En 2020 se presentaron 76 masacres: informe anual de Naciones Unidas sobre violencia en Colombia
La representante en Colombia de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Juliette de Rivero, señaló que esta es la cifra más alta registrada desde el 2014.
En las últimas horas, Juliette de Rivero, representante en Colombia de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, presentó en una rueda de prensa virtual el reporte anual sobre la situación de violencia en el país, en el cual reveló algunos datos dolorosos sobre la violación de derechos humanos durante el año 2020.
En el 2020, nuestra oficina documentó 76 masacres y seguimos documentando otros 5 casos. Estas masacres implicaron la muerte de 292 personas, incluyendo 23 mujeres, 6 niñas, 18 niños, 7 indígenas y 10 afrodescendientes.
Según la Alta Comisionada, en Colombia hay territorios, comunidades, municipios y departamentos gravemente afectados por la violencia provocada por diferentes agentes criminales. Los departamentos donde más se presenta esta grave situación son Antioquia, Cauca, Chocó, Putumayo, Nariño, Norte de Santander y Valle del Cauca; y, dentro de ellos, las zonas con más víctimas son aquellas en las que habitan indígenas, campesinos y afrodescendientes.
En el informe señaló que, a pesar de que la tasa de homicidios a nivel nacional disminuyó con respecto al año 2019- pasó de 25 a 23,7 por cada 100.000 habitantes-, la violencia y el control territorial de grupos armados no-estatales y grupos criminales sí representó un incremento en la violación de los derechos humanos en Colombia.
Destacó, además, que durante los últimos años la violencia en el país ha tenido un incremento constante y que la cifra de 76 masacres en 2020 es la más alta registrada desde el 2014.
Según la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, durante el año 2020 se dieron un total de 94 eventos de desplazamiento masivo que afectaron a 25.366 personas, de los cuales el 76% se dio en los departamentos de Antioquia, Chocó y Nariño. Además, que 74.312 personas fueron víctimas del confinamiento por las restricciones impuestas por los agentes criminales a las poblaciones, es decir, condiciones que no tienen relación con las restricciones por la pandemia del coronavirus.
La violencia afecta los proyectos de vida de estas poblaciones y la protección de sus derechos culturales, espirituales y territoriales, entre otros. Juliette de Rivero.
Por otro lado, de Rivero destacó que, según la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, durante el año pasado se asesinaron a 73 antiguos integrantes de las FARC-EP, con los cuales se llegaría a la cifra de 248 homicidios desde la firma del acuerdo de paz en noviembre de 2016. Además, lamentó que en el transcurso del 2020 se amenazaron a 795 líderes sociales y defensores de los derechos humanos, de los cuales 44 % se produjeron en zonas rurales y el 14 % en Bogotá.
Durante el año pasado, la ONU recibió información sobre 133 casos de homicidios de defensores de derechos humanos, de los cuales ha verificado 90, esto corresponde a una cifra superior a la que presentó el lunes 22 de febrero el Gobierno nacional, cuando reportaron 66 asesinatos, número que también fue debatido por Indepaz y la Defensoría del Pueblo.
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“Esta cifra es representativa de los casos conocidos por la oficina, y por lo tanto constituyen solo una muestra del total de asesinatos ocurridos y no dan cuenta del universo completo”, explicó de Rivero y agregó que estos homicidios se suelen dar en zonas donde la presencia del Estado es deficiente, alerta que ya ha realizado anteriormente la organización internacional.
Una de las preocupaciones que evidenció la funcionaria en su informe es la falta de avances en la adopción de políticas públicas que correspondan al desmantelamiento de las organizaciones criminales, razón por la que realizó un llamado urgente a que se tomen estas políticas a través de la Comisión de Garantías de Seguridad del Acuerdo de Paz.
Sobre este punto, Juliette de Rivero afirmó que se reunió con el Fiscal Francisco Barbosa y acordaron mayor cooperación y asistencia técnica “en el área de desmantelamiento de estructuras criminales generadoras de violencia”.
Este preocupante balance realizado por la oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, será presentado ante el consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en Ginebra (Suiza), el próximo 25 de febrero.
Finalmente, la representante de la Alta Comisionada se refirió a las preocupaciones que tienen las Naciones Unidas sobre la Jurisdicción Especial para la Paz, “preocupan las afirmaciones de actores que buscan desacreditar la imparcialidad e independencia de estas instituciones y de las personas que hacen parte del sistema integral”, señaló de Rivero.