Procuraduría investiga posible implicación de agentes de la fuerza pública en ola de asesinatos de líderes sociales
Una investigación para comprobar la posible implicación de agentes de la fuerza pública en la ola de asesinatos de líderes sociales y de derechos humanos, anunció este miércoles el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez.
“Estamos iniciando las indagaciones para esclarecer si hay agentes de la fuerza pública involucrados en los asesinatos los líderes sociales. Hay una cooptación de los agentes del estado por organizaciones criminales que están eliminando a los líderes sociales”, afirmó Carrillo Florez
Según el jefe del ministerio público lo que si es un hecho es que “hay despojadores de tierras que están asesinando a los líderes de tierras”.
Además subrayó que “sí hay sistematicidad en el caso de estos asesinatos”.
El procurador destacó los resultados de un informe elaborado por el organismo de control, el cual establece que se pudo constatar que la dinámica de violencia contra los que llama “Defensores de Derechos Territoriales, DDT”, es una práctica sistemática.
Dentro de ese marco, el informe concluye que existe una especie de reciclaje de violencias para desarticular las luchas por la defensa de los derechos a la tierra y el territorio; que la sistematicidad en las violaciones a los derechos de los DDT se identifica a partir de dos tipos de patrones de violencia, uno que ocurre al margen del aparato estatal y otro que está relacionado con las instituciones del Estado; que sin perjuicio de la sistematicidad no es posible identificar un autor único o un plan que orqueste de forma centralizada todos los homicidios, y que hace falta superar los modelos reduccionistas de atención a ese fenómeno de violencia, que se centran en estrategias reactivas frente al síntoma del riesgo y no reconocen como parte del problema el abandono estatal de las causas relacionadas con la protección de derechos relacionados con la tierra y el territorio.
Esta investigación de la Procuraduría General de la Nación demuestra el enorme impacto que la reclamación de tierras, despojadas por los grupos armados ilegales, ha tenido en el aumento de la violencia contra los líderes sociales y defensores de derechos territoriales, precisa el Procurador en la presentación del informe.
El mundo tiene los ojos puestos en Colombia por la crisis humanitaria que nos sacude. Sin duda, el modelo de protección individual ya cumplió su ciclo. Hay que adecuarlo a las nuevas circunstancias y realidades. Las medidas parecen inadecuadas e ineficaces, agrega.
También señala: Los problemas de protección no dan espera. Hay ausencia de autoridad y de Estado. Por desgracia la guerra no se resigna a desaparecer. La salida de las Farc en muchos territorios ha impulsado el ingreso de nuevos actores armados ilegales, como el ELN, las disidencias de las Farc y grupos paramilitares, que tratan de imponer sus condiciones a sangre y fuego, ante los vacíos e incapacidad del Estado por dominar la geografía nacional.
A ellos se suman disputas territoriales, por minería ilegal, explotación maderera ilegal, agricultura extensiva, control social y organizativo. Las comunidades han quedado en la mitad del fuego cruzado y la sed de venganza de los actores armados ilegales.
Nuestros jóvenes negros, indígenas, mulatos se han convertido en presa fácil de los violentos, que los reclutan o los matan, subraya.
Además precisa: La pobreza también mata, como la corrupción y el olvido. El Estado no puede aparecer en los territorios solo investido de fuerza. Se necesita que su autoridad se traduzca en garantía de los derechos fundamentales a la salud, educación, empleo y protección del medio ambiente.
El principal reclamo es la implementación de los mecanismos de protección colectiva. Hay muchas incógnitas sin resolver por parte del Estado en ese campo. Hay un decreto expedido y demasiada ignorancia sobre sus alcances y mecanismos de implementación.
Para los pueblos étnicos es más importante la protección colectiva que la individual. La Procuraduría le ha exigido al gobierno nacional que se meta la mano al bolsillo y ponga sobre la mesa los recursos para garantizar ese derecho. Si había plata para la guerra, debe haber plata para garantizar la vida de las comunidades. Los recursos del posconflicto deben sembrarse donde más se necesitan.
Hay que actuar con contundencia y garantizar en los territorios la protección de las comunidades frente a las amenazas del despojo y la concentración de la tierra por parte de los actores armados ilegales y los poderosos dineros del narcotráfico y la corrupción.
El Estado debe entender que los mecanismos de protección colectiva hay que construirlos con las comunidades y autoridades étnicas. Ellas son las que saben.
No se puede legislar de espaldas a las comunidades. Es urgente, además, que el gobierno nacional valide y fortalezca los mecanismos de autoprotección de las comunidades que vienen funcionando: guardia indígena, guardia cimarrona, entre otros.
