Valledupar, uno de los municipios de la Costa más endeudados con los bonos de agua
Valledupar cayó en la deuda con los llamados ‘bonos de agua’, que hoy tienen en el ‘ojo del huracán’ al ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla. De $36.765 millones fue el empréstito para la ejecución de cuatro contratos de obras que quedaron a medias, y por los cuales los organismos de control abrieron investigaciones.
En la Costa, 42 municipios en los departamentos de Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, Magdalena y Sucre, accedieron a más de $148.000 millones en préstamos para contratar obras que buscaban superar, en su mayoría, las dificultades para el suministro de agua potable, tanto en las cabeceras como en las zonas rurales.
Sin embargo, fue peor el ‘remedio que la enfermedad’, porque los recursos llegaron, pero muchos de los proyectos no se terminaron, quedando las finanzas de los entes territoriales ‘ahogadas’ con préstamos a largo plazo, y las comunidades sin solucionar el problema de abastecimiento del vital líquido.
La inversión
Entre los casos en Valledupar figura el del acueducto del corregimiento de Camperucho, donde la Contraloría determinó un detrimento de $538 millones, tras quedar inconcluso. Según las pruebas recogidas por el grupo auditor, se evidenció que la tubería no pudo llegar a esa población, faltando 2.348 metros, lo que no permitió que el acueducto funcionara.
El veedor ciudadano de Valledupar, Jaime Mora, dijo que a pesar de que la Contraloría estableció un detrimento de $538 millones por las obras inconclusas del acueducto de Camperucho, y que la Fiscalía asumió una investigación para determinar responsabilidades penales por lo mismo, no existen sanciones al respecto. Mora indicó que “es lamentable y preocupante, el hecho de no cumplir con el objetivo de una obra tan importante para la comunidad. Además, el caserío se quedó con la necesidad que era primordial resolver”.
El crédito agudizó la crisis financiera del municipio, al punto que fue uno de los detonantes para que este entrara en Ley 550.
En 2010, bajo el mandato del entonces alcalde Luis Fabián Fernández, la administración local acudió a los ‘bonos de agua’, comprometiendo vigencias futuras del Sistema General de Participación (SGP) por 19 años. La mayoría de las obras quedaron siniestradas, y en cambio los pasivos de Valledupar ascendieron a $211.000 millones, que fue el total de las acreencias que entraron en reestructuración con la llamada Ley de Quiebras, que empezaron a pagarse en 2014.
La tasa de interés fue generosa, al punto que tal como se concibió el crédito, Valledupar en los 19 años terminaría pagando unos $90.000 millones, prácticamente el triple de lo que recibió el Municipio. Miguel Barrios/EH