Condenan a 4 años a ‘Tuto’ Ramírez Uhía por prometer no desalojar a invasores a cambio de votos

Este viernes el Juzgado Quinto Penal del Circuito con funciones de conocimiento de Valledupar, impuso la pena de 4 años y 10 meses de prisión en contra del exalcalde de Valledupar, Augusto Daniel Ramírez Uhía, tras ser hallado culpable del delito de corrupción al sufragante, debido a que en el 2011 cuando fue candidato por primera vez a al alcaldía de este municipio prometió no desalojar a invasores del sur de la ciudad a cambio de que votaran por él.

Esta pena de prisión la deberá pagar con detención domiciliaria y al momento quedó bajo disposición del INPEC.

Adicional a la pena impuesta ‘Tuto’ Ramírez, como es conocido el exmandatario, deberá pagar una multa de 287 salarios mínimos legales vigente para la época de los hechos, lo que es igual a $153 millones.

También quedó inhabilitado para ejercer funciones públicas, durante el cumplimiento de la pena.

En la lectura del fallo el juez Andrés Alfredo Palencia, manifestó que Ramírez Uhía, quebrantó los mecanismos de la participación democrática, acción que recayó sobre una abundante población vulnerable que registraba una necesidad especial y que fue aprovechada para manipular la libre determinación al momento de ejercer el voto.

«Se considera que se debe imponer la pena 58 meses de prisión, al considerar que fueron dos actos de promesa realizado por Ramìrez Uhía, uno en los Altos de Pimienta, Bello Horizonte II y Los Guasimales y otro a la invasión conocida como Tierra Prometida, todo esto en Valledupar. En el proceso se concurrió una serie de conductas punibles. El daño causado a la democracia y a los mecanismos de participación son considerables y perduran en el tiempo», refirió el juez.

Asimismo destacó que en los testigos se logró evidenciar su desazón ante el actuar de los políticos quienes elección tras elección siguen jugando con sus necesidades con la única opción que les queda en una sociedad que cada vez los limita más.

«Tampoco puede dejarse a un lado que esto fue en un gran número de personas, solo en Tierra Prometida estaban alrededor de 800 familias las cuales cada una contaba con dos personas actas para votar lo que representaba 1200 votos. Toda esta masa de votantes le pareció atractivo al procesado lo cual ha sido reprochado», subrayó el togado.

Una vez finalizó la audiencia el abogado del condenado, Alejandro Sánchez, apeló la decisión del juez, lo mismo que la representante de la Procuraduría General de la Nación, Marta Valera Ibáñez.

Ahora este proceso pasa al Tribunal Superior de Valledupar, el cual decidirá si la condena queda en firme o se revoca.