Desaparición de menores en Colombia, una problemática que la justicia no logra solucionar

Hasta el año pasado el Estado lanzó un “Protocolo de Alerta urgente para la búsqueda, localización y recuperación de niños, niñas y adolescentes reportados como desaparecidos”

Según Medicina Legal en el 2020 un promedio de 4 menores al día se desaparecieron en el país. De estos 1.579 menores, 811 aparecieron vivos y 10 muertos y del 758 restante no se conoce aún su paradero. Los datos evidencia que existe una constante en las cifras de desaparición de menores, pues en el 2019 hubo 2.392 menores desaparecidos y, para el 2018, 2.368. La reducción que hubo en el 2020 se la atribuyen a la cuarentena, no a las medidas tomadas por el Estado para tratar la problemática.

El número de casos relacionados con menores de edad entre los 10 a 17 años, edades en las que más menores se desaparecen, permite evidenciar problemáticas asociadas a la familia o a su entorno natural. Por lo cual las instituciones que se encargan de la búsqueda deben evaluar las condiciones desencadenantes de la desaparición y verificar aspectos asociados como violencia intrafamiliar, maltrato infantil, abuso sexual, conflicto de custodia, entre otros factores que determinan la opción de ausencia por parte de los niños y adolescentes, como puede ser interpretado bajo el análisis de factores desencadenantes adicionales, según ICBF.

Teniendo en cuenta que el bienestar y los derechos de los niños son fundamentales, en el 2020 el Gobierno publicó el “Protocolo de Alerta urgente para la búsqueda, localización y recuperación de niños, niñas y adolescentes reportados como desaparecidos”, que tiene como objetivo lograr una respuesta institucional coordinada a nivel nacional para la pronta recuperación de un menor de edad desaparecido. Dicha Alerta se fundamenta en el sistema de Alerta AMBER nacido en Estados Unidos y replicado en varios países del mundo.

AMBER, es un sistema de difusión de información que busca incluir de manera inmediata a la comunidad y agencias involucradas para ayudar en la búsqueda, localización y recuperación segura de menores de edad secuestrados. Las alertas se transmiten a través de radio, televisión, señales de tráfico, teléfonos celulares y otros dispositivos habilitados para datos.

El protocolo fue creado ya que el Estado colombiano encontró que de 2.392 menores reportados como desaparecidos en el 2019, el 51.5% continúan desaparecidos y el 0.7% aparecieron sin vida. Una cifra alarmante.

“Los casos de menores tienen mayor relevancia y se debe empezar una búsqueda inmediata. Es mentira que se deba esperar 24 o 72 horas; si el familiar hace una indagación inicial sin resultados y tiene indicios de su pérdida, debe acudir a las autoridades”, comentó Diana Ramírez Páez, profesional de Medicina Legal y Secretaria Técnica de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas, a el diario de El Tiempo.

La desaparición de una persona genera no solo las preguntas y la incertidumbre de ¿Dónde esta?¿Por qué se fue?¿Qué le pasaría?, sino que además, genera una clase de duelo en las familias constante, por eso la desaparición forzada es reconocida como un delito de lesa humanidad.

“Genera un daño muy grande en sus familias por no saber qué les pasó. Los padres, así sea un caso de hace 20 años, siempre piensan en cómo están sus hijos, si están grandes, si comen, si duermen, siempre con la expectativa de que están vivos”, explicó Andrea Torres Bautista, coordinadora del área jurídica de la Fundación Nydia Erika Bautista, al diario colombiano.

Pese a que las primeras investigaciones deben hacerse con la familia, como se menciona en el protocolo para descartar cualquier tipo de maltrato que hubiera recibido el menor. En el contexto colombiano también en se debe tener en cuenta el reclutamiento forzado por parte de grupos armados ilegales, trata de personas que hoy día esta convirtiéndose en un fenómeno común en la fronteras colombianas, microtráfico entre otras cosas.

Sin embargo, la búsqueda puede ser un problema pues como lo señaló Torres, pese a los protocolos y la responsabilidad que tiene el Estado, la justicia interpone muchas barreras que impiden que se solucionen los casos de los niños y reina la impunidad. “En Colombia no hay uno ni dos casos, son cientos de niños que desaparecieron y nadie habla de ellos. Se quedan en la impunidad, con padres que no se cansan de llorar”.

Un ejemplo, es el de las cinco menores que desaparecieron en Suba, en Bogotá, entre en 1995 y 1997, donde las instituciones hasta hoy día no han avanzado en la investigación y al comienzo las familias denunciaron negligencia por parte de la Fiscalía que dejo en libertad a los dos sospechosos del rapto de las menores.