha presentado lentitud en trámite legislativo.
Hoy, 22 de abril, entrará en vigencia el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, mejor conocido como el Acuerdo de Escazú, en referencia a la ciudad costarricense del mismo nombre.
La oficialización del tratado se hará a través de una jornada virtual que empezará a las 11 de la mañana (hora de Colombia), en cabeza de Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), encargada de la Secretaría del acuerdo.
Dicho encuentro contará con la participación de los doce estados que hacen parte del acuerdo, el cual podrá entrar en vigencia luego de que el pasado 22 de enero alcanzara las once ratificaciones estatales necesarias. Hasta el momento el tratado ha sido aprobado por los congresos de Argentina, México, Guyana, Uruguay, Bolivia, San Vicente y las Granadinas, Saint Kitts y Nevis, Antigua y Barbuda, Nicaragua, Panamá, Ecuador, y Santa Lucía.
A pesar de la presencia desde los orígenes del acuerdo, Colombia no es uno de los países que logró estar presente como una de las naciones integrantes al momento de entrar en vigencia. El pasado 12 de diciembre de 2019, en la Casa de Nariño, el presidente Iván Duque protocolizó la firma del Acuerdo de Escazú y mostró todo su apoyo no solo a los puntos clave, sino al trabajo de los ambientalistas colombianos e incluyó un guiño a la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez por el trabajo en torno al tema.
Sin embargo, contrario a los esfuerzos por lograr mayorías que se han evidenciado durante pujas como las reformas tributarias, el Gobierno no ha impulsado la iniciativa lo suficiente dentro de las instalaciones del Congreso. Además, cualquier esfuerzo pudo haber sido retardado por el año de pandemia que fue 2020, siguiente a la firma de Duque.
El proyecto fue radicado en el Congreso el 20 de julio del año pasado y el pasado 5 de noviembre de 2020, luego de una semana en la que presiones de sectores ambientales y políticos afines al Acuerdo de Escazú incidieron en la opinión pública para llamar la atención del Gobierno en cuanto a la gestión de la iniciativa que espera trámite en el Congreso, la Cancillería y el ministerio de Ambiente dieron luz verde a las discusiones en la comisión segunda para ratificar uno de los articulados más relevantes para la protección del medio ambiente en América.
“Este proyecto de ley reafirma el compromiso del Gobierno con la protección del medioambiente y el desarrollo sostenible. Es una decisión consistente con las apuestas que hemos emprendido a nivel multilateral para combatir el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la deforestación, y para proteger nuestros océanos y reducir la contaminación”, dijo, en su momento la ministra de Relaciones Exteriores Claudia Blum.
A pesar del esfuerzo, las comisiones segundas del Senado y la Cámara, encargadas de votar los proyectos relacionados con tratados internacionales, aún no han llevado a cabo el primero de los cuatro debates correspondientes al documento.
Sin embargo, todo apunta a que pueden existir fuerzas que se oponen al tratado. De acuerdo con una columna de opinión de Susana Muhamad, concejal de Bogotá, publicada en el portal Confidencial Colombia, existe un fuerte lobby del Consejo Nacional Intergremial. La política de izquierda afirma que todos los gremios colombianos, incluidos aquellos que tienen actividades en el agro del país, se opone a que pase el acuerdo en el Congreso.
“Los productores de gas, de plásticos, de palma, los constructores, las empresas de infraestructura, los de la caña, los banqueros, los del turismo, los productores de pollo, los ganaderos y terratenientes, se oponen a que se proteja a los líderes sociales y ambientales, porque están en contravía de sus intereses, los que, en muchas ocasiones, no tienen en cuenta a ninguna forma de vida, con tal de lograr sus fines”, expresó en el texto de la concejal, quien prevé la ratificación en el segundo semestre de 2022.
Otra figura política que rechaza que el acuerdo no haya sido ratificado fue la senadora Angélica Lozano, quien con la excusa del Día de la Tierra, recordó que, en lo que va del año, se han asesinado a 52 líderes ambientales, principales objetos de protección del tratado. Además, calificó la tardanza de Colombia como un “oso” internacional.
“El Acuerdo de Escazú especifica que para defender el ambiente es necesario proteger a quienes efectúan esta tarea. Aquí Colombia se raja. En lo que va del año han sido asesinados 52 líderes sociales, uno de ellos ambiental. A esto se suman 14 firmantes de paz”, expresó la congresista en Twitter.