Farc responde a ultimatum del gobierno sobre la entrega de bienes para reparar a víctimas

El partido Farc respondió este domingo el plazo que le fijó el gobierno nacional para que entregue a mas tardar el 31 de julio los bienes para reparar a las víctimas, y reiteró que hasta el momento le ha dado cumplimiento a lo determinado en el acuerdo del fin del conflicto.

En un comunicado los cabecillas de la extinta organización guerrillera consideran “una afrenta enviar mensajes de confusión frente a la reparación, tal como se hace por parte del Gobierno Nacional en el decreto 205 del 12 de febrero de 2020”.

Las Farc reseñan el inventario entregado al ejecutivo y recuerdan que parte de su “economía de guerra se sustentaba a través de un modelo de tributación que fue desmontado progresivamente y derogado finalmente el 4 de julio del 2016, en medio de las conversaciones de paz”.

Agregan que por esta razón, la organización quedó sin ingresos y se eliminó su capacidad de mantenimiento de bienes y activos. En este sentido—subrayan–desde esa fecha las extintas Farc ep funcionaron sin la consecución de nuevos recursos, lo que generó la disminución considerable de la economía de la organización.

A continuación transcribimos el texto del pronunciamiento del partido Farc, publicado en su cuenta en su página web bajo el título «Nuestro compromiso con la reparación sigue inquebrantable»:

Las víctimas siempre han estado en el centro del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera. Nuestro compromiso frente a ellas en el marco del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición sigue inquebrantable. Por ello, resulta una afrenta a las mismas enviar mensajes de confusión frente a la reparación, tal como se hace por parte del Gobierno Nacional en el decreto 205 del 12 de febrero de 2020.

El compromiso de reparar materialmente a las víctimas del conflicto como quedó establecido en el Decreto 903 del 2017, la Sentencia 674 de 2017 y sobre todo en el subpunto 3.1.1.3 del Acuerdo Final se mantiene vigente y ha sido constante desde el mismo momento en que se hizo entrega de nuestro inventario de bienes a la Misión de Verificación de las Naciones Unidas y al Mecanismo de Monitoreo y Verificación.

Desde ese momento, hemos expresado los siguientes factores para el buen desarrollo de lo pactado:

– Las antiguas FARC-EP no fue una organización titular del derecho de propiedad o dominio de los bienes que inventaría, por cuanto se constituyó como organización político-militar sin personería jurídica.

– Las FARC-EP, como ejército irregular, tenían como característica la movilidad permanente en los territorios, lo cual impedía el establecimiento de lugares fijos para albergue de los distintos activos y bienes.

– Parte de su economía de guerra se sustentaba a través de un modelo de tributación que fue desmontado progresivamente y derogado finalmente el 4 de julio del 2016, en medio de las conversaciones de paz. Por esta razón, la organización quedó sin ingresos y se eliminó su capacidad de mantenimiento de bienes y activos. En este sentido, desde esa fecha las extintas FARC-EP funcionaron sin la consecución de nuevos recursos, lo que generó la disminución considerable de la economía de la organización.

– Los bienes que hacían parte de la economía de guerra estaban destinados a gastos de funcionamiento y operación de la guerrilla, entre los que se encontraban material de intendencia, alimentación y salud de sus miembros.

– La presencia de las FARC-EP se dio en espacios de la geografía nacional donde históricamente no hubo presencia del Estado y donde aún no la hay. En este sentido, recomendamos la revisión de las investigaciones que adelanta la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) con respecto a la construcción de vías, instituciones educativas y otros bienes inmuebles por parte de la organización como forma de reparación en las zonas de conflicto. Sobre esto se reportan avances de más del 40 %.

– Dentro de las FARC-EP se realizaba una división de tareas que incluía la defensa de intereses y bienes de la organización. Para ello se clasificaba la información entre un número reducido de personas, quienes eran responsables de salvaguardar lo referido a la ubicación de lugares de albergue transitorio de bienes y activos. Sin embargo, el asesinato en medio de la confrontación de estas personas, el hurto y la apropiación por parte de terceros no fueron situaciones ajenas a ello, lo que implica afectaciones a la información de bienes y activos que tenía la organización.

Por otro lado, y con respecto al cumplimiento de la entrega de bienes muebles, inmuebles y dineros en efectivo, nos permitimos recordar que hasta el 10 de noviembre del 2019 el inventario de entrega se encontraba de la siguiente manera:

Respecto a metales, se ha entregado el 63 % de la cantidad de oro. En lo que se refiere a muebles y enseres, hay un avance de recepción del 12.3 %, sin que a la fecha hayan sido monetizados. Con respecto a semovientes, hay un porcentaje de avance del 60.6 %, que corresponde a 229 animales, los cuales en su mayoría han sido comercializados. El caso de más lento avance corresponde a inmuebles, en donde sólo se ha hecho la entrega efectiva de un 4.4 %.

114 millones de pesos en efectivo; 450 mil dólares en efectivo; 255 mil gramos de oro; 229 semovientes; 134 carreteras; 8 bienes inmuebles y 1.546 muebles, enseres y equipos varios.

Es necesario recordar una situación inicial que impactó directamente en el inventario: no se atendió el llamado de las FARC-EP sobre la recepción urgente de bienes, debido a la nula capacidad de custodia que se presentaría tras la salida de la organización de las áreas donde se encontraba.

Por otro lado, la demora en los procedimientos administrativos para la recepción de los bienes retrasó la recepción de estos. Ejemplo de esto fue la intención de la Fiscalía General de la Nación de hacerse con los bienes entregados por las FARC-EP, lo que generó un conflicto de competencias con la JEP, que terminó dirimiendo la Corte Constitucional a favor de la JEP.

Sin embargo, el gobierno de manera unilateral consideró y, posteriormente, expidió el Decreto 1407 del 24 de agosto del 2017, obviando las situaciones particulares ya descritas que acaecían sobre los bienes y activos. Aun así, hemos puesto a disposición nuestro esfuerzo y mayor alcance, pero la responsabilidad del orden público y sus consecuencias en el desarrollo de todas las actividades no son nuestra responsabilidad.

A quien se debería determinar una fecha para ajustar los procedimientos institucionales y de gobierno a la necesidad de construir paz en los territorios es al propio gobierno. En este sentido, nuestro delegado Pastor Alape, el 15 de febrero del 2018, solicitó medidas cautelares al Director de la Unidad de investigación y acusación de la JEP para la protección y aseguramiento urgente de los bienes y activos incluidos en el inventario de recursos entregado al Mecanismo de Monitoreo y Verificación del Acuerdo de Paz, debido a que hasta ese momento, e incluso hasta hoy 15 de febrero de 2020, el Estado colombiano no ha tomado posesión, lo que facilita el extravío, la pérdida o la usurpación de los mismos.