Al oído de los tibios
Luís Orozco Córdoba
Al parecer las opciones para la toma del poder y la instauración de un régimen comunista o socialista tipo siglo 21 se cerraron en nuestro país, los intentos de las Farc después de 50 años de obstinación guerrerista cesaron al ser negociados hábilmente con un gobierno cobarde y falaz y trocar su rotundo fracaso histórico en una agonía de corto plazo pues, convertidas en partido político, solo tendrán la representación parlamentaria temporal y gratuita concedida por el acuerdo ilegítimo antes de desaparecer por consunción electoral y desgano popular, al igual que tantos otros grupos sediciosos que las antecedieron en la vuelta a la legalidad. Tampoco aparece en el espectro político de hoy una fuerza electoral con capacidad de unir a las izquierdas dispersas y antagónicas y triunfar en las urnas con un programa de lucha de clases, expropiaciones, nacionalizaciones y generalización de la miseria, pues el fantasma de Venezuela recorre toda la América Latina.
Empero, sí se cierne sobre el sistema democrático colombiano una amenaza letal, una combinación de nuevas formas de lucha ya identificada por los analistas políticos, pero casi inadvertidas por la opinión ciudadana y nada preocupantes para los partidos y grupos de tradición liberal -en su sentido filosófico- inconscientes del peligro, adormilados y ahítos de la pitanza burocrática con todas sus adehalas y provechos.
Dos de las principales armas de combate que como nuevas formas de confrontación política se combinan para socavar la institucionalidad democrática, tomarse mediante el minado sigiloso, la justicia oblicua, la protesta anárquica, el sabotaje y el asalto callejero, el control de puntos estratégicos del país para conducirlo desde el caos a un sistema totalitario, son sin duda, en primer lugar, el denominado gobierno de los jueces, que se inicia en con la Sentencia C-836/01 de la Corte Constitucional cuando este alto tribunal añadió a su potestad meramente jurisdiccional la facultad de crear el derecho y se arrogó el poder de hacer y ejecutar la ley y de decidir sobre asuntos de dirección política y de asuntos del resorte gubernamental antes vedados a quienes por mandato constitucional están constituidos para administrar justicia. Este desborde de las facultades jurisdiccionales se ha extendido a los niveles medios y bajos de la judicatura a través de la acción de tutela que arropa con su manto infinito todo lo habido y por haber, desde la alusión presidencial a la Virgen de Chiquinquirá hasta el control sanitario de pasajeros de vuelos procedentes del exterior, pasando por dirección de la salud, de la educación y mil y un etcéteras.
Este gobierno de los jueces viene revestido del tinte ideológico que estos gobernantes de facto -no elegidos por la voluntad popular- imprimen a sus decisiones fundamentadas en el uso alternativo del derecho entendido como “un ejercicio hermenéutico por el cual el intérprete -judicaturas y abogados- da a la norma legal un sentido diferente al pretendido por las clases dominantes.” Este frente de lucha tiene a su haber innúmeras sentencias de tendencia “alternativa” las cuales no solo condenan al Estado por hechos exclusivos de sus opositores armados o desarmados, sino que lo caracteriza como un moderno leviatán que como política pública y de manera sistemática mata, viola, secuestra, tortura y desplaza a sus ciudadanos.
Otra de las nuevas armas de combate contra la institucionalidad democrática es el desafío a la autoridad a la cual se convoca como estrategia política de largo plazo, es la asonada, el vandalismo, el terrorismo urbano, la refriega callejera que no requieren que sus protagonistas o participantes tengan ideologías o preferencias políticas, sólo algún tipo de inconformidad con el sistema, de desadaptación social o de fe en los líderes de la anarquía quienes, disfrazados de paladines de los derechos humanos y campeadores de la desobediencia civil, son en verdad los cabecillas de la demolición institucional y del ataque generalizado contra todos los poderes de que habla Juan Lozano y Lozano.
El gobierno de los jueces, el desafío a la autoridad y la tibieza ideológica frente a esta nueva combinación de formas de lucha antidemocrática son ases en la manga de quienes aspiran derrotar al Estado colombiano en los próximos debates electorales. OJO AL 2022.