Un juez estudiará la tutela interpuesta por la defensa del exfiscal Luis Gustavo Moreno
Las solicitudes para proteger la vida del exfiscal anticorrupción empiezan a tomar fuerza en la justicia colombiana. Entes estatales se suman para pedir garantías sobre la integridad de Moreno.
Desde su llegada a Colombia, el exfiscal anticorrupción, Luis Gustavo Moreno, ha venido denunciando que su vida corre peligro como consecuencia de la información que tiene en su poder respecto a uno de los escándalos de corrupción más sonados del país: El cartel de la toga. Según él, su defensa, y su familia, hay personas que quieren callarlo y, para ello, estarían intentando atentar en contra de su vida. Un juez, tras una tutela interpuesta por Moreno, aseguró que iba a estudiar el caso para validar o negar el traslado del exfuncionario a un lugar en donde se le pueda asegurar una protección más poderosa, como lo está solicitando el exfiscal.
El juzgado 18 penal de conocimiento de Bogotá manifestó que comenzará el estudio de la tutela que solicita que el exfiscal sea trasladado al CESPO (Centro de Estudios Superiores de la Policía Nacional), para terminar su condena, que lo sentencia a pagar cuatro años y diez meses de privación de su libertad.
En diciembre del año pasado, cuando se habló de la posibilidad de trasladar a Moreno de la cárcel La Modelo de Bogotá al CESPO, el entonces general de la policía, Óscar Atehortúa, aseguró, en una entrevista para la Blu Radio, que la solicitud del exfiscal no podría hacerse realidad debido a que el CESPO no es un centro de reclusión.
“Nosotros dimos respuesta que CESPO es un instituto educativo de la Policía Nacional, no es un lugar de reclusión, por supuesto eso se lo respondimos al INPEC que nos hizo el requerimiento, ellos tienen más de 132 establecimientos carcelarios para ponerlos a disposición. CESPO no está adaptado en este momento y tenemos solamente la infraestructura para educar, capacitar y entrenar a nuestros oficiales de Policía en los diferentes grados en los cursos de capacitación para ascenso”, explicó.
Sin embargo, a pesar de las declaraciones de Atehortúa, hoy retirado de sus labores como general, Blu Radio informó que dentro de CESPO sí habían personas pagando sus condenas como por ejemplo el general Maza Márquez, condenado a 30 años de prisión por el asesinato de Luis Carlos Galán Sarmiento; el general (r) Mauricio Santoyo, acusado por la Fiscalía de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, Roberto Prieto, exgerente de campaña del expresidente Santos, acusado de recibir dineros por debajo de la mesa del empresario Eduardo Zambrano; entre otros.
Por esa misma razón, el 17 de diciembre de 2020, se interpuso la tutela que busca que, al igual que las personas que se encuentran recluidas allí, Moreno también pueda acceder a esas instalaciones en las que, según él, estaría más seguro. Además, estaría rodeado de personas con situaciones legales parecidas a las de él, y no de personas que han cometido diferentes crímenes y se encuentran aprehendidos en una cárcel de justicia común.
La tutela de Moreno no pudo ser atendida en ese momento porque, como consecuencia del periodo de vacancia judicial, los jueces estuvieron fuera de sus lugares de trabajo desde el 19 de diciembre, y volvieron a sus labores hasta la segunda semana del primer mes del 2021.
Con la luz verde de estudiar el recurso legal interpuesto por Moreno y su defensa, el juez encargado le dio al INPEC y a la Policía Nacional un plazo de dos días para entregar los argumentos por los cuales se oponen a que Moreno sea recluido en al CESPO, y que justifiquen que Moreno debe seguir recluido en la celda especial que le fue asignada en La Modelo.
El polémico caso de Moreno respecto a su lugar de detención y las graves denuncias que ha hecho respecto a atentados contra su vida, como un intento de envenenamiento de su comida en la cárcel La Picota, han llevado a que entidades estatales de control se manifiesten al respecto.
La Procuraduría General de la Nación envió una carta a la juez Ginna Coral del Juzgado Tercero de ejecución de penas, en donde se solicitaba corregir la decisión de enviar a Moreno a la cárcel La Modelo de Bogotá pues, de acuerdo a ese ente, podría haber un desacato a la Justicia.
La llegada de Moreno a Colombia, de acuerdo con la explicación de la Procuraduría, debe ser resguardada por las autoridades, pues, “se trata de un sentenciado a quien se deben brindar todas las garantías a fin de que continúe prestando su colaboración a la justicia en el marco de un fenómeno criminal que debe ser investigado y juzgado en su integridad”.
Así mismo, el Ministerio de Justicia, según informó la revista colombiana Semana, el martes 12 de enero, Wilson Ruiz, jefe de esa cartera del Gobierno nacional, envió una carta al INPEC en donde, entre otras cosas, solicitaba información respecto al estado de seguridad de Moreno, “como es de su conocimiento, el ciudadano Luis Gustavo Moreno Rivera ha manifestado a través de varios medios de comunicación y ante las autoridades judiciales competentes, una serie de preocupaciones acerca de su seguridad mientras se encuentre recluido en el Establecimiento de Reclusión del Orden Nacional La Modelo”.
El exfiscal Moreno, según informó el portal de Noticias Uno, tendrá una audiencia en febrero, en donde deberá rendir nuevas declaraciones frente al caso del Cartel de la Toga. Según le comentó al periódico colombiano El Espectador, todavía le queda pendiente hablar de varias cosas que conoce del caso que, según él, involucraría a muchos funcionarios que incluso, hoy en día, siguen activos en la vida política del país.