Se entregó el exalcalde de Codazzi Efraín Quintero investigado por contrato del PAE
Ante funcionarios de la Fiscalía General de la Nación se entregó el exalcalde de Agustín Codazzi Efraín Quintero Mendoza, el exsecretario de Educación Raúl Casimiro Bermúdez Castillo, y la contratista Linda Xiomara Navarro Hernández; investigados por presunto sobrecosto en un contrato del Programa de Alimentación Escolar en esa localidad.
Quintero Mendoza, alcalde en el periodo 2011-2015, habría firmado un convenio con la Fundación de Programas Prevención y Nutrición Porvenir, en el que se encontró sobrecostos relacionados con el Programa de Alimentación Escolar, PAE.
El exalcalde y los exfuncionarios quedaron a disposición de la Fiscalía 12 seccional por los delitos de peculado por apropiación agravado, falsedad ideológica en documento público y celebración de contrato sin cumplimiento de requisitos legales.
El contrato
Por esto mismo hechos, La Contraloría General de la República imputó cargos en Proceso de Responsabilidad Fiscal, por un presunto detrimento patrimonial de $70 millones de pesos, contra el exalcalde Quintero Mendoza.
El convenio fue financiado con recursos del municipio por valor de $418 millones, a pesar de que no era necesario, ya que la Gobernación había contratado para el mismo programa y beneficiar a estudiantes del municipio de Codazzi.
Los sobrecostos en la ejecución del contrato se dieron como consecuencia de que el Municipio de Agustín Codazzi realizó un estudio de mercado deficiente que adoleció de una estructuración del precio de las raciones, así como de un serio estudio comparativo y estructuración de costos, pues no señala de donde salen los valores para estipular el valor final de la ración, evidenciando deficiencia en la planeación y la ausencia de la cualificación los componentes de la ración.
Como consecuencia de lo anterior, la administración pagó de más al contratar la ración alimentaria por un valor mayor a los estipulados por el Ministerio de Educación Nacional, e incluso por encima de lo contratado y pagado por la Gobernación del Departamento del Cesar, en iguales condiciones de tiempo, modo y lugar.
Según la Contraloría, se evidenció que a pesar del objeto del convenio, la cobertura del PAE en el año 2015 no fue una cobertura total, ya que en algunas instituciones educativas del municipio no se incluía los grados 10 y 11 y al ejecutarse un contrato PAE por parte del Departamento de manera simultanea, la entrega de las raciones por el operador contratado por el municipio era desordenada y no se tenía identificada la población estudiantil beneficiaria del programa contratado por el municipio, ya que al momento de hacer la contratación, no se tenía certeza si la ración era preparada en sitio o industrializada.
Lo entregado por el operador no consistió en términos generales a desayunos, sino en su mayoría en refrigerios industrializados, lo cual contradice los estudios previos y el convenio suscrito, pues este se refería por lo menos a 2015 desayunos; y que sin existir cobertura plena, un mismo estudiante era beneficiario de los refrigerios y los complementos bien de desayuno o almuerzo, lo cual choca con los lineamientos del programa.