Minas antipersonas mantienen confinados a cerca de 46 indígenas en Frontino
Las comunidades piden ayuda para poder regresar a sus resguardos, pero los campos minados no se lo permiten.
Desde el pasado fin de semana, varios indígenas salieron de sus casas para comprar víveres en Frontino, localizado en la subregión Occidente del departamento de Antioquia, pero su regreso no ha sido posible, pues grupos armados minaron la zona y por temor a caer en los artefactos, cerca de 49 nativos están varados en el sector La Blanquita del corregimiento Murrí.
De acuerdo con lo informado por RCN Radio, el alcalde de Frontino, Jorge Elejalde, confirmó que estas personas desean regresar a sus resguardos, pero por el temor de caer a un campo minado esto no ha sido posible, por lo que él se encuentra gestionando la manera de garantizar las condiciones de seguridad para su retorno.
“Ellos dijeron que habían ido a mercar porque les salía más fácil hacerlo en Frontino, pero desplazamiento como tal no hay. En Frontino no hay desplazamiento. <b>Esa gente se quedó ahí varada y no tiene cómo regresar porque les dijeron que el camino estaba minado”</b>, informó el mandatario.
Sin embargo, en las últimas horas se conoció que no solo las minas tienen atemorizadas las comunidades de aborígenes, según lo informado por la Unidad para la Atención a las Víctimas de Antioquia a Caracol Radio, el accionar del Clan del Golfo y el ELN en la zona prevé una masiva salida de ellos al casco urbano de la zona.
Wilson Córdoba Mena, director de la Unidad de Victimas, indicó que información enviada por el personero de la localidad, se estima que un poco más de 900 personas, unas 207 familias, podrían desplazarse en los próximos días.
En caso de que ocurra este desplazamiento, no sería hacia al casco urbano de Frontino, debido a que la zona de los enfrentamientos es muy alejada, en límites entre Vigía del Fuerte, Murindó y Frontino, por lo que se ubicarían en el centro poblado de Murrí – La Blanquita, dio a conocer la emisora.
Ante lo informado por la Unidad de Víctimas, el alcalde señaló que esta problemática se viene presentando desde el 2019, por el enfrentamiento en el camino entre Frontino y Dabeiba con Murindó. “Ahí ha habido afectaciones por minas antipersona, personas fallecidas, población indígena, menores de edad y enfrentamiento entre estos grupos. Esto ha provocado que a la gente le de miedo a salir”, explicó el alcalde Elejalde.
Desde el pasado 3 de maro, se conoció que una de las razones por las que inició el confinamiento de indígenas se dio luego de que por medio de audios enviados por Whatsapp y panfletos dejados en el occidente antioqueño por parte del Ejército de Liberación Nacional se anuncia la instalación de las minas, por lo que indígenas en medio de la zozobra y el temor empezaron abandonar sus resguardos.
Ahora, de los 38.000 indígenas que hay en Antioquia, aproximadamente unos 20.000 se encuentran en riesgo, especialmente los resguardos embera eyabida y los zenúes. Esto lo viene denunciando la Organización Indígena de Antioquia desde el año 2017, ya que, luego del Acuerdo de Paz, grupos paramilitares ocuparon el territorio donde se encontraban, anteriormente, la guerrilla de las FARC.
Este año ha sido varias las víctimas de comunidades indígenas que han terminado heridas o, en el peor caso, muertas por las minas antipersonales. De acuerdo con cifras oficiales, entre 1990 y principios de 2019, hubo 11.718 víctimas por minas antipersonales en el país, de las cuales 2.550 fueron de Antioquia, según Descontamina Colombia, entidad encargada de la acción integral contra minas antipersonales.
En una entrevista para el diario El Espectador, Amelicia Santacruz, consejera mayor de la Organización Indígena de Antioquia, habló sobre los miedos de que tiene su comunidad frente la explosión de las minas en las zonas rurales y el constante enfrentamiento que hay entre el grupo paramilitar, el Clan del Golfo, y la guerrilla del ELN en los municipios de Murindó, Dabeiba, Frontino, Ituango y el Bajo Cauca antioqueño.
“Las comunidades no pueden hacer casi nada. No pueden hacer sus asambleas, están cerradas. Esta situación comenzó desde hace dos años, pero a finales de 2020 se agudizó más el problema. La vida es muy difícil en estos momentos”, manifestó Santacruz.
Sobre el apoyo que han brindado las autoridades, Santacruz informó que esta ha sido nula, pero que por parte de la Guardia Indígena se ha buscado la manera de ayudar de alguna manera. “Cuando dimos a conocer la situación de confinamiento de las comunidades de Murindó y de Frontino, ellos hicieron un consejo de seguridad, pero eso no termina ahí. Lo que está pasando en las comunidades no se soluciona solo con consejos de seguridad, pues los territorios están muy alejados de los cascos urbanos. Se les entregaron unos paquetes alimentarios, pero no es suficiente. Esto es un tema de acompañar a las comunidades, porque las amenazas se han vuelto un diario vivir”.
Asimismo, aclaró que le apuestan al “desminado humanitario” ya que, por la presencia del Clan del Golfo y el ELN, el riesgo aumentaría si el Ejército Nacional interviniera la zona. “El desminado realizado por el Ejército no se permite, porque en los territorios están los actores armados. Si los militares entran es mucho más peligroso y se pueden presentar combates, que se traducirían en masacres, muertes y desplazamientos. Los actores ilegales no respetan las vidas. Por eso, nosotros proponemos que el desminado lo hagan otros organismos humanitarios”.