Audiencia sobre fumigación con glifosato: Entre efectos cancerígenos y costos para erradicar cultivos ilícitos
En el marco de la audiencia convocada este jueves por la Corte Constitucional sobre el uso del glifosato, los interventores enfrentaron tésis en torno a los efectos en la salud humana, esto es como factor cancerígeno, y en el medio ambiente, así como sobre los costos en dólares y la poca o mucha efectividad.
Lo que se evidenció en el marco del debate es que no hay estudios concluyentes en torno a que el glifosato causa cáncer.
El ministro de salud del anterior gobierno, Alejandro Gaviria defendió con ahinco la tesis del cáncer y además señaló que aumenta la mortalidad infantil y genera problemas respiratorios y dermatológicos.
Gaviria advirtió: “Si la salud es un derecho fundamental, el Estado no puede vulnerarlo de manera deliberada. En el caso del glifosato debe revisarse el principio de precaución. Éste es un examen técnico”.
Citó el caso de Brasil, donde se estudia la afectación de la población infantil y puntualizó: El glifosato, al contaminar el agua, incrementa la mortalidad infantil”.
“Para el caso de Colombia, agregó, a mayor número de áreas asperjadas, mayor número de consultas por enfermedades de piel y abortos espontáneos”.
El exministro de Ssalud Alejandro Gaviria, aclaró, de páso, el punto que no pudieron concretar los ministros del actual gobierno, diciendo:
“Una hectárea fumigada exitosamente cuesta apróximadamente 70 mil dólares”.
Además indicó que para asperjar una hectárea, “deben afectarse 30 hectáreas más y no se garantiza la no resiembra”
Quien defendió con vehemencia el uso del glifosato fue el Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez Neira.
Abiertamente sostuvo: “No hay una evidencia científica concluyente de afectación a la salud del glifosato”
Recordó que en 2016, estudios de la FAO y de la Organización Mundial de la Salud, establecieron que era “improbable” que el glifosato fuera genotóxico, esto es, que pueda unirse al Adn y afectarlo.
Igualmente dijo que un estudio de 2015 de la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (Iarc), el cual se basó la Corte para prohibir su uso, incluyó otros productos en la misma categoría de riesgo que este herbicida, como son las carnes rojas y el aceite reutilizado de cocina.
A su turno, Christopher Portier, profesor de la U de Queensland, precisó: “En 2013 hay un estudio que revisa diferentes tumores hallados en los ratones. Hay un linfona hallado en ratones femeninos. En otro estudio se hallaron tumores de tipos pulmonares que no se habían visto y debían estudiarse.”
Y agregó: “Últimos estudios mostraron incrementos en los posibles tumores (35). Esto es importante para determinar cuáles tumores están asociados al glifosato y cuáles son espontáneos”.
Por su parte, Keith Solomon, profesor de la Facultad de Ciencias Ambientales de la U de Guelph, señaló: “La toxicología revalúa aspectos relacionados con el glifosato. Todas las agencias de Canadá, Europa y Estados Unidos han descartado la relación entre el glifosato y el cáncer”.
De otro lado, el gobernador de Nariño, Camilo Romero Galeano, notificó: “En el Departamento de Nariño no estamos de acuerdo con la fumigación con glifosato. Sería desatar una crisis humanitaria. No se trata de un problema de criminalidad y narcotrafico sino de un problema social”.
Romero Galeano habló, además, sobre los elevados volúmenes de glifosato que se deben asperjar en su jurisdicción para exterminar los cultivos ilpicitos:
“A los dos Magistrados de nuestra región (Nariño), les digo que si el plan es solo utilizar glifosato, tendrían que derramar 3 millones 800 mil litros en nuestro departamento. No estamos de acuerdo con esto”.
La Procuraduría General de la Nación también fijo criterios precisos sobre el tema.
Lo hizo a través del viceprocurador, Juan Carlos Cortes, quien tácitamente rechazó el uso del glifosato, al sostgener que la mejor manera de atacar el crecimiento del área sembrada con coca es la sustitución voluntaria, pero acompañada de sólidas y efectivas políticas de desarrollo e inversión social y del ultimatum creíble de la erradicación forzosa.
Empero dijo que la Procuraduría es clara al señalar que los parámetros fijados por la Corte Constitucional para la práctica de aspersión área de herbicida sobre cultivos ilícitos, “no representan una traba en la lucha contra el problema de las drogas, sino una garantía institucional”.
En todo caso–subrayó–, la erradicación forzada es necesaria para el control de crecimiento de los cultivos de coca en el país. La aspersión aérea no la única herramienta, ni la determinante para enfrentar el problema de los cultivos ilícitos.
Añadió que con la sustitución voluntaria tendremos más desarrollo en los territorios, fuentes de ingreso permanente para las familias, transformación productiva del agro, creación de cadenas de valor más exitosas y medidas de autocontención sostenible.
También sostuvo que en el tema de erradicación y sustitución de cultivos ilícitos debe prevalecer el enfoque humanista e integral y debemos seguir siendo adalid de la lucha contra la criminalidad transnacional, especialmente contra el narcotráfico.
El Viceprocurador General de la Nación advirtió que “Nariño, Putumayo, Antioquia y Caquetá son las regiones más afectadas por los cultivos ilícitos. También son regiones donde hay más pobreza y ataques a líderes sociales”.
Finalmente indicó:“El glifosato es un mecanismo que debe estar sujeto a dos elementos. El desarrollo social en los territorios y garantía institucional conforme a lo dicho por la Corte en la sentencia T 236 de 2017”.