En Santa Marta también han construido edificaciones con licencias falsas: Fiscalía
La grave situación descubierta en Cartagena, se repite en Santa Marta. La Fiscalía estableció que en la capital del departamento del Magdalena también se han realizado construcciones sin licencia y como consecuencia de la primera fase de la investigación, fue capturada una arquitecta, quien habría intervenido y facilitado el registro de 13 documentos falsos.
En las investigaciones fue obtenido material probatorio que permitiría demostrar que en varios sectores de la ciudad se levantaron edificaciones que habrían sido avaladas con 13 falsas licencias de construcción.
El fiscal de conocimiento recopiló material probatorio que demostraría la responsabilidad de la arquitecta Fanny del Carmen Sabaleth Martínez, quien habría facilitado la expedición y posterior registro de licencias para subdividir, relotear y construir inmuebles que luego se pusieron a la venta.
En las últimas horas la Fiscalía ejecutó la orden de captura emitida por un juez de la República en contra de la arquitecta Sabaleth Martínez, a quien le imputarán cargos por los delitos por falsedad en documento público, obtención de documento público falso y fraude procesal.
La Fase II de esta operación se concretará en los próximos días, respecto de particulares y funcionarios que aparecerían comprometidos con los procesos de fraude por el registro de licencias y documentos fraudulentos.
Los mismos hechos que ahora se ponen en evidencia en Santa Marta, se presentaron en Cartagena, la capital de Bolívar, donde los fiscales de conocimiento advirtieron la falsificación de las licencias que permitieron la construcción de 36 edificios en la ciudad.
Con estos permisos espurios levantaron las edificaciones, vendieron apartamentos y locales comerciales y, posteriormente, obtuvieron escrituras públicas y registraron los inmuebles.
Por estos hechos, fueron capturadas y cobijadas con medida de aseguramiento nueve personas que harían parte del llamado Clan Quiroz, y posteriormente fueron judicializados cinco funcionarios y exfuncionarios públicos que habrían facilitado las actividades ilegales.