El Estado tiene por delante una tarea interinstitucional de gran envergadura, que exige imaginación y compromiso. Hay mucho que aprender de las comunidades, hay mucha esperanza por sembrar en la Colombia olvidada.
Es hora de diseñar de manera articulada una política pública integral de protección, que recupere lo bueno de la UNP e incluya propuestas nacidas de las comunidades. La Procuraduría ha convocado la Mesa Nacional de Protección Integral de Líderes Sociales y Defensores de Derechos Humano, que presentará al gobierno nacional una propuesta seria y realizable en este campo.
Con este documento el Ministerio Público ratifica su compromiso con la defensa del derecho a la vida. Cada líder amenazado, estigmatizado, desplazado, exiliado, asesinado o desaparecido debe mover los cimientos del Estado y de la sociedad para exigir el respeto a la vida. Ni uno más, debería ser un grito colectivo para detener este desangre. ¡Paremos la máquina de la guerra ya!, concluye el procurador.
El documento advierte que la información sobre la cifra de víctimas tiene debilidades en la identificación, hasta el punto de generar un subregistro de estos homicidios de hasta un 33%.
Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) durante el 2017 fueron asesinados al menos 78 líderes sociales (ACNUR, 2017). Conforme a la investigación conjunta realizada por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) y Marcha Patriótica (Indepaz, 2017), entre enero y agosto de 2017, 101 líderes fueron asesinados. Por su parte, el balance del programa no gubernamental Somos Defensores arrojó un resultado de 51 defensores de derechos humanos asesinados tan solo en el primer semestre de 2017 (Programa Somos Defensores, 2017).
La Defensoría del Pueblo en el informe especial del Sistema de Alertas Tempranas, del 30 de marzo de 2017, Violencia y amenazas contra los li?deres
sociales y los defensores de derechos humanos, señaló que en el lapso de catorce meses comprendido entre el primero de enero de 2016 y el cinco de
marzo de 2017 se registraron 156 homicidios contra líderes sociales, comunitarios y defensores de derechos humanos (Defensoría del Pueblo, 2017).
La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos (OACNUDH) reveló, en un comunicado de prensa, que entre el primero de
enero de 2017 y el 20 de diciembre del mismo año se habían producido 105 homicidios en contra defensores de derechos: «73 asesinatos contra líderes y lideresas, 18 asesinatos de miembros de movimientos sociales y políticos, 14 víctimas durante movilizaciones sociales» y 11 casos más estaban en proceso de análisis (OACNUDH, 2017).
La Defensoría del Pueblo registró que entre el primero de enero de 2016 y el 27 de febrero de 2018, el número de homicidios en contra de defensores de derechos humanos, líderes y lideresas sociales y de restitución de tierras había subido a 282 según la base de datos de la entidad (Defensori?a del Pueblo, 2018).
Durante la vigencia de la Ley 1448 de 2011 y los Decretos Leyes 4633 y 4635 de 2011 la URT ha registrado el asesinato de 40 personas asociadas a procesosde restitución de tierras o derechos territoriales.
La Procuraduría General de la Nación consolidó la información de la URT con ejercicios de articulación con otra información reservada entregada por el Ministerio de Defensa y del ministerio público. Inicialmente, la URT reportó 43 homicidios de DDT, de los cuales 35 eran campesinos, seis de comunidades negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras (NARP) y dos de pueblos indígenas. Después del ejercicio de consolidación, resultaron 45 homicidiosreportados, de los cuales un 73?% eran de DDT campesinos y un 27?% correspondían a comunidades étnicas.
Del total de DDT asesinados, 29 personas eran titulares de solicitud de restitución de tierras, 12 eran parientes en primer grado de consanguinidad afinidad de un solicitante de restitución y cuatro eran personas asociadas a procesos de restitución aunque no se habían registrado como solicitantes de inscripción en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente (RTDAF).
La Procuraduría advierte sobre la necesidad de que el Gobierno nacional haga una revisión seria acerca de las omisiones en que ha incurrido en materia de protección de espacios democráticos, que resurgen después de décadas en que no era posible visibilizar los procesos comunitarios de reivindicación de derechos territoriales.
La recuperación de las dinámicas democráticas que permiten la resolución de conflictos mediante debates, y pulsos políticos y jurídicos, necesita de procesos de acompañamiento y protección que con el tiempo podrán desmontarse, pero que durante la transición hacia la consolidación de la paz deben ser protegidos desde diversas dimensiones de manera integral y coordinada.
Desde luego, dentro de esas dimensiones no puede descuidarse, pero tampoco puede limitarse, la que responde a la obligación estatal de garantizar la vida y la seguridad de los ciudadanos, finaliza.