CIDH respalda firma de acuerdo entre el Estado colombiano y víctimas de un homicidio en Valledupar
Edgar José Sánchez Duarte fue asesinado frente a su esposa e hijos
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, respaldó la firma del acuerdo de solución amistosa en el caso del homicidio del médico optómetra Edgar José Sánchez Duarte, suscrito entre Graciela Sánchez Duarte, Arturo Mojica y Enrique Laiton Cortes en representación de las presuntas víctimas del caso y el Estado colombiano el 14 de julio de 2020.
El 1 de febrero de 2007, la CIDH recibió una petición en la que se alegaba la ejecución extrajudicial de Edgar Sánchez Duarte, por miembros de la Unidad Antisecuestro y Extorsión del Ejército Nacional en Valledupar, donde la víctima habría sido seguida durante varios días, hasta el 13 de septiembre de 1993, cuando recibió tres disparos de arma de fuego mientras se encontraba en las afueras de su domicilio, frente a su esposa y sus dos hijos. Los peticionarios alegaron la responsabilidad internacional del Estado colombiano, por los hechos que rodearon la muerte de Sánchez Duarte, así como la falta de investigación y esclarecimiento de los mismos.
El 7 de julio de 2018, la Comisión declaró admisible la petición y concluyó que era competente para examinar las presuntas violaciones de los Derechos Humanos.
El 23 de mayo de 2019, las partes suscribieron un acta de entendimiento para iniciar la búsqueda de un acuerdo de solución amistosa, posteriormente materializado con la firma del acuerdo el 14 de julio de 2020, en Bogotá.
El acuerdo de solución amistosa suscrito, contiene importantes medidas de satisfacción como lo son: el Acto de Reconocimiento de Responsabilidad y Disculpas Públicas con la participación activa de los familiares y los representantes de las víctimas, así como, representantes de las entidades del Estado; las medidas de rehabilitación la atención médica, psicológica y psicosocial para proporcionar un tratamiento adecuado, oportuno y prioritario a los familiares de la víctima a través del Sistema General de Seguridad Social en Salud; el otorgamiento de una beca de estudio con el objetivo de financiar la educación universitaria del hijo de la víctima y la compensación económica a los familiares de la presunta víctima.
Finalmente, la CIDH valora el diálogo colaborativo y constante entre el Estado colombiano y la peticionaria en las negociaciones bilaterales entre las partes para el diseño del acuerdo, e insta a las autoridades correspondientes a avanzar en el cumplimiento de las obligaciones internacionales derivadas del mismo hasta lograr la reparación integral de las víctimas y su cumplimiento total. Así mismo, la Comisión valúa la buena voluntad de la parte peticionaria y su trabajo comprometido en la consecución de un acuerdo que les permita a los familiares de la víctima el resarcimiento integral de sus derechos.