244 niños y niñas han muerto por desnutrición en La Guajira en cuatro años
Entre los años 2012 al 2016 fallecieron 244 niños y niñas por desnutrición y causas asociadas, según reporte del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE). La cifra fue dada a conocer durante la Audiencia realizada por la Defensoría del Pueblo en Riohacha, Guajira.
De igual manera, según el Boletín del Instituto Nacional de Salud (INS), en lo corrido del presente año (hasta el 24 de marzo) se han reportado 16 muertes con diagnóstico de desnutrición y otras causas asociadas.
Carlos Alfonso Negret Mosquera, Defensor del Pueblo pidió más acciones y resultados y menos promesas y palabras, durante la Audiencia donde se realizó el seguimiento interinstitucional al cumplimiento de los fallos judiciales y las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que están dirigidos a la superación de la grave crisis humanitaria por cuenta de la mortalidad infantil por desnutrición y sus causas asociadas en esta zona del país.
El seguimiento permanente que hace la Entidad sobre la realidad de la Guajira ha evidenciado el incumplimiento por parte de las autoridades que tienen a su cargo la responsabilidad constitucional de velar por la garantía de los derechos de los niños y niñas; las mujeres gestantes y lactantes, y las personas mayores.
“El Programa de Alimentación Escolar – PAE no funcionó. Le propongo al Gobierno que el PAE vuelva al ICBF, que sea una sola cabeza; porque cuando se dividen las responsabilidades las cosas no funcionan”, aseguró el Defensor Negret Mosquera.
Ante esta realidad, la Entidad ha venido alertando y advirtiendo la grave problemática de vulneración de derechos y ha formulado recomendaciones para las comunidades de los municipios de Riohacha, Manaure, Maicao y Uribia.
Sin avances
Los informes presentados por el Gobierno nacional no evidencian los avances en la cobertura del acceso al agua potable de la comunidad Wayúu. La Defensoría recibió información de que se han desarrollado proyectos en el marco de la Alianza por el agua y la vida, pero se desconocen cuántas personas efectivamente están accediendo a agua potable. Para la Entidad, esto es un abierto desconocimiento de las órdenes judiciales y la medida cautelar de la CIDH.
De igual manera, la Defensoría fue informada sobre la contaminación de acuíferos con compuestos de azufre. Sin embargo, no se han reportado las acciones o alternativas frente a esta situación para garantizar el acceso al agua potable.
En materia de seguridad alimentaria, para la Entidad es necesario que se formule un plan de acción a corto, mediano y largo plazo que garantice la disponibilidad de alimentos de calidad, el acceso y consumo.
En el abordaje del derecho a la salud se debe ir más allá del discurso ante la realidad encontrada por la Entidad. La cobertura de afiliación no ha logrado llegar al 100% de la población. Así mismo, la Defensoría encontró que no hay insumos para medir el acceso en condiciones de oportunidad y pertinencia a la población.
Para la Defensoría, el abordaje de la desnutrición debe estar con la mirada de la seguridad alimentaria y la salud pública del Departamento, para lograr identificar casos, disminuir y erradicar esta problemática en toda la población.
En la medida que no se cuente con sistemas de información articulados e intersectoriales, se dificulta la toma de decisiones oportunas por parte de las Entidades que intervienen y de la misma comunidad.