El Gobierno español intenta salvar la figura del Rey y lo separa de los negocios de su padre
El Gobierno intenta levantar un cortafuegos respecto al actual Rey. Que no le salpiquen las investigaciones que se siguen sobre su padre, porque estas «para nada impactan» o repercuten en la Corona y en la actuación del jefe del Estado.
Esa es la línea de defensa que el Ejecutivo desplegó este martes en torno a Felipe VI después de las últimas noticias publicadas por los medios en torno a los presuntos negocios oscuros del rey Juan Carlos. La última, la exclusiva de este periódico, que este martes desveló un acuerdo privado de marzo de 2011 [aquí en PDF] que incrimina directamente al anterior monarca en la gestión de la estructura ‘offshore’ que supuestamente le habría permitido ocultar 64,8 millones de euros de Arabia Saudí. Los estatutos de la sociedad panameña que se fundó en 2008 para controlar el dinero, Lucum Foundation, contienen la firma del Rey emérito en sus tres páginas y lo sitúan como «primer beneficiario» de los fondos. Pero el «segundo beneficiario» de esa fortuna es Felipe VI.
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El acuerdo incluía que el actual jefe del Estado debía garantizar, a la muerte de su padre, que esos recursos millonarios fueran usados para «garantizar el mantenimiento de todos los miembros de la familia real española», en particular la reina Sofía y las infantas Elena y Cristina y sus hijos nacidos «o por nacer». El pasado 15 de marzo, la Zarzuela emitió un comunicado para advertir de que el Rey nunca tuvo conocimiento de su condición de «segundo beneficiario» de la mercantil y desveló que anunció ante notario, el 12 de abril de 2019, su renuncia a la herencia de su padre.
El alcance que tienen las informaciones que hemos conocido llega hasta las personas que están directamente involucradasLa portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, preguntada sobre esta cuestión en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, insistió en que la Justicia «es igual para todos» y en que el Gobierno colaborará con los tribunales, de dentro y de fuera de España, cuando así se lo solicite. Pero la ministra también incidió en que las investigaciones judiciales, en Suiza y en España, se refieren «al anterior jefe del Estado«, no al actual. Estrategia que ya había anticipado este mismo martes El Confidencial.
El acta que incrimina al rey Juan Carlos
«Presunción de inocencia e igualdad»
«Ante la Justicia, cada uno responde de forma individual —recalcó—. Las personas que son llamadas o requeridas en los tribunales tienen que responder de forma individual a la cuestión que los jueces puedan dictaminar fuera y dentro de nuestro país. Por tanto, el alcance que tienen las informaciones que hemos conocido llega hasta las personas que están directamente involucradas. Será la Justicia la que tendrá que determinar y aclarar las posibles responsabilidades a las que hubiere lugar de todos y cada uno de aquellos que están compareciendo ante los tribunales. Nuestra función será auxiliarlos y ayudarlos en la medida de nuestras posibilidades».
Campo traslada un mensaje de «tranquilidad, serenidad y confianza» en la Justicia y remarca que las instituciones están «por encima» de sus titulares
La portavoz afinó aún más la respuesta en otro punto posterior de la rueda de prensa. Las actuaciones judiciales que se siguen en Suiza, señaló, «se están dirigiendo al antiguo jefe del Estado, y para nada tienen repercusión o impacto en el actual jefe del Estado». Marcaba así de manera más nítida la divisoria entre don Juan Carlos y Felipe VI. Montero recordó que cuando se empezaron a conocer los detalles de la fundación Lucum, el Rey renunció «de manera explícita a la herencia que en su caso le pudiera corresponder». La Zarzuela emitió ese comunicado horas después de que el rotativo británico ‘The Telegraph’ diera a conocer los vínculos de la sociedad panameña con el actual monarca.
Tanto Montero como el titular de Justicia, Juan Carlos Campo, enfatizaron en que dos de los principios nucleares de cualquier sistema democrático es la «presunción de inocencia» y la «igualdad de todos los ciudadanos ante la ley». Una cuestión «no retórica, sino real». Además, el Gobierno se deja guiar, en esta y otras causas, rubricó la portavoz, por un criterio básico: no se «pronuncia» sobre procedimientos judiciales en curso.
Campo, a su vez, trasladó un mensaje de «tranquilidad, serenidad y confianza» en los valores que regulan la democracia española. El ministro sostuvo que ese doble principio de igualdad ante la ley y de presunción de inocencia se aplica también «para las altas instituciones del Estado y quienes las hayan encarnado». «Quizá hace muchos años nunca pensamos que gente importante podía ser condenada. La Justicia es lenta, pero les aseguro que se hace», remarcó. Campo pidió que se deje actuar al Ministerio Público —la Fiscalía del Tribunal Supremo está investigando los presuntos negocios opacos del Rey emérito—, «sin prisa». Añadió algo más, un matiz importante: la «confianza en las instituciones» que la Constitución alumbró está «por encima de las personas«. Con estas palabras, por tanto, el responsable del Gobierno intentaba separar y salvar la institución, la Corona, de su anterior titular, el rey Juan Carlos.
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La respuesta a las últimas noticias sobre el monarca emérito fueron pilotadas por Montero y Campo, pero en ningún momento se pronunció el vicepresidente segundo y líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, también presente en la comparecencia posterior al Consejo de Ministros, igual que el titular de Transportes, José Luis Ábalos.
El Confidencial