Condenan a la Nación por chuzadas al exmagistrado Iván Velásquez
Condenan a la Nación por interceptaciones y seguimientos hechos por el DAS al exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, Iván Velásquez.
El tribunal ordenó una millonaria indemnización, y la Presidencia de la República tendrá que hacer un acto de desagravio.
Como consecuencia de lo anterior, la sentencia condena «al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y a la Fiduciaria la Previsora S.A., sucesor procesal del DAS en proporción del 50 % cada una, a pagar a los demandantes por concepto de perjuicio moral» la suma de: 100 SMLMV al exmagistrado.
texto del fallo:
PRIMERO: DECLARAR administrativa y patrimonialmente responsable al extinto DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD -DAS y al DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA por los seguimientos ilegales realizados al señor IVÁN VELÁSQUEZ GÓMEZ cuando se desempeñaba como magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia.
SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, CONDENAR al DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA y a la FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A, sucesor procesal del DAS en proporción de 50% cada una, a pagar a los demandantes, por concepto de perjuicio moral, las sumas que a continuación se relacionan:
- A IVÁN VELÁSQUEZ GÓMEZ la suma equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
- A MARÍA VICTORIA GIL TORRES la suma equivalente a setenta y cinco (75) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
- A CATALINA VELASQUEZ GIL la suma equivalente a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
- A VICTOR JAVIER VELASQUEZ GIL la suma equivalente a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
- A LAURA CAROLINA VELASQUEZ GIL la suma equivalente a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
TERCERO: Como consecuencia de lo anterior, CONDENAR al DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA y a la FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A, sucesor procesal del DAS en proporción de 50% cada una, a pagar a los demandantes, por concepto de vulneración de dere