‘Minería criminal es un grave flagelo para el país’: Congreso Nacional Minero
Sobre una minería bien hecha, trata el cuarto Congreso Nacional Minero que se lleva a cabo este jueves en Cartagena, donde en el acto de instalación precisamente el presidente del Consejo Directivo de la Asociación Colombiana de Minería, José Miguel Linares, habló sobre los retos y responsabilidades del Estado y de las compañías frente a la actividad; así como de la minería criminal, considerándola como un grave flagelo en Colombia.
“La minería criminal es uno de los más graves problemas que hoy enfrenta, no solo la industria extractiva, sino el país. Esta actividad ilícita es hoy manejada por las principales organizaciones criminales y es una importante fuente de financiación de sus actividades ilícitas. Pero además distorsiona negativamente la imagen de la minería formal, compromete la diversidad biológica y es una gran amenaza para los ecosistemas. Dados los actores al margen de la ley que se involucran en ella, la minería criminal también es un foco de inseguridad, corrupción, depredación del medio ambiente y conflictividad social”, expresó.
No obstante, resaltó el esfuerzo que ha venido adelantando el Gobierno, a través del Ministerio de Minas y Energía, la Agencia Nacional de Minería, las autoridades judiciales de Ejército y Policía en contra de esta práctica “turbia e inmoral”.
El sector minero debe abordarse de manera integral
Linares sostuvo que “este es un año electoral en Colombia, en el que las industrias extractivas son vistas en forma diametralmente opuesta por algunos candidatos presidenciales; con recientes decisiones de las altas cortes que generan dudas sobre la seguridad jurídica para las inversiones mineras; con un proceso de post-acuerdo con las FARC que está presentando retos importantes, mientras que otros grupos al margen de la ley siguen cometiendo atentados en varios lugares de la geografía nacional. Todo esto nos permite afirmar que se requiere de importantes decisiones de Estado para que la minería siga siendo un factor decisivo en el desarrollo económico y social de nuestro país”.
“El sector minero debe ser abordado en forma integral: el marco jurídico, el tema fiscal, el ambiental, el político, el social y el económico. Esta integralidad nos debe permitir analizar en forma objetiva y con el debido soporte técnico y regulatorio la realidad de la industria”, señaló.
Sostuvo que “como país tenemos un potencial incalculable de minerales y también una responsabilidad en la manera de aprovecharlos y utilizarlos para el desarrollo de las regiones y del país”.
Según fuentes oficiales, en los últimos 10 años las industrias de hidrocarburos, energía y minería, han representado en promedio un 9% del PIB, y el 63% de las exportaciones del país han provenido de estos sectores. A su vez, cerca del 46% de la inversión extranjera directa viene de estas industrias. Adicionalmente, el 25% de las finanzas públicas nacionales surgen del sector de hidrocarburos y minería. Por ello, el Estado no puede renunciar a desarrollar una industria extractiva responsable, en un país que tiene pobreza monetaria del 27,8%, que tiene una tasa de desempleo del 9% y una de subempleo subjetivo del 29,3%, y sobre todo no puede desechar una actividad que genera cerca de 350 mil empleos directos y 900 mil indirectos.