Los posibles errores que llevaron a la Contraloría a poner la lupa en Hidroituango

Según el ente de control, la megaobra, que debía convertirse en una de las más importantes del país, se condenó a través de una cadena de “malas decisiones”

Los errores de administración, ejecución, construcción y control tienen al proyecto de producción de energía que planeaba convertirse en el más importante del país bajo la lupa de los entes de control e investigación. Por un supuesto detrimento patrimonial en Hidroituango, la Contraloría imputó a 28 personajes importantes de la política y el mundo empresarial en Colombia, que deberán responder ante el organismo de control y ante el país por lo que la misma Contraloría considera una serie de errores.

El costo de construcción de la hidroeléctrica se había presupuestado en 6 billones de pesos, pero ya supera los 13 billones y, aunque se esperaba que desde 2018 estuviera operando, en septiembre de este año la obra apenas estaba en el 79,4% y el desvío del río Cauca estaba en 61,7%. El retraso es uno de los primeros errores que relata la Contraloría, en una larga lista de irregularidades, y por el cual se empieza a cuestionar a los imputados.

Según el organismo de control, la primera consecuencia grave que tuvo el proyecto de Hidroituango fue el detrimento por 1,1 billones de pesos, generado por el retraso de la obra al no cumplir con lo acordado. La “cadena de errores” que encontró la Contraloría General se originaron en la planeación y ejecución de la obra entre 2008 y 2015, pues el objetivo era que en 2018 la hidroeléctrica ya estuviera produciendo una energía que, además, ya había sido contratada.

El proyecto de energía había prevendido, por 13,99 dólares cada megawatio-hora, 2.9 millones de kilovatios al día, en un periodo que comprendía diciembre de 2018 a noviembre de 2038, como evidentemente esto no se cumplió, empezó el detrimento de la obra en 1,1 billones.

Además del retraso y el incumplimiento en el proceso de construcción de Hidroituango, están las modificaciones en las fechas de entrega de las obras. El segundo error que evidenció la Contraloría tiene que ver con los sobrecostos de la obra, al daño fiscal del proyecto se le abonaron 2,9 billones de pesos, por el aumento de inversiones y costos que generaron en el contrato el cambio de estas fechas, pues, al final, la obra terminó costando más del doble de lo que se había presupuestado inicialmente.

Sin embargo, se podría decir que esos cambios en las obras fueron anunciados desde la planeación de las mismas. Según la Contraloría, entre 2008 y 2009, es decir los inicios de Hidroituango, se presentaron denuncias sobre posibles fallas en el proyecto que, efectivamente, llevaron a que durante la ejecución se modificara el trazado de las vías de acceso de la hidroeléctrica, se replantearan los túneles de la misma y se aumentara la altura de la presa, tema que provocó más demoras en la construcción.

La improvisación de los túneles de Hidroituango son el tercer problema detectado por el organismo. Para el 2013, los retrasos en las obras eran más que evidentes y, como no se logró cumplir con el objetivo de desviar el río Cauca, decidieron crear un tercer túnel. En 2018, a causa de las fallas en su ejecución, la obra se desplomó causando grandes pérdidas y graves afectaciones a los habitantes de los municipios alrededor de la megaobra, como Puerto Valdivia.

Esta es la principal razón por la que Sergio Fajardo, según explica El Tiempo, aparece entre los 28 imputados, pues durante su periodo como gobernador (2012 – 2015) delegó a Iván Mauricio Pérez Salazar, quien también está entre los imputados, en la junta directiva del proyecto. Pero lo que dice la Contraloría es que Fajardo no ejerció sobre Pérez el control necesario, lo que generó los errores posteriores causados por las decisiones de Pérez; según el organismo de control la delegación que hizo Fajardo “no lo exime de responsabilidad” y por eso le imputó cargos por acción y omisión.

Teniendo en cuenta que los retrasos eran evidentes, la Contraloría dijo que durante los años de Fajardo como gobernador ya se sabía que la obra no iba a poder producir energía en 2018 como se tenía planeado, pero el exgobernador no tomó decisiones ni participó en las sesiones de la junta directiva de Hidroituango “para contrarrestar o mitigar los efectos negativos”.

A Aníbal Gaviria la Contraloría también le imputó cargos por acción y omisión, pues durante su periodo como alcalde de Medellín (2012 – 2015) su falta de control al proyecto, según el organismo, llevaron a que las inversiones de la megaobra aumentaran “injustificadamente”. “En el período en el cual el señor Gaviria se desempeñó como alcalde, en el proyecto se dieron una serie de situaciones que fueron determinantes para que se aumentara injustificadamente el valor de las inversiones y se impidiera la entrada en operación en la fecha programada”, dice la imputación citada por el diario.

De la misma forma, Luis Alfredo Ramos, gobernador entre 2008 y 2011, también fue llamado por omisión, pues debía controlar las decisiones que tomaba Álvaro Vásquez Osorio, el gerente que nombró en el Idea, que al final llevaron al retraso en los contratos de las vías de acceso de la hidroeléctrica. Sin embargo, Ramos no fue imputado por acción, pues la Contraloría determinó que él no participó en el proyecto ni como miembro ni como suplente en la Junta Directiva, a diferencia de Fajardo y Gaviria.

Los otros vinculados

Según El Espectador, la Contraloría dividió las responsabilidades fiscales del caso en cuatro componentes: los miembros de la junta directiva, los gerentes de EPM y de la hidroeléctrica, los alcaldes y gobernadores de entonces y los contratistas e interventores.

Dentro de los actores con responsabilidades individuales están Fajardo, Gaviria y Ramos. También está Alonso Salazar, alcalde de Medellín entre 2008 y 2011, quien según el ente de control estaría relacionado con las decisiones que llevaron a la pérdida del valor neto del proyecto, ya que pertenecía a la junta directiva de Hidroituango, junto a él está Juan Esteban Calle Restrepo, representante legal de EPM.

El detrimento patrimonial se dio por las acciones entre 2008 y 2015, según la Contraloría, razón por la que el exalcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, no hace parte de los imputados, ya que su administración empezó en 2016.

Por otro lado, los consorcios que están vinculados al proceso son el Consorcio CCCI Ituango, los constructores de las obras principales a quienes la Contraloría les imputó acciones como atrasos sistemáticos, defectos en la construcción y aumento de valores del contrato. Al Consorcio Túneles Ituango Fs también le imputaron atrasos sistemáticos en las obras de desviación, mientras a los consorcios Ingetec-Sedic y Generación Ituango, los culparon por ausencia de seguimientos al contrato y asesoría deficiente, respectivamente.