Rechazo a proyecto de ley que limitaría el ejercicio del periodismo

La aprobación a pupitrazo en la Comisión VI de Senado de un proyecto de ley que pretende establecer cortapisas para el ejercicio del periodismo en el país encendió las alarmas de las asociaciones de medios y las organizaciones dedicadas a la defensa de la libertad de prensa.

La iniciativa, promovida por el senador Jónatan Tamayo Pérez, conocido como ‘Manguito’, plantea revivir la tarjeta profesional de periodista que fue tumbada por la Corte Constitucional desde mediados de los 90.

Tamayo, el promotor de la iniciativa, fue elegido en la lista de los llamados ‘Decentes’ del petrismo, pero apoya la coalición que respalda al gobierno Duque.

Supuestamente, la intención de Tamayo es imponer «la responsabilidad y la ética» en el ejercicio periodístico, para lo cual plantea la creación de un consejo profesional en el que tendría asiento el Gobierno.

Entre las funciones de este consejo estarían: «estudiar las solicitudes de expedición de la Credencial, así como también diseñar los instrumentos de verificación de los soportes presentados», «recomendar el código deontológico» de la profesión, «aplicar suspensiones temporales o definitivas de la credencial profesional, así como realizar publicaciones sobre la suspensión de la misma, respetando el debido proceso» y «establecer recomendaciones con criterios para la asignación de publicidad oficial, así como también pronunciarse por la transparencia de la misma».
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En una carta al Congreso, el Proyecto Antonio Nariño -conformado por la Asociación Colombiana de Medios de Información (Ami), la Fundación para La Libertad de Prensa, Flip, la Fundación Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo Iberoamericano y Fescol- señalaron que el proyecto «va directamente en contra» de las premisas que dice defender «ya que lo que establece perjudicará al periodismo en Colombia y no avanza en la promoción de la ética periodística».

El Proyecto Antonio Nariño se conformó desde el 2001 para defender la libertad de prensa en el país.

En la carta, sus signatarios señalan que la expedición de la tarjeta profesional y la restricción de varios derechos fundamentales solo a quienes la posean son violatorios de la Constitución y la Convención Americana de Derechos Humanos por ser contraria al derecho a la igualdad y la no discriminación.

«Se quedarían por fuera de la posibilidad de obtener esta credencial -dice el documento- y de acceder a la plenitud de derechos que se reconocen:

– Los periodistas que no hayan cursado estudios universitarios en periodismo y que no tengan más de quince años de experiencia. – Los periodistas que no tengan quince años de experiencia pero que, a pesar de ejercer el periodismo, no obtengan el 70 por ciento de sus ingresos de esta actividad (¿desde cuándo los ingresos de un periodista son un criterio válido para acreditar la calidad, rigurosidad o importancia del trabajo periodístico?).

– Los periodistas que no logren ‘acreditar’ quince años de experiencia, incluso teniéndola».

Sobre el pretendido Consejo Profesional, la carta advierte que el proyecto «no establece mayores criterios» para que ejerza sus funciones, lo cual representa un riesgo para el libre ejercicio del periodismo: «Este proyecto de ley no tiene en cuenta los artículos y sentencias que él mismo invoca como relevantes (y) crea un riesgo alto de discriminación al crear periodistas de primera y segunda categoría, violando el derecho a la igualdad».

Además, plantea la carta que la iniciativa daría pie a que derechos que expresamente reconoce para quienes tengan la tarjeta profesional -como el acceso a lugares de interés periodístico- no sea reconocido a los periodistas que no tengan o no quieran ese documento.

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«Los periodistas también podrían ser discriminados en su contratación en entidades públicas o privadas por cuenta de esta credencial. Y si lo que busca el proyecto es la profesionalización de los periodistas, debería entonces hacer propuestas que avancen efectivamente en la consecución de este objetivo, en vez de en la exclusión de quienes no tienen título», cuestionan los signatarios del Proyecto Antonio Nariño.

Todo esto, agregan, va en contravía de los mandatos expresos de la Corte Constitucional, según los cuales los desarrollos legislativos para reconocer la actividad periodística “no pueden aparejar ningún tipo de exclusión”; “nadie debe tener el monopolio del reconocimiento del periodista” y que “la finalidad del reconocimiento debe ser eminente y exclusivamente protectora del periodista”.

«La ética periodística no se asegura con la aprobación de una carrera en periodismo. Así mismo, no podría asumirse que quien no haya cursado tal carrera no actúa de manera ética. En conclusión, el proyecto crea un riesgo de discriminación muy amplio sin ofrecer ninguna justificación suficiente para la creación de una credencial», advierten las asociaciones de medios y periodistas. ELTIEMPO.COM