$808 mil millones de pesos anuales cuesta la no terminación de la Ruta del Sol –Tramo II
En una cifra que oscila entre 568 mil y 808 mil millones de pesos, calculó la Contraloría General de la República el impacto negativo que representa para el país cada año que pase sin que se termine la llamada Ruta del Sol –Tramo 2.
La primera cifra ($568.018 millones) resulta de analizar el efecto en el crecimiento económico (PIB), equivalente a $1.556 millones de pesos por día, a partir de la evaluación de la relación costo-beneficio, la estimación de la inversión y el avance de la obra.
Y la segunda ($808.500 millones), es la estimación del beneficio anual que pierde el país en las operaciones de comercio exterior (que serían $2.215 millones de pesos diarios).
En este caso, se parte de un supuesto incluso conservador, como es asumir que en los próximos años el desempeño del comercio exterior de Colombia sea similar al de 2016, y se tiene en cuenta el porcentaje de beneficio estimado para el comercio exterior y el avance del proyecto.
Para realizar estos cálculos, la Contraloría General de la República, a través de su Delegada de Infraestructura Física, Telecomunicaciones, Comercio Exterior y Desarrollo Regional, utilizó información pública disponible en estudios e informes realizados por entidades estatales con conocimiento del sector, así como información relacionada con la estructuración del proyecto, a partir del modelo de estructuración de la ANI.
Así mismo, para este estudio se trabajó con los documentos CONPES del proyecto Ruta del Sol 1, que fueron aprobados por parte del Gobierno Nacional.
Implicaciones sociales y económicas
Según el Contralor Edgardo Maya Villazón, la no terminación de las obras de infraestructura del proyecto Ruta del Sol 2, tiene enormes implicaciones sociales y económicas para Colombia y es un ejemplo palpable y vergonzoso de hasta qué punto la corrupción, a través de sobornos como se dio con el escándalo de Odebrercht, puede entorpecer el desarrollo del país.
“Estamos hablando de repercusiones cuantificables en términos de beneficios que dejan de ser percibidos dadas las dificultades que permanecen en la conectividad terrestre entre el interior y la Costa Caribe, y afectan sensiblemente la competitividad del país, el turismo, el relacionamiento entre importantes regiones, y la confianza de los inversionistas para participar en la ejecución de proyectos con capital privado”.