Decretan muerte política para Miguel ‘Ñoño’ Elías
La decisión del Consejo de Estado decretó este viernes la pérdida de investidura para el exsenador Bernardo Miguel “Ñoño” Elías, por la aceptación de sobornos de la compañía brasileña Odebrecht.
El Consejo de Estado determinó que Elías incurrió en tráfico de influencias en el Congreso de la República, así como en la Agencia Nacional de Infraestructura ANI, con el objeto de que se le entregara directamente la obra para la vía Ocaña-Gamarra a la multinacional berasilera.
“La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia descubrió que exsenador Bernardo Miguel “el Ñoño” Elías habría ido más allá de la ‘venta’ de su gestión como congresista a Odebrecht, para participar en lavado de activos y ejecución de estrategias criminales”.
Así lo estableció el máximo tribunal de justicia al llamar a juicio al controvertido excongresista ahora por los delitos de concierto para delinquir y lavado de activos, “por su presunto compromiso con organización criminal liderada por la firma Odebrecht”.
Como se sabe, en marzo pasado, el Ñoño Elias fue condenado en sentencia anticipada a 6 años y 8 meses de cárcel por los delitos de cohecho y tráfico de influencias, dentro del mismo escándalo de corrupción.
La Corte Suprema de Justicia estableció que tras el recaudo de pruebas que comprometen su responsabilidad con la organización criminal que lideró la multinacional Odebrecht, acusó al exsenador Bernardo Miguel Elías Vidal como presunto coautor de los delitos de concierto para delinquir agravado y lavado de activos.
En esta segunda investigación, la Sala Tercera de Instrucción de la Sala de Casación Penal estableció otras formas de participación con las cuales Elías Vidal habría actuado dentro del grupo de funcionarios públicos cooptados por la firma brasileña, para conseguir la adjudicación de obras de infraestructura mediante el pago de sobornos.
Nuevos elementos de juicio apuntan a las dos conductas delictivas que se le atribuyen en esta providencia y se suman a las de la condena anticipada, ya impuesta por la Corte de 6 años y 8 meses de prisión por cohecho y tráfico de influencias, relacionados con el mismo entramado criminal.